Una mayoría de los diputados dio segundo debate al proyecto 23.851, la modificación al impuesto de la renta para lograr sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea (UE), en medio de un intenso debate que se desvió de la urgencia de sacar al país del grupo de países no cooperantes en materia tributaria, para enzarzarse en una polémica sobre el uso del expediente para modificar la situación tributaria local.
Una alianza inusitada de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PSD) y el Frente Amplio (FA) realizó una ofensiva final para procurar devolver el proyecto al trámite de primer debate, pero la moción de orden fue derrotada por 32 votos a 16, en lo que se evidenció el bloque sin fisuras que se armó con el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (NR).
Esto se mantuvo en la votación final del segundo debate, en la que el bloque mayoritario de oposición alcanzó 29 votos, contra los mismos 16 del PSD y el FA, con el que la mayoría alegó que se eliminó la discrecionalidad y se mantuvo el modelo tributario territorial, pese a los reclamos oficialistas de que se elimina el cobro de impuestos a la renta extraterritorial de las grandes empresas, sin que fuera requisito para sacar a país de la lista gris.
No modificó la votación del primer debate los argumentos presentados por la diputada Pilar Cisneros del PSD, en el sentido de que mantener el proyecto implicaría perdonar $38 millones a las grandes empresas, además de que se perderían ₡10 mil millones cada año, por el concepto de rentas extraterritoriales de las grandes empresas.
Cisneros admitió que, en este debate, el Gobierno intentó usar la urgencia de sacar a Costa Rica de la lista gris, para impulsar un cambio a la renta global, una situación que no solicitó la UE. “Reconozco que el Gobierno intentó meter un gol, pero ahora el gol lo quiere meter los diputados que quieren aprovechar el proyecto para perdonar miles de millones de colones de impuestos a los bancos y las grandes empresas”, dijo la jefa de fracción del PSD.
Esto fue refutado por Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN. “No se está eliminando ningún impuesto; por lo tanto, no se puede hablar de cuánto se dejaría de cobrar, por un impuesto, que no se está cobrando”. Izquierdo manifestó que, en todo caso, estos temas se pueden discutir en una comisión para analizar los impuestos de la renta, y si corresponde pasar del esquema de impuestos territorial, para pasar a uno mundial.
Cisneros rebatió que existen resoluciones de la Sala Primera y Constitucional sobre la legalidad de este cobro, por lo que existe un impuesto que se está cobrando. A su vez, esto originó las nuevas réplicas de Alejandra Larios del PLN y Gilberto Campos del PLP, en el sentido de que los impuestos no se crean por jurisprudencia, sino por la Asamblea Legislativa.
En una dirección similar, Luis Fernando Mendoza del PLN insistió en que la decisión de los diputados fue eliminar la discrecionalidad en el cobro del impuesto de la renta, y reafirmar que el modelo tributario es territorial. Empero, Manuel Morales del PSD insistió en que el artículo 1 lo que permite es “regalar ₡21 mil millones a banqueros y empresas poderosas”, y Cisneros insistió en que, efectivamente, no se creaba un nuevo impuestos, pero si se creaba una exoneración tributaria millonaria, e insistió en que el tema se podría discutir en la comisión de renta propuesta por Izquierdo. “Seguimos tomando decisiones que recuden la carga a las grandes empresas y la deja sobre las personas con menos recursos”, dijo.
Por su parte, Jonathan Acuña, del FA, indicó que además de la certeza, la seguridad jurídica no implicaría inmovilidad de la situación. “Tenemos la posibilidad de modificar normativa, como la vinculada a los asuntos tributarios. Si el problema es que no hay norma que diga que rentas pasivas extraterritoriales están gravadas, tuvimos mociones para explicitar que esas rentas deben pagar impuestos”, dijo. “Es una decisión política, si rentas pasivas extraterritoriales deben pagar impuestos o no. Ambos casos, decidir que pagan o no, es una decisión que clarifica, podemos tomar cualquiera y eso da seguridad jurídica”, dijo.
Pero los dados estaban echados, aunque en la votación definitiva, alcanzaron menos votos que en el pulso por tratar de devolverlo a primer debate.
Empero, la votación también deja abierta la puerta de que el Gobierno utilice el recurso del veto al proyecto, como advirtió en esta semana el ministro de Hacienda Nogui Acosta, al indicar que “el Gobierno hará lo que sea más conveniente para el país”.
En ese caso, el tema del resello sería el siguiente gran interrogante. En principio, requeriría de 38 votos, que no alcanzó en su segundo debate, pero la cantidad depende de la presencia de los diputados.
