La legisladora Laura Guido fue vocera del Partido Acción Ciudadana (PAC) para explicar la cláusula que le garantizaría la objeción de conciencia, al menos en capacitaciones y actividades formativas, a los funcionarios públicos. Guido defendió que su fracción votó en contra de mociones presentadas por el diputado Villalta porque más bien se ampliaría la norma.
La justificación que ofreció Guido para los votos en contra que ejerció parte de su fracción a posibles modificaciones del diputado José María Villalta que la norma ya cuenta con el límite de la Constitución Política. Esta tarde, UNIVERSIDAD publicó que, según la interpretación de un informe de Servicios Técnicos del congreso, el caso es que la cláusula sí violentaría la aplicación de varios artículos de la Constitución Política, y violentaría el principio de no discriminación.
Informe señala que objeción de conciencia en ley de Empleo Público violentaría Constitución Política
Servicios Técnicos previene que autorizar objeción de conciencia en capacitaciones “podría violentar los principios de igualdad y no discriminación, así como el principio de legalidad” que están garantizados en la Carta Magna
En un caldeado intercambio con el diputado Villalta, la diputada Guido llamó “deficientes” a las mociones que presentó el diputado y dio una confusa explicación para justificar un plan que, desde enero, fue respaldada por su fracción en la Comisión de Gobierno y Administración (el artículo ingresó al proyecto después de una negociación entre fracciones, propulsado por el oficialista Víctor Morales como presidente de la Comisión de Gobierno).
“Las mociones, en lugar de acotar la aplicación parecen ampliarlo porque al enlistar en qué escenario la persona funcionaria no puede excusarse de recibir la formación y capacitación, da por sentado que sí hay contenidos a los cuales se puede excusar y que la norma le habilitaría la no asistencia de participación al programa formativo, ampliando así el alcance de la objeción”, dijo Guido.
Ante esta justificación, Villalta respondió que escuchó “las excusas que da la diputada Guido Pérez para justificar la inmensa incoherencia de la fracción del Partido Acción Ciudadana, que está votando en contra de estas mociones”.
“Votaron a favor la moción para eliminar el artículo (en un proceso anterior, en la que igualmente no se alcanzó mayoría para eliminarlo) pero les jalaron el aire, les llamaron la atención quienes mueven sus hilos y ahora están votando en contra estas mociones para precisar, precisamente, el alcance de este inciso”, afirmó Villalta.
En el intercambio, Guido acusó de que Villalta la irrespetó como diputada y que decirle incoherente era una “burda descalificación e insulto”.
“Yo no soy ni una muñeca ni una marioneta. Es el mínimo de respeto que usted debería tener con sus compañeras diputadas en este parlamento”, le dijo Guido al frenteamplista.
Villalta, por su parte, acusó a la fracción de salirse del recinto plenario para ni siquiera tener que “dar la cara” frente a estas discusiones.
Del plenario estuvieron ausentes Carolina Hidalgo, Welmer Ramos, Enrique Sánchez y Paola Vega.
“Hay un grupo de diputados del PAC que, por lo menos, se quedó en la sesión a dar la cara y otro grupo, más bien, se salió para no tener que participar en la discusión y no tener que dar la cara al pueblo de Costa Rica en esa incoherencia tan grave que están incurriendo”, espetó Villalta a la oficialista Guido.
“Viéndola a los ojos, lo sostengo, es una incongruencia absoluta de su partido, de su fracción, de ustedes, apoyar este artículo que lesiona derechos fundamentales”, afirmó.
El legislador advirtió eventuales malos tratos a mujeres, personas trans, menores de edad, población indígena, migrantes, personas contagiadas con VIH y otros grupos vulnerables, sujetos a prácticas discriminatorias, y que deben que recibir prestaciones de servicios públicos en salud, seguridad y otros.
PAC defiende amplitud de objeción de conciencia
El diputado José María Villalta presentó 8 mociones para establecer diversos límites a la objeción de conciencia, en temas específicos de capacitación y formación.
La redacción actual dice que “Los servidores públicos podrán informar a la administración por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de consciencia (sic) cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras”.
La justificación de Guido fue que, pese a que ella mantiene “preocupaciones” sobre ese derecho de objeción, “No hay una consecuencia en automático por convocar la objeción de conciencia, no está dicho en ningún momento que es excusa para ausentarse de un proceso formativo o de capacitación. No está en el proyecto”.
Precisamente, la poca claridad del proyecto es la preocupación de Villalta, según dijo el diputado.
“La redacción no pone excepciones. No excluye ningún programa de capacitación. Puede entrar ahí cualquier programa y eso incluyen programas que dan capacitaciones a funcionarios públicos para garantizar sus derechos fundamentales, o para evitar que se dé una práctica discriminatoria de personas funcionarias públicas en una posición de poder, de autoridad”, aseguró Villalta.
