La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, pidió una reunión con la embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, María Antonia Calvo, para discutir valorar las reformas que se requieren aprobar para que el país salga de la “lista negra” en la evolución de octubre de este año.
Ramírez, quien además es presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, también pidió reunión con los cuerpos diplomáticos de países miembro de la UE de Alemania, Francia y España.
La diputada liberacionista no descartó presentar un proyecto de ley, pero aclaró que valorará antes los proyectos que otras fracciones y el Poder Ejecutivo plantean con el mismo objetivo.
El día de ayer el presidente anunció que el Ejecutivo presentará entre marzo y abril la “Ruta Fiscal”, con el que esperan con una serie de proyectos “para arrancar, ojalá de raíz, ese cáncer de la evasión fiscal” y que atendería lo necesario para salir de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la UE.
Ramírez pidió el expediente completo de comunicaciones entre Hacienda y la UE para tener claridad de lo que ha solicitado el organismo y a partir de esto “buscar otras experiencias de otros países” que también tuvieron que realizar reformas para estar acorde con el código de conducta.
UNIVERSIDAD reportó esta semana sobre los contenidos de este expediente, que revela que Hacienda tiene conocimiento de la evaluación de la UE y tenía claridad de las reformas necesarias desde junio del 2021.
“(…) Una propuesta de reforma legal debe ir orientada a eliminar la diferencia entre la renta territorial y la extraterritorial. Siendo este el principal compromiso que la UE esperaría de parte del Despacho del Ministro”, dice el oficio DGT-832-2021 de Carlos Vargas Durán, director general de Tributación, dirigido al entonces ministro de Hacienda Elian Villegas en referencia al informe que la UE envió el 3 de junio del 2021.
Costa Rica obtuvo notas negativas en todas las áreas analizadas por la UE. El informe señaló graves fallas en la recolección de información de los grandes capitales en el extranjero por parte del Ministerio de Hacienda y criticó la falta de petición de pruebas que demuestren el origen de los ingresos.
Los portillos de elusión y evasión fiscal en Costa Rica facilitaron que, entre el 2015 y 2019, las corporaciones sacaran ¢3,7 billones en capital y lo colocaran en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos, reveló un estudio mundial de la Universidad de Copenhague.
El estudio identificó que del 32% de impuestos que el país perdió en el 2019, 9% se pierde ante países de la Unión Europea: Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Malta y Chipre. Los países que se quedan con el 23% restante son: Singapur, Suiza, Bermudas, Puerto Rico, Hong Kong y otros.
