“Yo por ejemplo debo decirles que tengo detrás mío una presión enorme, y digo presión en el buen sentido, de gente que es pro vida, para mí eso será una valoración muy importante”.
Tal franca admisión de influencias fue hecha por la diputada liberacionista Dinorah Barquero, durante la sesión de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa realizada el día de ayer.
La discusión versaba alrededor del tema del proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual se había invitado y estaban presentes Marcia Aguiluz, del Foro de Justicia, y Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que forma parte del Foro.
Barquero confesó sus influencias cuando se refería a la importancia que en su criterio debe tener la entrevista que esa Comisión realice a las personas interesadas en esos puestos. Cabe recordar que esa Comisión tiene en su agenda varios nombramientos, entre ellos el de la persona que sustituya al fallecido magistrado Álvaro Burgos en la Sala de Casación Penal, o Sala III.
La diputada expresó que uno de sus asesores le hizo ver que “esto no era una oficina de recursos humanos, esta elección que hacemos aquí es de otro tipo, para mí bajo ese principio ha sido muy importante darle una valoración no solo a la parte de formación, de título, sino que también a la parte de la entrevista, que no será objetiva, es parte de lo que aquí tiene que valorarse y es parte de lo que cada una de las referencias de los representantes que estamos aquí, que somos los representantes del pueblo”.
De seguido ofreció la admisión de que las posturas ultra conservadoras “pro vida” influirán como “valoración muy importante” en su decisión a la hora de calificar a las personas que aspiren a magistraturas en la Corte Suprema de Justicia.
Justificó esa posición con el argumento de que “aquí nosotros estamos no sólo en un nombramiento, no sólo en una valoración de la idoneidad para el puesto en cuanto a qué universidad estudió, como lo decía doña Pilar (Cisenros), qué títulos tiene, si fue summa cum laude; sino cuánto tiene la sensibilidad y la valoración de lo que nuestro pueblo está sintiendo, quiere y necesita”.
Transparencia e independencia
Que las entrevistas a las personas candidatas sean estructuradas para poder comparar su desempeño, que haya una correcta valoración de sus atestados y que el voto para elegirlas sea público, fueron las principales propuestas que las dos especialistas invitadas plantearon a diputadas y diputados de la Comisión de Nombramientos.
Al inicio de la sesión, Aguiluz explicó que el Foro de Justicia es una plataforma integrada por academia, sociedad civil, Acojud y personas expertas en administración de justicia, que se creó para “ formular propuestas que fortalezcan la administración de justicia y dentro de eso la independencia judicial”, lo cual implica “hablar del nombramiento de magistraturas”.
Al respecto, presentó dos tipos de propuestas. El primero de ellos es el de las que se pueden implementar en el corto plazo, como la definición de un perfil del puesto de la magistratura que “haga referencia a la independencia, la integridad, la idoneidad de la persona, sus conocimientos para el área específica”. Como ejemplo cito la próxima elección de quien sustituya a Burgos y la necesidad de que las personas consideradas para el puesto tengan conocimiento de materia penal, así como “el compromiso con los derechos humanos y con la democracia”.
Aguiluz también se refirió a la ya mencionada entrevista que la Comisión realiza a las personas aspirantes y consideró que es “fundamental”, por lo que debe ser estructurada y coordinada, que “previamente defina los valores que se van a tazar y cuál es el peso que le van a dar a cada uno de los temas, por ejemplo, preguntas sobre el conocimiento y las motivaciones de la persona que aspira al cargo, sobre posibles conflictos de interés”.
Subrayó que al diseñar una entrevista estructurada, se puede establecer elementos de comparación, “porque ha pasado que hay candidaturas a las que no se les hace ninguna pregunta y hay personas a las que se les hace diez preguntas, entonces ¿cómo comparar el desempeño de una persona y otra si realmente las preguntas son completamente diversas y a veces no hay ninguna pregunta?”.
“La idea de que la entrevista sea estructurada -puntualizó-, es para que precisamente, los criterios objetivos que son uno de los estándares internacionales, sean la base de la elección que ustedes van a realizar”.
“Otro gran elemento” para a especialista es “la publicidad y participación”, es decir “cómo hacer estos procesos participativos y cómo asegurar que la votación sea pública”.
A mediano plazo, propuso una revisión de los requisitos legales para establecer un régimen más claro de prohibiciones e inhibiciones, con el fin de “regular las puertas giratorias, que haya algún impedimento para que no puedan ser magistrados quienes han ostentado cargos en el Poder Ejecutivo cierta cantidad de años”.
También propuso el replanteamiento de la edad mínima, experiencia, un examen escrito de conocimiento que sea formulado por universidades, o evaluación sicológica.
Con gravedad subrayó que actualmente en Corte Plena sólo hay siete mujeres dentro de las 22 magistraturas, “un desbalance muy fuerte en términos de la representación de mujeres”.
Por su parte, Orocú hizo llamado a garantizar la independencia judicial, que consideró es “derecho fundamental de la ciudadanía”.
Tras afirmar que se requiere de jueces independientes “para que realmente un Poder Judicial sirva y se manifiesta como freno a los excesos y a las limitaciones que debe haber de poderes fácticos políticos o cualquiera que pueda torcer la mano de la justicia”.
“En la administración de justicia de la alta jerarquía del Poder Judicial se ha materializado el peligro de cooptación de la justicia, recordemos el caso del Cementazo”, a raíz del cual fueron destituidos los magistrados Carlos Chinchilla y Celos Gamboa, así como la magistrada Doris Arias, los tres de la Sala III.
Orocú recordó que en su momento uno de esos magistrados fue nombrado por la Asamblea Legislativa “a través de un proceso que no fue claro, que no fue un proceso con base en temas de idoneidad, inclusive que se advirtió”, pues según dijo antes de que se hiciera el procedimiento de elección”lo advertimos y nos dijeron que era un suicidio político hacer esa advertencia como asociación de Jueces y ya todos sabemos el resultado que se materializó”.
Cabe recordar que Gamboa fue nombrado magistrado aunque sólo tenía un título de licenciatura y que la misma Asamblea Legislativa lo destituyó del cargo.
La jueza recalcó la necesidad de contar con un sistema de elección de magistrados que efectivamente incluya criterios de idoneidad para verificar si una persona que estaba en las famosas “puertas giratorias” pueda tener la capacidad y la independencia para estar en el Poder Judicial, “máxime en la Sala de lo penal”.
Tras recordar que Acojud desde 2003 presentó un primer proyecto para modificación del sistema de elección de magistrados y que “lamentablemente este proyecto y otros que se han presentado han tenido una acogida completamente negativa”, Orocú sentenció que “los peligros de que los indebidos criterios de selección efectivamente redundan en el Poder Judicial”.
Intereses políticos
La diputada oficialista Pilar Cisneros fue la primera en hacer preguntas y buscó increpar a las invitadas como si fuesen voceras de Poder Judicial. “Me hubiera encantado comprobar que el orden empieza por casa”, dijo la diputada y citó datos del último Informe de Estado de la Justicia para afirmar que “ hay gran desorden interno en cómo eligen ustedes a los jueces, no se si alguna de las organizaciones que ustedes representas han hecho algo por corregir el problema”.
Orocú entonces replicó que “tiene toda la razón”, pero observó que la Asamblea Legislativa “también tiene responsabilidad, porque hemos procurado proyectos de ley para cambiar la Ley de Carrera Judicial, que tampoco han tenido eco” en el parlamento.
Cisneros entonces informó que la Comisión votó por dar más importancia a la entrevista, “porque uno puede medir muy bien el talante de la persona que quiere ocupar la magistratura, el hecho de que tenga títulos, se haya educado en las mejores universidades, no nos da garantía de que realmente van a ejercer una magistratura responsable”.
Luego la diputada Gloria Navas, de Nueva República, se refirió a la concentración del poder y afirmó que la Sala Constitucional debe salir del Poder Judicial. Luego reiteró que “darle más peso a la entrevista es la posición de esta Comisión”.
Con mayor gravedad, recordó que la Comisión de Nombramientos “recomienda nombres, pero es el plenario el que resuelve, lo que resuelva la Comisión no vincula al plenario. Por más esfuerzo que hagamos nosotros, el plenario es el que va a decidir y ahí entran intereses políticos”.
