“Veníamos a tratar de superar algunas dudas y algunas inquietudes y realmente creo que aumentan”, dijo la diputada liberacionista Carolina Delgado luego de escuchar las pocas explicaciones que sobre el caso del embarazo de la madre menor de edad de la bebé Keibril García pudieron ensayar fiscales y el director de Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de Cartago.
La sesión de este jueves de la Comisión Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, comenzó con las explicaciones que el funcionario del PANI Eduardo Arrieta, quien aseguró que desde 2019 esa institución “gestó acciones directas y concretas” respecto a ese caso, pero dijo que no estaba facultado para referir aspectos específicos sobre esas acciones tomadas, por lo que en reiteradas ocasiones pidió a la comisión que solicite e expediente administrativo del caso.
Por ejemplo, cuando la también liberacionista Katherine Moreira preguntó por qué en su momento se autorizó la salida de la menor del hospital, pues estaba bajo custodia del PANI, Arrieta dijo que es “una de las decisiones” que deben tomar los profesionales del Patronato y añadió que “dentro del expediente administrativo, ojalá puedan pedirlo, están las razones de por qué se toma esa decisión, y cuáles fueron los análisis que hizo el profesional respectivo, para llegar a esa conclusión”.
La frustración y enojo de las diputadas empezó a crecer cuando los fiscales especializados en materia penal juvenil, Óscar Arroyo, Huberth Solís, y la fiscala Karen Mora también plantearon que estaban imposibilitados para referirse a aspectos de ese caso específico.
La socialcristiana Daniela Rojas preguntó en términos generales cómo se procede de parte de fiscales al momento de recibir una denuncia y para tomar la declaración de la víctima en este tipo de casos, preocupada sobre todo por a posibilidad de que se pueda determinar si esa víctima es coaxionada de alguna manera.
La fiscala Mora ofreció una concisa explicación sobre los protocolos que deben aplicarse, pero adujo que “somos profesionales en derecho, no tememos la capacidad ni la formación profesional para establecer si la víctima está siendo coaccionada, si está siendo manipulada por terceras personas”
Poco después la diputada Montserrat Ruiz, también del PLN, afirmó que “éste es un caso Poncio Pilatos, se lavan las manos, ¿qué tiene que ver la profesión con la sensibilidad y con el sentido común de ver a una niña coaccionada?”.
Añadió que “estamos hablando de una niña de 12 años embarazada, violada, esto es indignante y no es de recibo absolutamente nada de lo que ustedes están diciendo” con respecto a no poder responder.
Luego Delgado, quien preside esta Comisión, ofreció datos de la Secretaría de Género del Poder Judicial respecto a la cantidad de casos de abusos sexuales contra personas menores de edad en 2022, que alcanzaron 5.202, mientras que los de relaciones sexuales con personas menores de edad fueron 2.474.
“Esto es más grande de lo que nosotros hemos dimensionado en esta misma Comisión y lo que nos preocupa es que como diputados y ustedes como funcionarios púbicos tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de esos menores”, afirmó.
Delgado añadió que “cuando uno ve tantos actores diciéndole al PANI y a la Fiscalía que la chiquita está en riesgo, que además hay un posible delito, y se desestima, ahí es donde uno empieza a valorar que esto no está funcionando. Si me dicen que el posible papá es un chiquito de trece años y no lo verifico, ahí no están cumpliendo su función”.
