Es a 750 que llega la cifra de personas trabajadoras del Poder Judicial que han renunciado desde 2018, según datos oficiales de la Dirección de Gestión Humana, revelados recientemente por la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud).
Mediante un documento titulado “El paulatino debilitamiento del Poder Judicial de Costa Rica”, que tiene fecha del 12 de enero y que fue recibido en Corte Plena el pasado lunes 22, el presidente de esa organización, Juan Carlos Sebiani, comparte la información que incluye un revelador estudio hecho por esa Dirección entre las personas que han dejado de laborar en ese poder la República.
Se trata de un cuestionario sobre los motivos de su salida que fue respondido en formato de respuesta múltiple entre 21 opciones y que fue respondido por 34 personas.
Lo revelador del estudio estriba en que “baja remuneración económica” no constituye la primer causa citada bajo el formato de opción múltiple.
“Desmotivación” fue seleccionada en el 76,47% de las menciones, seguida por “ambiente de trabajo insatisfactorio”, con un 55,8%. En el tercer lugar con el 52,94% empataron “buscar nuevas aspiraciones personales” y “la expectativa laboral era diferente cuando ingresó”; de manera que en el quinto lugar aparece “insatisfacción con estilo de dirección”, con el 50% de las menciones.
Así, la “baja remuneración económica” ocupa el sexto puesto con 47,6% de las menciones, empatada con “cambio en el régimen de pensiones”.
Antes de ofrecer todos esos datos, el documento de la Anprojud señala que “desde hace algunos años Costa Rica está sufriendo lo que, en muchos países es común, un ataque directo al sistema judicial, donde la independencia judicial pasó a ser un tema que se aplica cuando no afecta los intereses políticos”.
En su análisis, el documento apunta que la situación de las renuncias “en un alto porcentaje se ha dado por la aprobación de dos Leyes, las cuales afectaron a todo el sector público costarricense”, la Ley Para Fortalecer las Finanzas Públicas” y la Ley Marco de Empleo Público.
“Lo curioso del caso es que para la mayoría de los expertos en la materia existe una gran cantidad de inconstitucionalidades y atropellos a derechos al aprobarlas, la misma Corte Plena en las consultas realizadas por la Asamblea Legislativa incluye análisis y repercusiones sobre su aplicación, pero nada pasó, por ello entraron en vigencia y ahora las acciones de inconstitucionalidad duermen el sueño de los justos en la Sala Constitucional”, apuntó la Anprojud.
A ello se suma que las personas trabajadoras del Poder Judicial “fueron víctimas de la reforma a su Fondo de Pensiones, la que se realizó en la Asamblea Legislativa, de la noche a la mañana, dado que ninguna de las recomendaciones brindadas por los órganos técnicos, la Corte y organizaciones gremiales fueron escuchadas, siendo de nuevo una ocurrencia política”.
Sobre ese tema, se destaca que “se aprobó sin mayoría calificada mediante un proceso que no se apegó al procedimiento para modificar una ley especial, como lo es la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Tras reflexionar sobre el papel que el Poder Judicial debe jugar en la sociedad, como “pilar de la democracia”, se asevera que “no podemos tapar el sol con un dedo, la población nacional vive amenazada por la delincuencia organizada, la inseguridad y demás problemas que trae el debilitamiento del sistema judicial, así como una desactivación de la economía e inversión extranjera”.
Así, “el ambiente que han generado estas políticas para debilitar el Estado de Derecho y generar compromisos políticos para casi cualquier apoyo o ayuda que requiere el Poder Judicial”.
Entre sus conclusiones esgrime que “es curioso que la población costarricense aun no despierta y logra ver lo que sucede, con ejemplos en países muy cercanos. Es necesario reflexionar y tomar conciencia de a donde vamos y que esperamos”.
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