La deuda del Estado y el “problema estructural de empleo” que tiene Costa Rica están en la base, junto a otras causas, de la crisis la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un fenómeno recurrente desde los años 70 del siglo pasado, apuntó una investigación presentada la semana anterior en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
El cambio del perfil demográfico y perfil epidemiológico que ha experimentado Costa Rica en las últimas décadas, junto a problemas como la evasión y la morosidad en el pago de las contribuciones, se analizan también como causas relacionadas en la investigación titulada “Orígenes políticos y económicos de la crisis de la CCSS”, realizada por Andrey Badilla Solano del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, de la UNED.
Una crisis que se traduce en un rezago de década y media en construcciones nuevas, equipamiento de clínicas y hospitales, insuficiencia de médicos especialistas y otros servicios congestionados, con listas de espera que postergan por meses y años las citas médicas.
El informe ubica como uno de los problemas centrales la deuda de cientos de millones de colones que mantiene el Estado. Este, por la baja base tributaria que tiene, se ve imposibilitado de cumplir con las obligaciones que le impone la ley para con seguridad social, y tiene que recurrir a distintos mecanismos para financiar su déficit, principalmente, mediante el pago de la deuda con bonos del Estado.
La investigación enfoca la crisis del Seguro de Salud y del Seguro de Pensiones que administra la Caja, planteando las implicaciones del proyecto histórico neoliberal en el sistema de seguridad social, influencias políticas externas a la institución, y variables internas relacionadas con la gerencia, la administración, el control interno y la rendición de cuentas.
Como antecedentes de la crisis, menciona varias leyes creadas a inicios de la década de los 80 durante las administraciones de los presidentes Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge; entre ellas, la ley de equilibrio financiero.
Dicha ley estableció que todas las instituciones del Estado, incluida la Caja, debían dejar un superávit de 10% de su presupuesto para comprar bonos del Estado, norma que se aplicó hasta el año 1999, cuando la Sala Constitucional señaló que las instituciones autónomas como la CCSS están exentas de esa clase de directrices.
Eso significó que durante 15 años la Caja se vio obligada a declarar un superávit de 10% de su presupuesto para comprar bonos, con un fuerte impacto en las finanzas de la institución: a la inversión en construcciones nuevas se dedicó solo un 3% de del presupuesto y, en servicios el punto más alto fue de 6%. Todo esto tuve como consecuencias un rezago en infraestructura, que se experimenta hasta el presente, y una insuficiente prestación de servicios que obligó a contratarlos a terceros.
Otro antecedente se sitúa en 1994 con la ley 7374 aprobada durante la administración de José María Figueres Olsen, que le asignó al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) la responsabilidad de contribuir a la Caja para la atención de la población en condición de indigencia. No obstante, nunca se le asignó la partida presupuestaria para que efectivamente pudiera realizar la contribución.
Ahí se acumuló una deuda que para el año 2006 ascendía a ¢301.000 millones. Sin embargo, en el 2007 la deuda se redujo a ¢120.000 millones, por una decisión de la junta directiva de la Caja, que cambió la metodología para calcular el monto de la deuda.
La directiva determinó que la contribución no tenía que hacerse por la estimación del total de la población en condición de indigencia, sino por aquellas personas en esa condición que efectivamente habían hecho uso de los servicios de la institución.
Por analogía, así se calculó también la deuda del Estado por las obligaciones que le impone el Código de Niñez y Adolescencia para la atención de esa población. La deuda por la atención a la población indigente y por niñez y adolescencia llegaba en el 2016 a cerca de ¢700.000 millones, lo que equivale a un 2% del producto interno bruto (PIB), solo en esos rubros.
(En lo que tiene que ver con el Seguro de Pensiones, la deuda en el periodo 2006 – 2014 sumó aproximadamente ¢850.000 millones, que con los intereses moratorios serían ¢1,5 billón, equivalente a 8% del PIB).
Asimismo, el estudio analiza el impacto de la informalidad, que afecta a cuatro de cada diez personas trabajadoras en el país. Se trata de quienes tienen empleo, pero no están inscritos o no llevan contabilidad formal y, por tanto, no pueden contribuir a la seguridad social.
A lo anterior se suma la desocupación que afecta al 9% de la fuerza de trabajo, lo que, sumado al más de 40% que está en la informalidad, arroja el dato de que más de la mitad de las personas trabajadoras no contribuyen.
Además, un 10% de las personas con ocupación están subempleadas, lo que significa que trabajan tiempos parciales o perciben una remuneración menor al que deberían recibir por su oficio o las competencias que tienen, y, por lo tanto, no contribuyen con todo lo que podrían contribuir a la seguridad social.
Para poder sostener la seguridad social, se necesitan las contribuciones que se reportan con los salarios, pero la realidad es que apenas están contribuyendo 4 de cada trabajador, y los que contribuyen no son trabajadores de alta productividad, apunta el análisis.
PRODUCTIVIDAD
En las estadísticas, Costa Rica aparece como un país muy laborioso, pues se ubica como la segunda nación en el mundo donde más horas se trabajan al año. El primero es México, donde se trabaja 2246 horas al año, mientras que en Costa Rica son 2230 horas.
En Chile, que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se trabaja casi mil horas menos que en Costa Rica, pero el trabajador genera en promedio diez dólares más por hora que el trabajador costarricense.
De ahí que no solo es importante que haya más empleos, sino también que sean de calidad, señala Badilla, que cita información de la Organización Internacional del Trabajo y de la OCDE, a la que aspira ingresar Costa Rica.
Otra realidad que impacta el sistema del seguro social es el cambio del perfil epidemiológico en el país, donde las enfermedades no son las mismas de hace 30 años, y ganan presencia padecimientos crónicos, cuyo tratamiento es costoso.
Se agrega el cambio de perfil demográfico, pues, gracias a una mejora de la calidad de vida, la expectativa de vivir ha subido a un promedio de 80 años, a la altura de países desarrollados. Sin embargo, no aumenta la edad de jubilación y eso representa mayores costos para el seguro de salud y las pensiones.
Unido a eso, cada vez las mujeres tienen menos, hijos lo que significa que aumenta el porcentaje de adultos mayores y cada vez hay menos jóvenes activos que trabajen y contribuyan a la seguridad social y al soporte de las pensiones de los jubilados.
Asimismo, la investigación de Badilla analiza problemas de gerencia, administración y otros que hay a lo interno de la CCSS, aunque advierte que su solución no sería suficiente para remediar una crisis en la que interactúan también elementos externos.
