Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa apuntan a dictaminar una nueva versión del proyecto de ley 21.309, cuya principal indicación es un transitorio que permitiría retirar la totalidad de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a todos los afiliados que se pensionen antes del año 2035.
Con este avance, el texto pasaría a su etapa final en el Plenario legislativo, donde más de 20 diputados ya firmaron el texto para su presentación.
Los congresistas de la comisión incluso ya tienen listo un texto sustitutivo para el proyecto, a pesar de la oposición manifiesta de las principales operadoras de pensiones y de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Estas entidades se manifestaron en contra del texto por considerar que la pensión se estaría convirtiendo en una especie de “ahorro”, perdiendo toda su naturaleza de apoyo vitalicio.
Además, aseguran que la devolución de los recursos representaría un fuerte golpe para los rendimientos por intereses del régimen, que ya acumula ¢6,6 billones y que negocia cerca del 70% de los recursos en bonos con el Estado (con altas tasas de interés que ensanchan sus recursos para la distribución).
Junto con el transitorio mencionado, el proyecto realizaría dos reformas a los artículos 20 y 22 de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983).
En el caso del artículo 20, lo que clarificaría es el procedimiento para la designar los beneficiarios en caso del fallecimientos de afiliados; mientras que en el caso del artículo 22, la idea sería permitir que la posibilidad del retiro total del ROP, más allá de 2035.
Ese retiro sólo sería posible para todas aquellas personas cuyo cálculo mensual de este régimen sea inferior al 20% del monto que reciben por el régimen básico de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).
La propuesta la presentó el jefe de la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshanck, quien argumentó que es importante promover un retiro automático de estos fondos, tomando en cuenta que son un apoyo complementario y que el ROP es “totalmente insuficiente” en algunos casos.
“Por eso buscamos autorizar que los jubilados puedan retirar su dinero hasta que el régimen alcance su madurez, que, según palabras del mismo superintendente (de Pensiones) alcanzará su madurez en unos 15 años. Por eso, pensamos que en este tiempo el complemento es insuficiente y deberíamos abrir la posibilidad de que la gente recoja la plata como se hizo durante los primeros diez años de su existencia”, apuntó.
“Ya cuando el ROP llegue a su madurez y llegue a representar un complemento de entre el 20% y el 25% del monto total del IVM, entonces ahí sí podemos cerrar la puerta, porque ya será un complemento significativo”, concluyó.
Según argumentan las operadoras del pensiones y la Supen, los montos serán menores al 20% del salario al momento de pensionarse al menos en los próximos 16 años porque el modelo de pensión se creó hace apenas un par de décadas. Esto implica que los actuales jubilados no cotizaron durante toda su carrera profesional, por lo que no podrían recibir rentas más altas.
Supen: ‘Nos va a golpear’
Consultado sobre las reformas propuestas, el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, reiteró que la entidad supervisora considera que el proyecto es nocivo.
Según el funcionario, una modificación “tan drástica” le genera “tristeza”, tratándose de “un sistema que hasta ahora está cumpliendo con los objetivos que se fijaron hace dos décadas”.
“Por supuesto que siempre hay oportunidades de mejora, pero en este caso considero que no fueron identificadas correctamente. Es una injusticia que, sin haberse dado una situación grave, por ejemplo grandes pérdidas, no se le permita al sistema de pensiones complementarias continuar con su maduración natural”, acotó.
Ramos además defendió la forma en la que se calcula la repartición del ROP, la cual ha sido criticada por algunos legisladores, pues toma como punto de referencia una tabla de probabilidad de vida de hasta 115 años.
En esa línea, aseguró que la expectativa de vida al nacer de las pensiones no puede ser un promedio, pues eso implicaría dejar en el limbo a poblaciones que alcanzan edades mayores. “Imaginá el caso de una mujer de 95 años, evidentemente hablar de expectativa de vida de 83 u 87 no tiene sentido”, explicó.
Las preocupaciones de Ramos son similares a las de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), las cuales además añadieron en un comunicado conjunto que el fondo complementario del ROP debería protegerse todavía más, en vista de que los cambios demográficos afectarán especialmente a las pensiones del IVM, que no son individualizadas como las complementarias.
“No poder complementar la pensión del régimen básico, cuando esas prestaciones disminuyan sería muy perjudicial para los afiliados (…) si se retira el ROP y con ello se cancelan deudas o se desarrollan proyectos productivos, se desprotege al trabajador en los años de vejez avanzada, cuando sus fuerzas disminuyen y requiere mayor soporte de tratamientos, medicamentos y asistencia”, afirmó la asociación en un pronunciamiento.
Pugna en comisión
El proyecto tiene anticuerpos en la Comisión de Asuntos Hacendarios; sin embargo, son minoría. Entre ellos, la oficialista Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), indicó que la preocupación va desde “desconfigurar la visión del sistema” hasta la posibilidad de recortar sus beneficiarios, por los menores rendimientos.
“Si nosotros promovemos que la gente retire la plata, lo que provocamos es que las operadoras tengan que colocar a inversiones de corto plazo y a la vista, con rendimientos menores a las que hacen ahora, y eso termina representando que lo que recibimos por el ROP sería menos, especialmente para las generaciones más jóvenes”, explicó la diputada.
Guido además señaló la idea de que el ROP se convierta en un ahorro vendría a debilitar el grueso de las pensiones, pues estos montos se entregarían en un solo tracto, con menos ganancias por intereses, a pesar de que se sabe que “a más edad, existen más gastos y más condiciones que atender”.
También admite tener dudas el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez, quien manifestó que los criterios han sido negativos y que faltan respuestas importantes.
Jiménez integra la subcomisión que ya escribió el texto sustitutivo para dictaminar el proyecto, junto con María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Eduardo Cruickshank; sin embargo, dijo que sería irresponsable firmar un texto sustitutivo sin contar primero con un criterio por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Según Cruickshank, a pesar de las posiciones divididas, esperaría tener el apoyo mayoritario del foro y del Congreso para su proyecto. Para aprobarse, requiere del apoyo de la mayoría absoluta del plenario (mitad más uno de los presentes).
El texto estaba listo para conocerse y dictaminarse este miércoles en comisión de Asuntos Hacendarios; sin embargo, los diputados debieron cancelar la sesión después de que se extendiera el Plenario legislativo.
