Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico acordaron aprobar una excitativa para que el Gobierno declare como emergencia nacional la crisis de seguridad que enfrenta el país, en medio de la preocupación por el deterioro de la situación que se evidenció con el incidente en Tirrases, en el que un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue asesinado, mientras su compañero fue herido de gravedad.
Adicionalmente, se declaró privada la sesión que estaba programada con los jerarcas Mario Zamora de Seguridad Pública y Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), que fueron llamados luego de la publicación del artículo “Narcotráfico se afianza en Costa Rica”, el pasado 27 de setiembre por el diario mexicano El Universal.
La publicación del diario mexicano indicaba que según fuentes confidenciales, el gobierno de Chaves había decidido abrir negociaciones con redes mafiosas costarricenses ligadas a los carteles mexicanos de droga. Según el medio, “personajes claves de las estructuras de seguridad” del Gobierno ofrecieron a los cabecillas de organizaciones criminales que podrían seguir con sus actividades de narcotráfico, a cambio de reducir los niveles de violencia callejera.
La audiencia con los jerarcas se realizó luego de la fuerte discusión de los diputados sobre la moción para solicitar que la crisis de seguridad, que llevará a que este año se alcance la mayor cantidad de homicidios en la historia del país, sea declarada emergencia nacional. Esta solicitud que ya había externado la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista (PLP) fue retomada por los diputados Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional (PLN) y Horacio Acosta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Incluso la presidenta de la comisión Gloria Navas (Nueva República) declaró que se debía presentar una declaración de emergencia, desde que los diputados decidieron extender las condolencias a los familiares del agente asesinado. “Se necesita una reacción ya, la situación del país es gravísima y es evidente que con cinco proyectitos de ley no se va a resolver”, dijo.
El tema generó una extensa discusión, en la que diputados como Alejandra Larios del PLN y Gilberto Campos del PLP insistieron en que se debía pasar de los discursos a acciones que se concretaran en presupuestos y en una ruta clara, la que calificaron de inexistente.
“Es momento para decidir si Costa Rica quiere invertir en seguridad”, exclamó Campos, mientras Priscila Vindas, del Frente Amplio, resaltó que faltan acciones del Poder Ejecutivo en esta materia.
Sin embargo, la discusión de la excitativa para que el presidente Rodrigo Chaves declare la emergencia nacional enfrentó una polémica iniciada por Dinorah Barquero, del PLN, en el sentido de que ello podría malinterpretarse como una solicitud de un estado de Excepción. Esto fue refutado por Acosta y Campos, quienes alegaron que la declaratoria de emergencia se delimita a agilizar trámites administrativos de contratación.
Los diputados resolvieron aprobar la excitativa y trasladarla al Plenario, para procurar un mayor respaldo. A la vez, en la sesión votaron la ampliación del plazo de los proyectos que el Poder Ejecutivo solicitó aprobar como parte de una agenda legislativa en la materia.
