La designación de Cindy Quesada Hernández como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) podría incumplir los requisitos que establece la legislación para dicho puesto.
La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres establece, en su artículo 15, que la persona que presida la institución debe, entre otras cosas, “poseer grado académico universitario de licenciatura o equivalente” y “tener como mínimo cinco años de ejercicio profesional”.
De acuerdo con el currículum de Quesada Hernández, aportado por el equipo de transición del nuevo gobierno, tiene estudios en derecho pero no detalla con qué grado cuenta. UNIVERSIDAD solicitó a la Universidad Libre de Derecho, donde la nueva jerarca dice haber estudiado, información sobre su grado académico y esta consulta aún está en trámite.
Eso sí, este semanario verificó que Quesada no se encuentra afiliada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El hecho de que su nombre del todo no aparezca en las listas de personas colegiadas significa que “definitivamente no es abogada”, por lo que no cuenta con experiencia profesional en su área, de acuerdo con el departamento de información sobre personas agremiadas del mismo colegio, al que se consultó vía telefónica.
De esta forma, es posible que el nombramiento de la nueva jerarca incumpla la propia ley constitutiva del instituto.
Consultada sobre este tema, la tarde de este jueves, Quesada dijo solamente que “se emitirá un comunicado al respecto”.
Ana Hidalgo, especialista en temas de género, dijo que el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la ley es especialmente relevante. “El que las y los legisladores crearan una institución especial que atiende temas de género y pensaran en esto, es porque son cosas necesarias para garantizar que la conducción de la institución fuera letrada, con conocimiento de causa, para garantizar un nivel de exigencia. No es casual, no es una ocurrencia”, afirmó.
Además, dijo que en términos generales al nombramiento de la la presidenta ejecutiva del Inamu no se le presta tanta atención y no se le exige tanto como a otras instituciones. “Es otra expresión de la desvalorización de las mujeres, o sea, de todo lo que tiene que ver con las mujeres”, comentó.
*colaboró Lucía Molina.
