A pesar de una férrea oposición por parte del oficialismo, cinco fracciones de oposición se pusieron de acuerdo y lograron sacar adelante una moción que fortalece el programa de becas Avancemos en ₡12.000 millones, que podrían restituir las 110.000 becas perdidas entre 2022 y la actualidad.
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios discutió y aprobó la tarde de este miércoles una moción firmada por al menos 40 diputados y diputadas, que reintegra recursos al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para dicho programa.
Jonathan Acuña del Frente Amplio comenzó agradeciendo a todos los legisladores de oposición por apoyar la iniciativa, que surgió de una preocupación compartida luego de que la presidenta del IMAS, Yorleny León, le dijera meses atrás a la comisión que en efecto habrían menos becas.
Acuña reclamó al Gobierno que han dicho que no hay recorte en las becas, cuando para el 2023 y este año la meta es de 274.000 becas pero en 2022 fue de 384.000 y “aún con eso no se cubría la enorme necesidad que hay”.
La jefa oficialista, Pilar Cisneros, repitió que la disminución en becas es falsa reiterando los datos de 2023 y 2024 (y obviando los de 2022), afirmando además que el país tiene una “situación fiscal apremiante” y que el Gobierno recorta para ser “responsable”.
La liberacionista Paulina Ramírez dijo que no tenía sentido defender que había la misma cantidad de becas cuando hay una reducción del presupuesto del programa y recordó que como los presupuestos se inflan para garantizar que se cumplan los compromisos macroeconómicos, sólo el año pasado el Ejecutivo liquidó un saldo en intereses de ₡135.000 millones “que pudieron haberse usado en temas sociales”.
“No podemos tener buenos datos macroeconómicos a costa de los más vulnerables, tenemos que ser responsables con el país, con la ciudadanía”, dijo Ramírez, apelando a la crisis de inseguridad que enfrenta el país y al factor protector que representa la educación.
“Los datos macroeconómicos no le quitan, ni le devuelven la vida a ninguno de los que han muerto por falta de mecanismo de seguridad”, dijo y agregó que “a veces hay que ceder en lo fiscal para atender el sector social”.
En un inesperado giro, el liberal Eliécer Feinzaig intervino para manifestar su preocupación por “el deterioro de la cuestión social”, como la seguridad, la infraestructura educativa y otros problemas “que no se atienden por un prurito en los números”.
“Ahora entiendo cuando a uno le dicen economicista”, dijo el liberal y acusó al Gobierno de ser excesivamente fiscalistas y de que “sólo les importa maquillar las cifras, aunque se deteriore todo lo demás”.
Feinzaig explicó que aunque la deuda en términos generales ha aumentado muchísimo y el gobierno “maquilla” el dato con el tipo de cambio, la economía nacional “sigue siendo boyante y por eso hay que atender el tema social”.
Felipe García de la Unidad Social cristiana, dijo que la seguridad, la salud y la educación tiene un costo y que el país debe asumirlo, recordando además la “maratónica” de jerarcas que han comparecido ante diversas comisiones a causa de los recortes de recursos.
García indicó que en la ruralidad, la “gente está desesperada” y que si por otorgar becas se le va a tachar de irresponsable “yo asumo esa responsabilidad”.
Acuña intervino nuevamente para decirle a Cisneros que el problema era que a ella “ya nadie le cree nada” y reiteró nuevamente la disminución de becas entre 2022 y 2023, reclamando que decir que no hay disminución en las becas es “burlarse de la gente”.
“Algo tiene que haber”, dijo Acuña, cuando dos economistas con posturas ideológicas radicalmente distintas -refiriéndose a sí mismo y a Feinzaig- coinciden en un asunto así.
Cisneros pidió nuevamente la palabra para reclamar que se le dijera mentirosa, e insistió nuevamente en comparar el dato de 2023 y 2024, obviando el de 2022.
La moción se aprobó y de seguido el proyecto, que ahora se debatirá en Plenario.
