El proyecto de Ley de Autorización para el Patrocinio de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Deporte y Creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento ( expediente 21.745) pasará al plenario pese al criterio de entidades que piden que el derecho a la salud no se mezcle con publicidad o incentivos al consumo de bebidas alcohólicas.
El proyecto arrastra criterios negativos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA); el Centro de Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Tanto IAFA como UNICEF advierten que no hay forma de asegurar que las personas menores de edad no estén expuestas a la promoción del alcohol durante actividades deportivas. El CIEM liga el consumo de alcohol a incidentes de violencia contra las mujeres.
Unicef asegura que el contexto promocional “claramente lo que se busca es incrementar las ventas y los rendimientos de las empresas que lo comercializan (el alcohol)”.
Una opinión de la Asociación Costa Rica Saludable, enviada a medios de comunicación, asegura que el “proyecto de Ley que no tiene otra justificación que aumentar el consumo de licor, pues si no fuera así, no habría interés de patrocinio. El mismo va en contra del avance en materia de salud pública y en detrimento de la calidad de vida de los costarricenses”.
“Ya hay una decisión mayoritaria, de la Asamblea, que yo creo que ha privado, en el entendido de que para muchos de nosotros, no necesariamente el patrocinio va vinculado con el aumento del consumo. De nuevo, es un tema discutible y yo entiendo. Pero eso es lo que hemos considerado la mayoría. Ahora el proyecto va a primer debate en el plenario y habrá oportunidad de valorarlo”, explicó el diputado Roberto Thompson, uno de los proponentes de la iniciativa.
“Sí siento que hay una mayoría de diputados y diputadas a favor del proyecto. Esto permitirá ingresar recursos frescos a los Clubes Deportivos como ocurre en otros países. Además, crear el Fondo Nacional permite financiar parcialmente temas de educación en temas de consumo que, también, hay un porcentaje, aunque sea pequeño, dedicado a eso”, afirmó Thompson.
La propuesta es que el Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) administre el Fondo Nacional para el Financiamiento de los Deportes de Alto Rendimiento. Justamente, esa bolsa de dinero se llenaría con un impuesto del 8% a las transacciones de los patrocinios y publicidad.
Un 1% está destinado a que el ICODER coordine un plan de prevención de violencia intrafamiliar con el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam). Un 5% es para el Comité Olímpico de Costa Rica, de uso discresional. Lo mismo con un 1% para los comités cantonales de deporte y un último 1% para el Comité Paraolímpico Nacional.
El proyecto autoriza “publicidad de bebidas con contenido alcohólico en todo tipo de deporte”, con servicios a “toda organización, entidad o persona dedicada a la práctica del deporte a través de la figura del patrocinio deportivo”.
Los métodos de promoción incluyen “vallas publicitarias en los estadios y gimnasios, rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación, comité olímpico, liga deportiva o comité cantonal de deportes”.
¿Con cuáles criterios en contra cuentan los diputados?
IAFA
“El Estado debe velar por la salud de su población, lo cual no es compatible con que el propio Estado permita el patrocinio en actividades deportivas, ya que estaría incumpliendo con su deber, además con su planteamiento no hay garantía que las Personas Menores de Edad (PME) no sean destinatarias de la publicidad comercial, por el contrario el permitir una reforma de este tipo, sería exponer de manera constante a las PME a publicidad de bebidas con contenido alcohólico (…) No existe ningún tipo de respaldo científico ni de otro tipo, sobre las afirmaciones que realizan los proponentes, solamente se limitan a realizar aseveraciones sin tan siquiera dar datos o información certera sobre la cantidad de deportistas de alto rendimiento del país que necesitan recursos y tampoco por qué no son financiados por el ICODER, pese a contar con recursos para ello”.
CIEM de la UCR
“(…) sí se ha identificado que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de que un hombre agresor actúe violentamente y hasta que cometa un femicidio. Opinamos entonces que tanto por las implicaciones del alcohol en la salud de las personas que lo consumen, como por el riesgo aumentado de violencia para las mujeres que se relacionan con dichas personas, no es pertinente aumentar los espacios de publicidad de las bebidas alcohólicas, especialmente en espacios como los deportes, que son una actividad de promoción de la salud pública”.
UNICEF
“Si bien es cierto, es importante contar con recursos para financiar las actividades deportivas de alto rendimiento, se considera extremadamente riesgoso, que como medio para la generación de ingresos, se expongan a niñas, niños y adolescentes a nueva propaganda que haga ver el consumo del alcohol como una actividad recomendable.
La exposición masiva de los mensajes, tanto en el contexto de las actividades deportivas, como en cualquier otro contexto, de mediano y largo plazo, podría tener un efecto en los comportamientos de las personas en donde claramente lo que se busca es incrementar las ventas y los rendimientos de las empresas que lo comercializan”.
Otra iniciativa con el mismo objetivo
El expediente 21.745 es el segundo proyecto de ley tramitado por la Asamblea Legislativa para extraer recursos de la publicidad del alcohol recreativo para financiamiento de programas deportivos. El primero, promovido por el socialcristiano Erwen Masís (21.663), fue frenado por una consulta constitucional, en mayo. La Sala IV resolvió que los diputados crearon un vicio de procedimiento porque apresuraron su votación en plenario, sin analizar el informe de la comisión legislativa que existía.
“Por la indebida aplicación del trámite de dispensa cuando el proyecto de ley ya contaba con el correspondiente informe de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, lesionándose con ello los principios de regularidad parlamentaria, inderogabilidad singular del reglamento y publicidad”, dice el razonamiento, cuya versión completa todavía no se lee en el plenario legislativo.
