El actual director de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Luis Guillermo López Vargas, continúa en su puesto pese al acuerdo que tomó la Mesa de Diálogo para la Sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del 2017, la cual acordó removerlo y poner en su lugar a un actuario.
Esta conclusión se desprende de un informe de Auditoría Interna AI-2211-19 del 11 de setiembre del 2019, el cual señala que este, junto a 12 acuerdos más de un total de 34, se mantienen aún en “proceso”.
La recomendación de la Mesa de Diálogo fue que “se realicen las gestiones que correspondan para que se nombre como director de la Dirección Actuarial a un actuario, en virtud de que las funciones sustantivas corresponden a esa disciplina”.
Al mismo tiempo, entre las observaciones el informe señala que “la Auditoría Interna comprobó que el director de Actuarial no es actuario, y sobre el nombramiento del director de Actuarial y Económica según entrevista realizada el 18 de julio 2019, los asesores de la Gerencia de Pensiones Fabio Alpízar Benavides y Marianne Pérez Gómez, manifestaron que dicha recomendación corresponde a la Presidencia Ejecutiva”.
¿Por qué no se ha nombrado un actuario en el cargo? De acuerdo con el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, este acuerdo se encuentra “en proceso”, pues se está analizando la normativa interna de la institución a ver si se puede cumplir con la recomendación hecha por la Mesa de Diálogo.
“Hay derechos laborales que no están contemplados en este acuerdo y tenemos que valorar cómo es que vamos a poder cumplir con ese acuerdo de la Mesa de Diálogo”, señaló Macaya. Además, enfatizó que el último estudio actuarial (a diciembre del 2018) fue liderado por el actuario Ronald Cartín, quien en ese momento estaba en el cargo de director a.i.
“Creo que lo más importante de ese estudio actuarial es que genera una discusión sobre la sostenibilidad y si las decisiones se debieron haber tomado antes, etc., pero lo que nadie está cuestionando es el estudio en sí. Nadie ha cuestionado la metodología del estudio, la validez de las proyecciones y eso es un gran activo de confianza para Costa Rica. Este es el análisis actuarial de nuestro sistema de IVM y si hay confianza en los números, entonces podemos discutir cambios y posibles reformas y los impactos que puede tener sobre ese modelo”, señaló Macaya.
En el caso del último informe actuarial sobre el Seguro de Salud (2017), este fue elaborado por las actuarias Carolina González y Evelyn Guzmán; sin embargo, aparece como revisado por López Vargas, quien es economista de profesión y ha laborado como director de la Dirección Actuarial desde el año 2008.
Por su parte, el gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, asegura también que esta recomendación está en proceso y que tiene que ver con la reestructuración del nivel central de la institución.
“Ese es un tema que habíamos planteado a la Junta como una de las recomendaciones que nos da la mesa, y para nosotros —por estar dentro de la esfera pública— no es tan sencillo como en una empresa privada. En este momento estamos con un proceso de reestructuración del nivel central. Estamos indicándole a la Junta Directiva que el nivel de reestructuración evalúe la estructura de la dirección actuarial para ver si la Junta puede cumplir esa recomendación”, aseveró Barrantes.
“Si es que la Junta va a acoger estrictamente la recomendación tal y como lo plantea la Mesa de Diálogo, pues tendría que decir cuál es el camino, crear una Dirección Actuarial diferente, crear una plaza, etc. Es un asunto administrativo”, añadió.
De acuerdo con una consulta hecha por UNIVERSIDAD a la Fiscalía, el actual director de la Dirección Actuarial de la CCSS tiene abierta una causa por presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) indicó que la causa 12-000046-0615-PE se encuentra en investigación dentro de la etapa preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas, según el artículo 295 del Código Procesal Penal.
En el expediente figuran también como imputadas las personas con los siguientes apellidos: Guardia Rodríguez, Picado Chacón, Garro Herrera, Montoya Murillo, González Castillo, Vega Rojas, Hernández Chacón, Acuña Ulate, Quesada Martínez, Retana Mora, Ugarte Brenes, Doryan Garrón, Madrigal Mora, Chávez Muñoz y Trejos Lobo. A todos ya se les tomó la declaración indagatoria.
Todas estas personas ocupaban puestos en la función pública como funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); mientras que Chávez Muñoz y Trejos Lobo fungieron como directores de la Junta Directiva de la CCSS.
Esta acusación está relacionada con la denuncia presentada en el 2012 por el exempleado de la Caja y economista Daniel Muñoz, quien argumentó que la crisis de liquidez de la CCSS se debía a un “maquillaje” de cifras financieras entre el año 2008 y 2009, propiciadas por un aumento en el rubro de remuneraciones.
Otras recomendaciones
En noviembre del 2017, la Mesa de Diálogo para la Sostenibilidad deI IVM formuló 34 acuerdos, los cuales —sin ningún plazo establecido— deberían ser cumplidos por las autoridades de la CCSS. Esto luego de que en julio del 2018 la Junta Directiva aprobara la totalidad de las recomendaciones.
A la fecha, según el informe de Auditoría Interna AI-2211-19, de las 34 recomendaciones realizadas por la Mesa, 21 han sido cumplidas; es decir, un 62%.
Del total, el informe señala que de las 20 recomendaciones administrativas solo 5 quedan en proceso; de las 6 relacionadas con Presidencia Ejecutiva, 3 se encuentran en la misma situación. En cuanto a las 2 que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, ninguna ha sido cumplida; además, de los 4 cambios reglamentarios, 3 quedan pendientes.
“La mayoría de los compromisos de la Mesa de Diálogo del 2017 efectivamente han sido cumplidos. Algunos de esos acuerdos implican proyectos de ley que no han sido aprobados. Uno fue tomar recursos de Fodesaf, otro es tomar el 0,25% de recursos del Banco Popular. Eso requiere de leyes, entonces está más en el contexto legislativo y eso no se ha implementado.Uno de los compromisos importantes de los acuerdos era tener estudios actuariales frescos, actualizados y robustos en términos de metodología con la cual medir la sostenibilidad del IVM y poder tomar decisiones oportunas”, destacó Macaya.
En cuanto a los acuerdos pendientes, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, señaló que espera cumplirlos antes de que finalice el primer semestre. La idea es que incluso en la segunda parte del año, se inicie con las reuniones de una Mesa de Diálogo, que discuta los resultados que arrojó el último informe actuarial del IVM.
Último Estudio Actuarial IVM
El último Estudio Actuarial (a diciembre del 2018), realizado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, reveló que el “cociente de reserva” (gastos anuales que se tienen en reserva) presenta un comportamiento decreciente; pasará de su valor actual de 1,95 en el 2019 a 0,05 en el 2037. Después de ese año se agotará la reserva y el Régimen no podría hacerle frente al pago de beneficios.
Aunado a esto, la institución tendrá que utilizar intereses de las inversiones para hacer frente al pago de beneficios a partir del año 2021; esta utilización de intereses se extenderá hasta el año 2030. Posterior a ese año será necesario el uso de la reserva para cumplir con las obligaciones.