42 diputados aprobaron esta tarde en primer debate la creación de la Academia Nacional de Policía (expediente 20.303), que cumplirá con la capacitación, la especialización y la investigación educativa formal del país en materia de seguridad.
Sólo la frenteamplista Ligia Fallas se opuso a la iniciativa, que establece la institución de la academia como una dirección adjunta del Ministerio de Seguridad Pública, capaz de otorgar grados académicos (diplomados, bachilleratos, licenciaturas y postgrados).
El documento además detalla que los planes de estudios “tendrán carácter profesional y permanente, bajo la premisa de una orientación civilista, democrática y defensora de los derechos humanos”; y que la institución estará facultada para colaborar con instituciones públicas y privadas, incluso vendiéndole servicios de formación, capacitación o especialización.
Además, el instrumento detalla que los mecanismos de instrucción “no tendrán carácter militar”, al tiempo que deberán ser “reconocidos y acreditados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
El MEP será parte del Consejo de la nueva institución a través de su jerarca, junto con el ministro y el director de Recursos Humanos de Seguridad, el director general de la Academia, y los principales jerarcas de los cuerpos policiales.
El nuevo organismo además tendrá la potestad de autorizar y supervisar las instancias públicas o privadas que impartan los cursos en materia de seguridad, como los que requiere el sector privado.
En materia presupuestaria, el proyecto indica que la Academia contaría con un programa presupuestario propio dentro de Seguridad, por lo que no implicaría nuevas inversiones.
Instructores
En materia de instructores, el proyecto aprobado estipula serán policías “seleccionados con base en su experiencia profesional operativa, capacitación, méritos y aptitudes pedagógicas”, para lo que la Academia contará con las plazas necesarias, aunque deberán ser autorizadas por Hacienda.
Así mismo, la ahora ley establece podrán contratarse “profesionales para impartir cursos cuyo nivel de especialización así lo requieran”, contra “la solicitud del director general” de la institución.
Todos además podrán recibir alimentación y hospedaje cuando “por la índole de sus funciones deban desplazarse a las diferentes sedes”, algo extensible a “los instructores no policiales que esta (la academia) requiera para el desarrollo de sus actividades académicas”.
Para cumplir con sus funciones, el proyecto establece al menos tres sedes de la actual Escuela Nacional de Policía, incluida la donada por China en Pococí, la sede central y el Centro de Formación Policial Murciélago.
