En razón de la crisis económica por la atención al COVID-19, los autobuseros recibirán “una rebaja de veinticinco por ciento (25 %) sobre el monto del canon de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) establecido para el año 2020”. La decisión fue votada en primer debate por 39 legisladores y obtuvo tres votos en contra (David Gourzong de Liberación Nacional; Paola Vega del PAC y José María Villalta del Frente Amplio).
Además del descuento, la Aresep estará obligada a “suspender” el cobro del monto restante siempre que los transportistas “cancelen al menos el 25% del monto del canon (correspondiente), sin multas ni intereses adeudado al 31 de diciembre del 2020”. Asimismo, los negocios de transporte podrán pagar la cuota para financiar los servicios de Aresep con un “pago diferido de los montos remanentes del canon 2020”.
Esos pagos diferidos “no estarán sujetos al pago de intereses ni multas”.
“Tampoco estará sujeta a ese pago la mora sobre tractos del canon del año 2020 pendientes de pago que hayan sido dispuestos por Aresep en fechas distintas a las establecidas en este artículo”, dice la propuesta.
Tras su aprobación, la práctica también podrá extenderse para el pago del canon del 2021.
“Esta suspensión del canon de regulación y la autorización para el pago diferido deberá igualmente aplicarse para el período 2021, en caso de que se mantengan las condiciones de declaratoria de emergencia sanitaria a raíz del COVID 19. En este caso, regirá un plazo de doce meses para diferir el pago, a partir del primero de enero del 2022”, dice el proyecto de ley.
Aresep advirtió que estas disposiciones provocarían problemas financieros para el funcionamiento de la entidad.
Aresep se opone a proyecto de ley para disminuir pago de canon a buses regulares
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos asegura que, de aprobarse la propuesta, se dejarían de recibir más de mil millones de colones.
Afirman que no beneficia a usuarios
El frenteamplista José María Villalta afirmó que la Asamblea tramitó, anteriormente, una condonación del 50% del pago del canon y lo llamó “un beneficio adicional para el mismo gremio que ha demostrado tener capacidad de incidencia sobre la Asamblea Legislativa”.
“Los que siempre pierden son los usuarios del servicio, queda esa sensación en esta discusión entre Aresep y autobuseros. Por las restricciones sanitarias se redujo la cantidad de viajes que deben hacer los autobuseros. Extrañamente, no se redujo el aforo de las unidades”, afirmó Villalta, quien también llamó “nefasto” al proyecto.
El diputado acusó que, ahora, los pasajeros viajan “hacinados” en los autobuses y reclamó que la Aresep tiene “poca incidencia en lo que afecta a las personas usuarias” y “en las medidas para hacer mejorar la calidad del servicio público”.
También en contra del plan, la oficialista Paola Vega reclamó a los diputados que sus decisiones descuidan la cobertura de beneficios y exoneraciones a otros sectores vulnerados y preguntó “hasta cuándo vamos a seguir flexibilizando estos temas y cuándo vamos a nivelar la cancha de sectores”.
“Mientras avanzan proyectos para exonerar a turistas de amplias billeteras, no avanzaron proyectos para negociar el tema de alquiler que beneficiaba a los arrendatarios con problemas para pagar el alquiler. Mientras avanzan proyectos para poner en pausa las obligaciones de grandes contribuyentes, no avanzan proyectos que tienen que ver con la gente de clase media, media baja o gente más pobre para estas obligaciones que en pandemia se han visto exacerbadas. No avanzan proyectos para facilitar temas de medicamentos y demás. Esta Asamblea Legislativa debería procurar un equilibrio más justo, un balance un poco más inclusivo de todas las partes y sectores de la sociedad que necesitan algún tipo de palmada por el tema del Covid-19”, reclamó Vega.
A favor del proyecto, hablaron el socialcristiano Erwen Masís; la subjefa liberacionista Karine Niño y el oficialista Luis Ramón Carranza. Este último explicó que los alcances del proyecto solían ser más grandes, puesto que el mismo propuso regular tarifas eléctricas pero ese contenido se dejó atrás para “discutir únicamente la atención de los propietarios de autobuses”.
“(Mi proyecto) pretendía una defensa de la institucionalidad y apoyar a los transportistas, cuando hablamos de transportistas son los empresarios más pequeños que son quienes claman la ayuda como Coopatrac en San Carlos (…) Lamentablemente, también se beneficia a los grandes que estaban esperando que quebraran los pequeños para dejarse muchas de esas concesiones”, afirmó Carranza.
