El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes apresurar el trámite de un proyecto de ley que elimina la restricción vehicular en emergencia nacional, tal y como fue creada por los diputados en abril del 2020. Se trata del expediente 22.813, presentado por el diputado independiente de Nueva República, Harllan Hoepelman.
En el plenario, la dispensa de trámite de dicho proyecto fue votada a favor por 35 legisladores de oposición y siete diputados, de los cuales seis fueron del Partido Acción Ciudadana (PAC). Uno de los votos negativos cambió su posición antes de desplegar los resultados en pantalla.
Hace casi dos años, el legislativo tramitó una potestad para el que Poder Ejecutivo pudiera “establecer, en todas las vías públicas nacionales o cantonales del territorio nacional, restricciones a la circulación vehicular por razones de emergencia nacional decretada previamente”. El decreto de la emergencia por COVID-19 está vigente desde el 16 de marzo del 2020.
La iniciativa de ley de ese año estableció una multa “Al conductor que circule un vehículo en las vías y durante los días o las horas” de la restricción vehicular sanitaria. El monto para este año incrementó a ¢112 mil (en el 2020, la sanción era de ¢107 mil).
El dinero de dichas sanciones, según estableció la Asamblea Legislativa, tenía un uso específico “para financiar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)”.
“Esta disposición tendrá efectos desde que se decrete la emergencia nacional hasta el levantamiento de esta”, dispusieron los diputados.
De aprobarse el proyecto de ley 22.813, se eliminará la potestad del Ejecutivo de establecer la restricción vehicular frente a la declaratoria de cualquier emergencia nacional; así como el artículo de la sanción y, también, el artículo que gira los recursos a la CCSS.
De acuerdo con el proyecto de Hoepelman, presentado durante una baja considerable de los casos por COVID-19 durante noviembre del 2021, “Costa Rica ha logrado controlar la tasa de transmisión de la enfermedad, lo que la hace capaz de relajar las medidas, reabrir la economía y retomar la presencialidad, lo que permitirá una recuperación económica vigorosa y más rápida”.
“La derogatoria de la restricción vehicular sanitaria se propone como una medida directa de reactivación económica, ya que el avance en la vacunación se correlaciona con mayor movilidad y por tanto una menor restricción a la actividad económica, beneficiando a los comercios y, en consecuencia, generar ingresos frescos a las arcas del gobierno, que por estas medidas restrictivas han afectado en materia fiscal al Estado obligándolo a buscar fuentes de financiamiento a través de más deuda para hacerle frente a los gastos ineludibles”, asegura el mismo proyecto de ley.
En octubre del 2020, las disposiciones de la restricción vehicular fueron modificadas para que los conductores no perdieran sus placas ni puntos de licencia por irrespetar restricción vehicular de la emergencia pandémica.
