La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó una denuncia penal contra ignorado ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por aparentes delitos en el contrato N° 2017CD-000010-1107 de implementación del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), firmado entre esa institución y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Así se lee en un documento, en poder de este Semanario, firmado por el subgerente y subdirector de la Dirección Jurídica de la CCSS, Gilberth Alfaro y Andrey Quesada.
En el escrito, los funcionarios de la Dirección Jurídica indicaron que el expediente de compra aparentemente se encuentra incompleto, y que además existe una falta de orden en la compra y su ejecución, así como de rigor en los controles.
En esa línea, por ejemplo, los abogados indicaron que el objeto original de dicha contratación fue para adquirir el servicio administrado de comunicación de datos para 29 centros hospitalarios; sin embargo, tras una revisión “la administración aportó un cuadro de vencimientos, que contempla otras áreas de salud que no corresponden a la contratación original”.
Además, dentro del procedimiento administrativo N°2017CD-000010-1107, se encuentra documentación relacionada con el Primer Nivel de Atención de Salud y otros documentos que parecen no corresponder a la contratación objeto de esta denuncia.
A estos señalamientos agregaron que en esa contratación administrativa se llevaron a cabo dos adendas; sin embargo, estos no se visualizan en el expediente, “siendo que, en apariencia, se manejaron en expedientes aparte o independientes, lo cual, merece valoración de si dicha situación podría constituir actos contrarios a los principios de la contratación administrativa, la probidad y transparencia”.
“Razón por la cual, se solicita que se inicie la investigación, pues en un contrato en donde se invierte una importante cantidad de fondos públicos, llama poderosamente la atención que no se cuente con controles rigurosos y trazabilidad de la información, por el contrario, la falta de rigor en controles y el aparente incumplimiento de procedimientos reglados, puede propiciar escenarios idóneos para favorecer conductas que contrario a derecho beneficien terceros, o bien se induzca a la Administración a pagar por servicios de inferior calidad o no recibidos”, se lee en el documento firmado por las autoridades de la Dirección Jurídica sobre el contrato firmado en 2017.
UNIVERSIDAD consultó a la Fiscalía sobre esta denuncia; sin embargo, al cierre de edición la consulta continuaba en trámite.
El pasado 6 de marzo, el mismo día en que vencía este compromiso, la Junta Directiva de la CCSS acordó instruir a la Gerencia General para que proceda con una contratación urgente que permita mantener los servicios que brinda el ICE para el EDUS.
De acuerdo con un comunicado de la CCSS, el máximo órgano tomó esta determinación tras analizar las valoraciones técnicas y legales con las diversas partes involucradas. Esto permitirá mantener el acceso a los servicios de salud a toda la población.
El órgano acordó instruir a la Gerencia General para que “… conforme al cronograma correspondiente, tramite de manera inmediata una Contratación de Urgencia con fundamento en la normativa de Contratación Pública vigente y de acuerdo con el procedimiento institucional para compra de urgencias, con el propósito de adquirir el servicio administrado de comunicación de datos, para 29 centros hospitalarios en aquellos servicios que cumplieron su plazo de vigencia para el servicio administrado previsto en el contrato 2017000119, producto de la contratación N° 2017CD-000010-1107”.
En marzo de 2023 la Junta Directiva de la Caja, de igual forma, -el mismo día en que vencía el contrato- acordó prolongar este con el ICE por un año adicional, reveló un Informe de Auditoría Interna.
Ese mismo informe dado a conocer recientemente señaló también debilidades en la gestión de los administradores del contrato para la implementación del EDUS en hospitales nacionales.
La contratación entre la Caja y el ICE comenzó en 2017, momento en el cual ambas partes acordaron un convenio valorado en $201 millones con una duración de cinco años inicialmente.
