Plan para reducir gasto institucional lleva a directivos a recortar salario de tres altos asesores, aunque los diputados se habían adelantado a pedir explicaciones y señalar que podría tratarse de una "persecución laboral".
Los directivos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) ratificaron este miércoles la recalificación a la baja de tres asesores de alto nivel a pesar de la oposición del regulador general, Roberto Jiménez, y de la objeción que expresaron cinco diputados cuando el acuerdo aún no estaba en firme.
Con el propósito manifiesto de reducir el gasto institucional, tres profesionales asignados a las intendencias de transportes, agua y energía ganaban casi ¢4 millones y quedarían con un suelo cercano a la mitad de ese monto, como una de las medidas de los directivos por reducir el presupuesto institucional para el año 2021.
“Las plazas de ascensores no suman valor agregado al intendente quién es el experto en cada uno de los sectores regulados“, además de que al ser puestos de confianza no están sujetos a la inamovilidad, dice el acta 80 de la sesión del 22 de Setiembre de la junta directiva de Aresep, que quedó en firme hoy.
De poco sirvió la gestión que enviaron el 24 de setiembre (antes de que adquiriera firmeza el acuerdo) los liberacionistas Daniel Ulate y Roberto Thompson, los oficialistas Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza, además del socialcristiano Pedro Muñoz, quienes alegaron que podría tratarse de ‘persecución laboral’.
Los legisladores consideran que no hay justificación técnica para hacer esos recortes, a pesar del propósito de una parte de los directores de Aresep de reducir los gastos institucionales y propiciar una mayor uniformidad en relación con otras organizaciones.
“Un acuerdo de esa naturaleza requiere de una justificación técnica muy rigurosa que se hecha (sic) de menos en la motivación que sustenta esa decisión”, expresaron los legisladores al conocer el acta en que se aprobó la “Política presupuestaria para el 2020-2021 que será de acatamiento obligatorio para el Regulador General”.
“Requerimos todas la documentación técnica y legal que respalde el acuerdo (…) donde se demuestre que NO es una acción de persecución laboral”, finaliza el documento firmado el 24 de setiembre.
Consultado el diputado Thompson, aduce que solo firmó como una solicitud de información y no por un interés particular en los afectados, ante el pedido que le hicieron otros compañeros suyos diputados.
Ahora el Regulador tendrá cinco asesores con esa categoría más los tres profesionales que serán recalificados con nuevas condiciones, según el acuerdo aprobado con los votos de Ana Lorena León Marenco, Sonia Muñoz Tuk y Jorge Blanco Roldan, sin el apoyo del regulador general Jiménez.
El presupuesto fijado por la junta directiva para el año 2021 se reduce,¢2.300 millones en relación con el del 202o y quedará en ¢19,848 millones.
