Los diputados quieren ir paso a paso con el proyecto de eurobonos que impulsa el Gobierno. Se rehúsan a dar la autorización solicitada por el Ejecutivo para buscar $6.000 millones de financiamiento en el exterior durante los próximos seis años, y más bien piensan reducir ese permiso a $1.500 millones para el plazo máximo de un año.
Después verán si dan un nuevo permiso, pero por ahora solo quieren dar un primer paso.
Así lo señalan los principales partidos de oposición, cuyos jefes aseguran que primero quieren ver señales positivas del Ejecutivo en la contención del gasto y la reorganización institucional.
Los congresistas aseguran que no quieren tirar otro salvavidas al océano sin un compromiso del Gobierno, para que esta vez sea el definitivo. Este discurso lo repiten incluso a pesar de que las intenciones del Gobierno son apoyadas por las cámaras empresariales y por los principales bancos nacionales, estatales y privados.
La intención del Gobierno era pedir al Congreso un permiso para reducir su endeudamiento interno y cambiarlo por deuda externa en los próximos seis años, con un monto máximo de $6.000 millones y con topes de $1.500 millones para los primeros dos años.
Con esta medida, Hacienda buscaría reducir las presiones en la economía nacional, donde el alto endeudamiento estatal no deja de presionar las tasas de interés y de limitar la liquidez de los mercados locales.
Las autoridades indican que esto es una medida de contingencia, pues la reforma fiscal apenas estará dando resultados parciales en los próximos tres o cuatro años y el Estado seguirá necesitando recursos de otros sitios.
No obstante, los diputados ahora quieren dar al Gobierno únicamente el primer tracto que solicitan, para finalizar este año e iniciar el que viene, producto de una desconfianza que no ocultan en las medidas económicas del Ejecutivo.
Los diputados aseguran que buscan evitar que el permiso sirva como “un cheque en blanco” para las autoridades del Gobierno, por lo que quieren asegurarse de que cada tracto sea necesario y de que se utilice solo para mejorar los plazos y las condiciones de los créditos nacionales. Esto, afirman, lo analizarán paso a paso y no en un solo paquete de $6.000 millones, como pide el Gobierno.
Así las cosas, si el Gobierno quiere continuar con su proyecto de $6.000 millones, tendría que solicitar permisos separados cada año al Legislativo, un convulso escenario de negociaciones si se toma en cuenta que cada aprobación de endeudamiento externo requiere del apoyo de 38 congresistas.
No obstante, ese es el control que ahora quieren los diputados, muy diferente al que se utilizó cuando se dio permiso a la administración de Laura Chinchilla para emitir $4.000 millones en eurobonos, con un lapso de diez años, que finalmente se agotó antes (en 2014).
El tiempo corre
La posición mayoritaria de los diputados de recortar el monto y los plazos solicitados por el Ejecutivo cayeron como un balde de agua fría sobre las intenciones del Ministerio de Hacienda.
“$1.500 millones es un monto muy pequeño que no nos va a dar la oportunidad de hacer la transformación fiscal que necesitamos”, avisó el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien apenas el miércoles de la semana pasada ya estaba enterado de las intenciones legislativas.
Acosta visitó ese día la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso para referirse al proyecto que busca regular las plataformas electrónicas de transporte público; sin embargo, es cuestión de semanas para que deba hacer lo propio con el proyecto de eurobonos.
Tanto Acosta, como la propia ministra Rocío Aguilar, aseguran que el permiso debe ser de $6.000 millones para que los mercados internacionales sientan confianza en el proyecto del Ejecutivo, especialmente por un asunto de continuidad y de compromiso en el repago.
La posición de los diputados, sin embargo, es muy clara. Quieren partir de $1.500 millones, aunque no se descarta llegar a un punto medio de $3.000 millones para un plazo de dos años.
Así lo señaló el diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien comentó que fue propuesta por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca y ya da vueltas sobre la mesa.
Aparte de Abarca, esta opción también tiene eco en la fracción Partido Restauración Nacional (PRN), aunque el diputado Eduardo Cruickshank afirma que pedirían más condiciones.
No obstante, el camino es complicado para llegar a ese punto medio. Para ello habría que variar la opinión de varias fracciones o de la más grande, el Partido Liberación Nacional (PLN), cuyo jefe, Carlos Ricardo Benavides, afirmó que aún no tienen “consideraciones suficientes” para visualizar un cambio de posición.
Las dudas, eso sí, no son sobre el proceso de endeudamiento, como comentó el vocero del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, quién más bien subrayó la importancia de ver primero compromisos serios del Ejecutivo en otras materias.
“Tenemos sumamente claro lo importante que es esta herramienta para oxigenar las finanzas públicas y darle una tranquilidad al tema del endeudamiento, pero también hemos confirmado nuestras reservas. Necesitamos tener lineamientos específicos que vengan a complementar esta herramienta y no podemos firmar un cheque en blanco por $6.000 millones”, señaló.
Ante estas afirmaciones, el presidente Carlos Alvarado señaló recientemente en entrevista con El Financiero que esperaría dar una buena señal con el proyecto de empleo público, el cual podría mejorar la percepción de los congresistas sobre la gestión fiscal del Gobierno.
Cuestión de semanas
La decisión final, sin embargo, está aún por tomarse.
El proceso legislativo del proyecto apenas inicia, específicamente en una subcomisión de Asuntos Económicos que deberá producir un primer informe sobre el expediente 21.201, entre esta y la próxima semana.
Así lo señaló el coordinador de ese subgrupo, el alajuelense Roberto Thompson, quien explicó que la idea es tener una propuesta concreta antes de Semana Santa, de modo que pueda abreviarse el proceso.
Ya después, dijo el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien preside la Comisión de Económicos, llegaría el momento de escuchar a la ministra Aguilar y de plantear los últimos cambios a la iniciativa, antes de que llegue al Plenario para votarse.
Los trámites de los proyectos de ley muchas veces se empantanan por años en el Congreso. Sin embargo, cuando existen acuerdos políticos, como podría ocurrir en este caso, pueden aprobarse en cuestión de semanas.
Así lo requiere el Ejecutivo, que necesita conocer cuanto antes si contará o no con el mecanismo de deuda externa, no solo para programarlo en sus planes de endeudamiento del segundo semestre, sino también para encontrar el banco que realizaría las colocaciones y fijar todos los detalles restantes relacionados con este proceso.
Eso sí, antes llegarán las negociaciones, como ya prevé el jefe de fracción oficialista Víctor Morales Mora, quien aún mantiene intactos sus deseos de “convencer y persuadir”.
“Ahora la cuestión está aquí adentro y hay que negociar: cómo vamos de esos $6.000 millones que nosotros creemos necesarios a ese piso de los $1.500 millones que otros proponen.Tenemos que empezar a movernos y eso es lo que tiene que ocurrir en las próximas semanas”, subrayó.
Ante este panorama, todo queda a la merced de los diputados. Una vez más, el Gobierno de los diez congresistas quedará a las órdenes de los restantes 47.
