La Asamblea Legislativa dejó este viernes en firme una inyección de ¢6 mil millones que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) pague salarios y también indemnizaciones, en el marco de una transformación de los servicios que brinda en Limón.
Los votos fueron 39 a favor y 6 en contra; estos últimos fueron de la Unidad Social Cristiana (Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz, María Vita Monge); Restauración Nacional (Melvin Núñez); Republicano Social Cristiano (Otto Roberto Vargas) y el independiente Erick Rodríguez.
El presupuesto extraordinario fue consignado como un préstamo del Ministerio de Hacienda, que los mismos diputados tendrán que supervisar cuando Japdeva presente su plan de pagos del dinero.
El limonense y subjefe liberacionista, David Gourzong, fue el único diputado que habló en el plenario este viernes. En defensa de la institución pública, Gourzong acusó que tras el contrato de concesión a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) “se la ha intentado violentar con el interés de quitarle ese rol de autoridad portuaria”.
“Japdeva se vio afectada por un proyecto que hoy conocemos como la Terminal de Contenedores de APM Terminals bajo una concesión que ha sido nefasta por sus normas legales, decisiones adoptadas por el actual ministro de Obras Públicas y Transportes, obligando a la institución a trasladar toda la carga de contenedores a esa terminal, todo con el fin de satisfacer los compromisos financieros de APM Terminals”, afirmó Gourzong ante sus compañeros diputados.
“De ahí vino la decisión errónea y parcializada que emitió don Rodolfo Méndez Mata, como rector del sector, para darle la totalidad de la carga contabilizada a APM Terminals cuando lo que le correspondía a esa entidad era manejar los barcos contenedores full celular, establecida en la cláusula 9.1 de su contrato”, acusó Gourzong sobre la gestión de la concesión con la transnacional APM Terminals.
El diputado acusó a la TCM de altos costos y de no dar abasto con los contenedores comerciales.
El diputado también manifestó que no solo la empresa pública fue afectada, sino también la provincia de Limón.
“A los costarricenses que laboran en esa terminal (TCM) se le violentan las condiciones laborales porque se les paga diferente a lo que dicen los decretos de salarios mínimos del país. La transnacional aplica, a su criterio, el pago por jornadas laborales y no por la cantidad de unidades de contenedores que se movilizan. Los limonenses hemos tenido que pagar un alto costo en la dinámica comercial que perjudicó a Japdeva, pues se aumentó el desempleo, la pobreza, la informalidad, la delincuencia”, aseguró el liberacionista.
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La empresa tiene 108 buques confirmados para la temporada que llegarán entre el 12 de noviembre y el 3 de mayo. Los buques traerían un máximo de 1 200 tripulantes y 3 mil pasajeros que pasarían por 14 destinos de la zona caribeña: desde Pococí hasta Limón.
El legislador señaló “por la falta de visión y continuidad, y la provocación de ese debacle en la institución” a la administración del expresidente Luis Guillermo Solís Rivera; argumentó que se compraron equipos y grúas para Jadpeva que no aportaron a las finanzas de Japdeva y que además dejaron “un hueco en activos y finanzas”.
Según Gourzong, el gobierno de Solís Rivera usó de esta forma “¢15 mil millones que habían dejado el Gobierno liberacionista anterior para realizar el proceso de reestructuración” y que la institución aún no termina de concretar, mientras está paliando con la migración de miles de contenedores hacia la TCM de APM Terminals.
“No se preparó la institución (Japdeva) para establecer su nuevo rol en el proceso comercial costarricense”, afirmó Gourzong.
El limonense aseguró que Japdeva aportó, antes de la concesión, dinero para la construcción de caminos, diques y dragado de canales en Limón.
“Ha colaborado para garantizar el comercio internacional. Más del 80% de todas las importaciones y exportaciones han pasado por los muelles bajo su cargo. Incluso en momentos de emergencia o bajo circunstancias de distinta índole aportó recursos económicos para la atención de necesidades apremiantes en el país”, manifestó el liberacionista.
De los ¢6 mil millones, Japdeva tiene asignados un total de ¢4 mil millones para el pago de salarios y otros ¢2 mil específicamente para indemnizaciones de sus funcionarios, muchos de ellos ahora contratados en la TCM. Actualmente, Japdeva cuenta con 794 personas trabajadoras y debe pagar prestaciones a 190, de los cuales prescindirá. Antes de la concesión, el total de personas laborando eran 1.400.
La Comisión de Hacendarios revisará el plan de devolución de este préstamo, que originalmente se planteó como una inyección presupuestaria extraordinaria. Los diputados de esa comisión incluyeron las condiciones de préstamo para empujar a Japdeva a presentar un plan financiero que manifieste la transformación de los servicios portuarios que aún quedan bajo su cargo.
