Un grupo de 15 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) anunciaron una nueva denuncia por casos de corrupción, al asegurar que en la empresa Radiográfica de Costa Rica S. A. (RACSA) se documentaron situaciones muy similares a las que se están investigando en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), por lo que enviarán las relaciones de hechos a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría de la Ética.
Los diputados Francisco Nicolas del PLN y Ariel Robles del FA hicieron la denuncia en el espacio de control político, en el que indicaron que remitirán relaciones de hechos de situaciones anómalas con relación a las contrataciones en RACSA al fiscal general Carlo Díaz, a la contralora Marta Acosta y al procurador de la ética Armando López.
“Es el mismo modus operandi que encontramos en el SINART, tocan a ministerios y empresas para pedir una contratación, pero luego dan vuelta en U, y contratan a un grupo de personas escogidas a dedo. En SINART se habla de miles de colones, pero aquí hablamos de más de $30 millones que se destinaron a contrataciones”, dijo Nicolás.
El legislador liberacionista mencionó que en las relaciones de hechos se mencionan las actuaciones de al menos 15 personas y diez sociedades anónimas, incluyendo al gerente general de RACSA, Mauricio Barrantes, y otro personaje relevante en el caso del SINART, el asesor presidencial Federico Cruz, presidente del partido Aquí Costa Rica Manda. “Aquí sale también Federico Cruz, ese señor que parece anda con un canastito”, dijo.
Robles reforzó que en esta denuncia se identificaron elementos similares a los que se investigan en el caso SINART, se realizar contrataciones a diferentes entidades ministeriales, y luego se reasignan las contrataciones mediante una repartición a dedo. “Pareciera que la recetilla que aplicaron en SINART, es una recetilla de corrupción que podrían estar aplicando en otras instituciones, por eso es fundamental que se hable de estas situaciones”, expresó.
El diputado del FA también resaltó que consideran que se debe indagar al asesor presidencial Federico Cruz, “al que parece que le gusta mucho hacer negocios con el erario público”.
Según los diputados, existen al menos cuatro posibles direcciones a seguir en este caso: en primer lugar, más de 40 posibles contrataciones directas, en las que se pidió a instituciones que se les otorgara el servicio de desarrollo de un software o tecnologías de información, que luego se contrataron con otras empresas, asignadas directamente.
En segundo lugar, alrededor de 20 a 30 contratos con Oracle, para poder adjudicarle directamente sus servicios.
Una tercer línea de investigación es el tema de las tobilleras, que el Ministerio de Justicia adjudicó a $5,99 por persona sentenciada, pero que se podrían estar adjudicando a su vez a la CNE por un precio de $9,51 por persona sentenciada.
La cuarta dirección se relacionaría con el desarrollo de servicios de comunicación móvil de quinta generación (5G), por la contratación directa al consorcio Datasys.
Nicolás aseguró que procurará reuniones personales con Acosta, Díaz y López para poder exponer estas situaciones de manera directa.
