Este lunes, la Comisión de Gobierno y Administración votó en contra de revertir una moción que incorpora dos elementos más a los cálculos salariales que tendrá que realizar la Dirección General de Servicio Civil. Desde el jueves, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366) incorporó como variables de cálculo a la prohibición de ejercicio liberal y, también, el “desarraigo” que es conocido como “zonaje”.
Tras votar en contra de revisar esos cambios, el frenteamplista José María Villalta opinó que el proyecto de ley planteado por Gobierno está “derogando los reconocimientos salariales por prohibición” como fueron modificados desde la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como la reforma fiscal).
Esa ley establece que quienes tengan un régimen de prohibición deberán obtener una “compensación económica por la limitación al ejercicio liberal de su profesión”. Hace tres años, los diputados aprobaron reducciones para esas compensaciones. Actualmente, los funcionarios con prohibición deben recibir un 30% de su salario base (en el caso de tener licenciatura o un grado académico superior) o un 15% de su salario base (si son bachilleres universitarios). La prohibición del ejercicio liberal aplica para quienes tengan contratos de dedicación exclusiva, por ejemplo, jueces y magistrados que emiten criterios imparciales en casos judiciales.
No obstante, para Villalta, sin la corrección de la moción que se votó el jueves (la 319), los diputados apoyarán una “derogatoria tácita” de esa compensación.
“Al crearse el salario global, se estará derogando, tácitamente, lo que establece la Ley 9635, sobre la forma de pagar la prohibición para los funcionarios que suscriban nuevos contratos. Me parece que no es la técnica legislativa correcta, debería haber una derogatoria expresa para mayor claridad y seguridad jurídica. Debería haber un transitorio para aquellos contratos que están en trámite, ¿qué va a pasar cuando se venzan?”, opinó Villalta en la Comisión de Gobierno.
La modificación planteada por los diputados ahora suma 11 criterios para que la Dirección de Servicio Civil diseñe “una metodología de valoración del trabajo para el servicio público”. Esta metodología sumará puntos por cada criterio, de una forma que será definir por el Servicio Civil. De esta manera es como se creará el cálculo del salario global. Este salario global deberá calcularse para siete futuras “familias” de empleo público; dentro de las cuales existirán diferentes “grados” de remuneración. Pisos distintos de diferente remuneración serán calculados de acuerdo de cuán importante es el ejercicio exclusivo de la persona funcionaria, además del resto de 10 criterios.
No obstante, pese a enumerar los 11 criterios dentro de la ley de empleo, el diputado José María Villalta aseguró que todavía falta “contemplar la metodología de valoración y el puntaje por ese factor” y advirtió que un mal cálculo podría provocar “una fuga de profesionales en la administración pública, por ejemplo, eso en el Poder Judicial es un tema delicado”.
Los criterios de cálculo de la ley eran los siguientes: conocimientos y experiencia de la persona trabajadora; el peso del trabajo desempeñado en relación con las metas institucionales; el margen de discrecionalidad de sus respectivas decisiones; la necesidad de planificar y organizar el trabajo; complejidad del trabajo; disponibilidad; la peligrosidad de sus funciones; responsabilidad asociada al manejo de los recursos públicos; y la libertad para actuar en la planificación y el cumplimiento de las obligaciones del cargo.
Esta es la moción aprobada para incluir dedicación exclusiva y zonaje a esos criterios:
