Una amplia mayoría de diputados decidió confiar en la solicitud del Poder Judicial y aprobó en primer debate el proyecto 23.090, la reforma a la jurisdicción del crimen organizado que recibió trámite de vía rápida.
Con 49 diputados a favor y únicamente dos en contra -Carolina Delgado y Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN)- el Plenario dio el aval al proyecto que moderniza la jurisdicción del crimen organizado, y que autoridades del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo consideraron una prioridad. Incluso el fiscal Carlo Díaz solicitó la vigencia de este expediente antes del 6 de junio, alegando que en caso contrario, no se podría extender la prisión preventiva a cabecillas de crimen detenidos, y deberían ser liberados.
Ahora el proyecto deberá recibir segundo debate la próxima semana, a menos que diez diputados firmen una consulta de constitucionalidad que impediría su vigencia antes del plazo señalado por Díaz.
Culminó así un proceso de vía rápida solicitado por el jefe de fracción del Frente Amplio (FA) Jonathan Acuña, al advertir que los plazos ordinarios no permitirían cumplir con la solicitud del fiscal. Sin embargo, la aprobación de la vía rápida en conjunto con el trámite abreviado para el proyecto 21.182 (reforma para jornadas laborales de 12 horas, una exigencia del Poder Ejecutivo), tuvo que superar 528 mociones presentadas mayoritariamente por Delgado.
El trámite por el fondo del proyecto estuvo marcado por dos posiciones opuestas. Por un lado, Delgado reivindicó su oposición al proyecto. “Este Plenario está a las puertas de tomar una decisión que, a pesar de ser mayoritaria, pone en riesgo nuestra seguridad jurídica, atenta contra los derechos humanos y se vuelve cómplice de situaciones que el Ministerio Público y la Fiscalía vienen cometiendo en la lucha contra el crimen organizado”, dijo.
La diputada insistió en que la reforma “no resuelve la derogatoria del artículo 2 de la ley contra la delincuencia”, la base de su oposición al proyecto, para calificarlo de ilegal. También insistió en que tanto el fiscal como la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, ejercieron violencia política en su contra al tratar de coaccionarla para que retirara sus mociones.
Por su parte, su compañero Danny Vargas consideró que el proyecto se inscribe dentro de la corriente de “derecho de emergencia”, como una tendencia antigarantista para enfrentar el aumento del crimen. “Su impacto lo veremos en un futuro cercano”, dijo.
Empero, los argumentos de ambos diputados no hicieron mella en el apoyo hermético del resto de los diputados, que sin embargo advirtieron que aprobaban el proyecto por una solicitud de autoridades del Poder Judicial.
“Este proyecto se originó en la Corte Suprema de Justicia, que puede tener sus falencias, pero es una columna de la democracia en Costa Rica”, dijo Navas, quien en los debates aseguró que los reclamos de Delgado no tenían asidero, por cuanto el artículo dos de la ley contra criminalidad organizada no había sido derogada por ningún acto. También rechazó que se hubiera aprobado la reforma a la carrera y sin el debido debate. “En la Comisión tuvimos una discusión, participaron gran cantidad de personas. Hubo dos que se acercaron solo para entorpecer, pero eso es la democracia”, dijo.
Otros diputados, como Francisco Nicolás del PLN, Priscila Vindas del FA y Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), resaltaron que el proyecto es una herramienta para enfrentar el crimen organizado, que fue solicitada por el Poder Judicial, y que corresponde a los diputados brindar esos instrumentos. “Estamos confiando en el criterio técnico de la Fiscalía y del Poder Judicial”, dijo Dengo.
Por su parte, Jonathan Acuña, del FA, también insistió en que a los diputados no les correspondía decidir si una ley es o no inconstitucional, y que esos aspectos se verían en instancias judiciales, pero también aprovechó para considerar que el proyecto estuvo en riesgo no solo ante el plazo del tiempo, sino ante la desconvocatoria que el Poder Ejecutivo hizo del expediente, y que solo volvió a convocar ante la presión de sectores preocupados por el aumento de la criminalidad.
También debe recordarse que la vía rápida del expediente 23.090 se convirtió en un- modelo para el trámite del proyecto 21.182 de jornadas de trabajo de doce horas, que a su vez enfrenta el proceso de 14 sesiones antes de pasar a la maratónica para votar las mociones sin discusión. El pacto para amarrar ambos proyectos en una vía rápida en paralelo fue calificado como “chantaje” por Acuña.
Empero, el trámite del proyecto 23.090 se convirtió en un ejercicio de resistencia del Plenario, ante el cual la diputada Delgado defendió y pidió revisiones para sus mociones, sin lograr en ningún caso más de uno o dos votos de apoyo. Ahora, entra a la recta final para procurar su avance definitivo.
