Al filo de aprobar un proyecto que pretende extender las jornadas reducidas para negocios turísticos, los diputados aprobaron incluir bajo esta misma sombrilla a dos sectores nuevos: los autobuseros y los trabajadores de “actividades artísticas, culturales y de entretenimiento”. El plan habilita, por un año más, a los negocios para que apliquen reducciones de jornadas a los trabajadores; de esta manera, los privados pagan menos por sus planillas.
La modificación ingresó al primer debate del expediente 22.405 vía una moción de fondo. El documento fue firmado por diputados de Liberación Nacional (la subjefa Karine Niño y Roberto Thompson) y la Unidad Socialcristiana (el jefe Rodolfo Peña; María Inés Solís y Pedro Muñoz).
La diputada oficialista Paola Vega denunció que los diputados continúan “dándole beneficios” al sector autobusero que “lleva años incumpliendo la ley, el sector autobusero que se niega hacer algo tan simple como el cobro electrónico para que no podamos darle trazabilidad a las ganancias y el sector autobusero que es financista de campañas de partidos políticos como los que tengo aquí al frente”. La diputada del PAC fue una de tres diputados que votaron en contra del proyecto de ley (junto con el independiente Dragos Dolanescu y José María Villalta del Frente Amplio),
El plan dictaminado en la Comisión de Trabajo, más bien, eliminó la cobertura para actividades artísticas y de entretenimiento. Esta exclusión fue solicitada por la ministra de Trabajo, Silvia Lara, el pasado 16 de marzo. En la misma sesión, su criterio también fue apoyado por el viceministro Ricardo Marín.
Vega dio cuenta en el plenario de que los diputados tramitaron este proyecto “sin datos ni sustento técnico” sobre la aplicación de las reducciones de jornadas.
“No son chunches, son personas. La responsabilidad que tenemos para estar aquí, ganándonos lo que nos ganamos, son las personas. no solamente las personas de billeteras gruesas”, afirmó Vega.
Tanto Vega como el frenteamplista José María Villalta acusaron al Ministerio de Trabajo por la ausencia de la inspección en la aplicación de medidas durante la pandemia por COVID-19.
Vega calificó la labor del Ministerio como “omisa y negligente”. Y acusó que el proyecto se “metió a golpe de tambor”.
Por su parte, Villalta afirmó que “No hay una fiscalización específica del cumplimiento de esta legislación, sino que se deja por la libre, a la buena fe y solo interviene el Ministerio de Trabajo cuando hay una denuncia”. Este dato fue corroborado el 16 de marzo por la ministra Silvia Lara y el viceministro Ricardo Marín.
Diputados ampliarán reducciones de jornadas para restaurantes, bares, hoteles y otros negocios turísticos
Viceministro de Trabajo sobre ausencia de inspecciones sin denuncias: “El Ministerio de Trabajo se está basando en la buena fe de los empleadores. No hay una fórmula para que nosotros, de oficio, podamos atender solo en reducción de jornadas las 8.582 solicitudes”
Villalta logró la aprobación de una moción para que “se realice una inspección de oficio al centro de trabajo” que acoja la reducción de jornadas. Aunque acusó que la inspección laboral del país “es de mentirillas, no es eficaz ni oportuna”.
El diputado del Frente Amplio pidió, asimismo, pidió que se defina una “compensación” para los trabajadores que tengan ingresos reducidos (esta vía eran los bonos Proteger, un programa que se dejó de emitir y, más bien, atraviesa cuestionamientos sobre la administración de datos de los beneficiarios).
Vilalta dijo que cuenta con el apoyo de la liberacionista Karine Niño y la socialcristiana María Inés Solís para blindar la aplicación de la suspensión de contratos de trabajo que, también, podrían estar aplicando las empresas por tiempo “indefinido”.
