El frentamplista José María Villalta afirmó este miércoles que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366) centraliza sanciones y despidos de funcionarios públicos sobre un único órgano de la Dirección General de Servicio Civil, con consecuencias de entorpecer aún más esos procesos y hacerlos más lentos.
Villalta hizo esta explicación durante la votación de una moción para que las universidades públicas cuenten con autonomía para aplicar procedimientos de despido, esta moción fue rechazada, igual que otras tres de igual redacción.
El frenteamplista se refirió a los artículos 21 y 22 del proyecto de ley, que establecen que “todas las resoluciones que se dicten en las instituciones, los recursos de apelación, van a ser tramitadas del Tribunal de Servicio Civil”, según explicó Villalta.
El legislador explicó que ese órgano tendría criterio vinculante para toda la administración pública, pero la ley tampoco establece cómo ampliar su personal ni recursos financieros.
“Al Tribunal de Servicio Civil no se le están dando más recursos, hoy los plazos son muy lentos para resolver las apelaciones solo del Poder Ejecutivo. Le van a trasladar al tribunal resolver todos los procedimientos de despidos pero, además, sobre faltas laborales. Este proyecto puede implicar que se multiplique por mil el circulante de casos en este Tribunal del Servicio Civil. Lo que llevaría a un embudo mayor, lejos de conseguir un objetivo de eficiencia pública”, aseguró Vilallta.
El legislador acusó que “estamos volviendo al centralismo” y que con el plan se
“desconoce el proceso de descentralización de la Constitución Política, es burocratizar y centralizar más el Estado, sin lograr eficiencia”.
“Me parece también muy peligroso que los procedimientos de despido y sanción de profesores universitarios vayan al Tribunal de Servicio Civil. Pero aunque aprueben esto, que es muy lógico para entes estatales con autonomía, el procedimiento de la ley le traslada a este Tribunal de Servicio Civil el conocimiento de los casos del resto de la administración pública. Igual, es una locura, aunque excluyan a las universidades”, afirmó el legislador.
Sin exclusión, opositores negocian proteger autonomía
Tanto él y la diputada Paola Vega (Partido Acción Ciudadan) defienden que las universidades públicas deben ser excluidas del proyecto de Ley de Empleo Público; esto para cumplir con la autonomía que tienen esas instituciones de educación superior (garantizada en el artículo 84 de la Constitución Política).
Vega, que defendió posteriores mociones del tema, dijo que mientras no haya acuerdo en la exclusión de las universidades, los diputados tienen que definir “temas vitales”, entre ellos los despidos de las funcionarios universitarios, pero que los cambios se aplicarán “sin que se escapen del salario global”.
“Quizás las personas que atacan más las ideologías de corte comunista son las que están aquí replicando métodos de esas ideologías. Hoy se lanza un precandidato con discurso de Guerra Fría (en referencia al diputado Pedro Muñoz) hablando contra el comunismo y todo esto. Esta estructura de centralizar absolutamente todo de la administración pública, monopolizar poderes y demás, era algo muy propio de la Unión Soviética. Los que más se dicen liberales son quienes más coinciden con las tesis del comunismo. Da para un caso de estudio, o una tesis de ciencias políticas o psiquiatría, o las dos juntas”, dijo Vega en la Comisión.
Vega advirtió que la Sala Constitucional podría emitir un criterio en contra del proyecto, porque precisamente existen roces con la Constitución Política.
