En forma unánime, 45 diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 21.434, denominado “Ley de trabajador independiente”, con el que se reduce de diez a cuatro años el máximo de cuotas que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puede cobrar a los trabajadores independientes que busquen regularizar su relación con la entidad, y con el que se busca aumentar la formalidad en el país.
El primer debate del proyecto presentado por Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la anterior Asamblea, se presentó el 12 de diciembre del 2022, pero se detuvo el trámite a la espera de una consulta de constitucionalidad. Hoy se leyó el voto de la Sala IV, en el que cuatro de los siete magistrados avalaron la legalidad de la propuesta, lo que dio el paso definitivo a su aprobación final.
“Pretendemos apoyar a más de un millón de trabajadores independientes, hoy en la informalidad, sin acceso a seguros de salud y una pensión digna, pero también ayuda a la CCSS, para que tenga más recursos frescos” declaró el diputado Alejandro Pacheco, del PUSC.
Por su parte, Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP) afirmó que posiblemente se trataba del proyecto más importante del primer año de este Congreso. “Es abrirle la puerta a más de 900 mil personas para que puedan formalizar su situación con la CCSS”, dijo.
También Fabricio Alvarado, de Nueva República, afirmó que el proyecto es mucho más que reducir las deudas que se pueden cobrar a los trabajadores independientes. “Este proyecto salda una deuda histórica, de acceso al derecho a la salud de los trabajadores independientes”, dijo.
Por su parte, Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), explicó la motivación de su bancada para votar en favor del proyecto. “Resaltamos que el plazo de prescripción no aplica para personas que presenten declaraciones fraudulentas, y que es un proyecto específicamente para las personas trabajadoras independientes, no aplica para patronos, porque hay una situación diferente, porque el trabajador independiente paga su aseguramiento, mientras que en el caso de los patronos, si no han pagado su deuda con la CCSS, le están robando a sus trabajadores, a los que deben rebajar las cargas”,
Otro elemento que se derivó de este tema fue el aval que los magistrados dieron al proyecto. Para Dengo, se trató de “una sorpresa”, por considerar que se varió una línea de pensamiento estatista. “La Sala IV dijo que la CCSS, y podemos interpretar que en cualquier otra institución autónoma, no tiene una autonomía irrestricta, no es una isla aislada, no pueden inventar el derecho de fondo”, manifestó.
Empero, Acuña afirmó que hay que tener cuidado con las interpretaciones en esta materia. “La consulta de constitucionalidad se justificó, no era una discusión fácilmente zanjable, de los siete magistrados cuatro aprobaron, dos salvaron el voto y uno hizo un voto particular… el voto dijo que la prescripción no era parte del núcleo específico de la autonomía, pero que no se generen interpretaciones de que ese núcleo no existe”, dijo.
