Diputados avanzan con proyecto de ley para regular el teletrabajo

El proyecto pretende fomentar la aplicación del trabajo a distancia a través de reglas formales, con el objetivo de impactar a las poblaciones más vulnerables y reducir las emisiones de carbono.

La iniciativa de ley que pretende regular el teletrabajo en empresas e instituciones públicas y privadas camina en el Congreso. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminaron esta tarde el expediente 21.141, el cual ahora será consultado a varias instituciones y luego continuará su paso hacia el Plenario legislativo.

El texto fue votado favorablemente de forma unánime por los diputados de la comisión, quienes destacaron el impacto positivo que tendría el proyecto para modernizar las relaciones laborales actuales.

Así lo señaló, por ejemplo, el diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien además enfatizó el valor del proyecto en materia de desempleo.

“A mí me parece que este proyecto debe de servirnos que como Asamblea Legislativa debemos generar formas novedosas y creativas que ya han sido puestas en práctica con éxito por muchas empresas y algunas instituciones y que permiten no solo brindar el servicio, sino que se haga en una forma que permita flexibilizar las oportunidades de hacerlo”, subrayó.

Al respecto también se refirió la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien agregó su satisfacción por el impulso que buscará dar el texto de esta materia en poblaciones más vulnerables, como las personas con responsabilidades de cuido.

La oficialista además destacó que este proyecto saldaría una “deuda histórica”, pues “esta modalidad debió haberse empezado a ejercer en el país hace mucho tiempo”.

“Es destacable que esta oferta de teletrabajo se oriente a personas en condición de vulnerabilidad social o con responsabilidades de cuido porque un gran porcentaje del desempleo en Costa Rica tiene que ver con estos factores (…) Y el otro tema, es el aporte que el teletrabajo puede hacer para la reducción de emisiones, un aire más limpio y una mejor calidad de vida, como lo estipula la propia Constitución Política”, agregó.

A las palabras de Vega se sumaron las del también oficialista Ramón Carranza, quien agregó el valor de este trabajo para personas con necesidades especiales.

Otro que habló en favor de la iniciativa fue el liberacionista Daniel Ulate, quien reconoció el trabajo del Ministerio de Trabajo y de los asesores que los desarrollaron para “regular algo que ya se está dando y se viene manifestando, pero que carece de seguridad jurídica para las personas involucradas”.

Por último, el presidente de la comisión, el cartaginés Pablo Heriberto Abaraca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), puntualizó que el texto ha sido “un ejercicio genuino de construcción entre partidos”, que en las próximas semanas deberá pasar a su etapa de mociones en el Plenario legislativo y, más tarde, a su votación final.

Este avance lo destacó la liberacionista Karine Niño, quien subrayó que el espíritu de trabajo del grupo de nueve congresistas del foro legislativo que trabajó el proyecto. En esa línea, además, pidió al Ejecutivo aprovechar las condiciones descritas, en un contexto legislativo que busca incentivas acciones para dinamizar la economía.

¿Qué dice el texto?

El proyecto de ley busca regular e impulsar las relaciones de trabajo a distancia. Estas relaciones tendrían un carácter voluntario, tanto para las empresas como para los empleados de las mismas, y se normarían  a través de contratos o adendas particulares.

El texto busca regular además las condiciones en las cuales se otorgan estos beneficios, los cuales podrían acordarse desde un inicio de la relación laboral o más adelante.

Para su revocatoria, el proyecto plantea que se requeriría de un preaviso de 30 días naturales, “siempre y cuando sea justificado”; mientras que se podrían anular por completo las relaciones laborales si el teletrabajo era base fundamental de las mismas y se establecieron desde su inicio.

El proyecto además pide que la modalidad deba ser impulsada por la administración pública, especialmente para promover el desarrollo social de las regiones, para generar alianzas público-privadas y para apoyar a las poblaciones más vulnerables.

Además, se establece el otorgamiento de un reconocimiento gubernamental a las entidades que apliquen la normativa para mejorar la movilidad urbana y promover el desarrollo sostenible; sin embargo, sus detalles se reservan al reglamento de ley.

Por último, el texto señala que el teletrabajo no afectará la relación laboral más allá de la forma en que se desarrollan los trabajos, y añade que también podría modificar el horario de las gestiones, siempre y cuando sea por mutuo acuerdo.

Asimismo, el texto amplía el concepto de “riesgos de trabajo” de modo que no se desproteja a los  trabajadores en su nuevo tipo de funciones.

Ahora el texto pasará a consulta de varias instituciones y, una vez superada esta etapa, continuará su trámite de cambios y revisiones en el Plenario legislativo.


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