Los diputados de la comisión dictaminadora del expediente del expediente 20.580 (Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) aprobaron esta mañana una moción que limita la creación de gastos sin una fuente de financiamiento preestablecida, una idea que ya estaba plasmada en el proyecto 19.144 (de Responsabilidad Presupuestaria) que no avanzó como se esperaba en el Plenario Legislativo.
Específicamente, la moción pactó la prohibición de que la Asamblea Legislativa cree nuevas obligaciones financieras sin un refrendo de la Controlaría General de la República (CGR), una intención que el diputado frenteamplista, Edgardo Araya, calificó de “grave y muy arriesgada”.
La moción indicó directamente que “todo proyecto de ley que implique un incremento en el gasto o la adición de nuevas funciones a la administración pública deberá ir acompañado de una certificación emitida por la CGR”, de modo que quedara garantizada “la fuente de financiamiento a corto y largo plazo” de la obligación adquirida.
Según el diputado Araya, el problema es que entonces se limitan marcos de acción para aumentar la cobertura del Estado y sus responsabilidades, algo que incidiría en el reconocimiento de derechos a distintos sectores, como pudo ser en su momento la aprobación de la Reforma Procesal Laboral.
En esta línea, dijo que la propuesta pudo redactarse “de tal manera que no se amarrara así” al Estado, porque “la moción aprobada quiere meter a la Controlaría a legislar en el país” y “es inconstitucional”.
Por otro lado, el diputado libertario Otto Guevara celebró la iniciativa porque permitirá “amarrar a los diputados y al Poder Ejecutivo de aprobar nuevos gastos sin financiamiento”, algo que considera elemental para evitar que se siga gastando el dinero “a manos llenas”.
Así mismo, la liberacionista Paulina Ramírez indicó que la propuesta —impulsada por su persona a través del expediente 19.144— efectivamente fijó que “no podría terminar de aprobarse un proyecto hasta tanto no tenga la certificación”, aunque eso no implicaría “quitarle a los diputados la posibilidad e seguir avanzando” con sus iniciativas.
Para Araya, sin embargo, el tema es un asunto que debería entenderse como un tema de “responsabilidad política” y no como imposición, sin coartar la posibilidad de legislar en beneficio del pueblo representado en el campo parlamentario.
Según el frenteamplista, lo más probable es que la idea se caiga por motivos constitucionales, aunque no dejó de votar en contra la iniciativa las dos veces que fue votada en la comisión compuesta también por otros ocho candidatos.
