Un reglamento legislativo para prevenir la violencia contra la mujer, limitado a sanciones éticas y con un atraso de meses con respecto a su promulgación, podría quedar mutilado, en caso de que se aprueben las reformas impulsadas por un bloque liderado por la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció la fracción del Frente Amplio (FA) y la diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), en el Plenario.
Se trata de un pulso que desde la semana pasada calentó los ánimos, porque el tema no se discutió el pasado 8 de febrero, a pesar de un acuerdo de jefaturas de fracción y del atraso de meses para cumplir con la obligación establecida por la ley 10.235, aprobada en abril del 2022, por lo que se postergó para este lunes 12 de febrero.
El choque se concretó entre un bloque mayoritario que respaldó a Delgado, compuesto por el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (NR), que esencialmente propone que el reglamento limite su enfoque a casos entre pares; es decir, únicamente diputaciones.
Esto es cuestionado por diputadas como Rocío Alfaro y Sofía Guillén, del FA, y Alpízar, quienes insisten en que la ley es clara en presentar un enfoque amplio, por lo que tratar de limitar el reglamento legislativo únicamente a situaciones que afecten a diputadas lo mutila e incluso sería inconstitucional, al pretender cambiar el sentido de la ley mediante un reglamento.
Incluso Alfaro denunció que detrás de la argumentación para limitar el alcance del reglamento existiría un interés particular. “Varias diputadas me han comentado que se trata de un conflicto específico entre una diputada y una funcionaria legislativa; que se han jurado denunciarse mutuamente. Entonces, la idea es proteger a la compañera”, dijo.
Delgado por su parte manifestó que el reglamento legislativo debía limitarse a la violencia política, y no a casos de acoso laboral o sexual que entrarían en otros ámbitos de la normativa. También afirmó que desde diciembre se aprobó otro reglamento, con el que se incluyó la situación de asesoras legislativas y funcionarias administrativas.
Esto fue refutado por Alpízar, quien insistió en que si se presentaban situaciones de violencia contra la mujer desde diputaciones u otro cargos, no podía limitarse el enfoque a las situaciones entre pares o iguales. “Por eso no puede ser solo entre diputaciones”, enfatizó.
Alfaro también insistió que el reglamento debería servir para avanzar un paso en esta materia, que en esta propuesta se limita a una sanción ética y pública, y no prestarse para “hacer un reglamento para protegernos nosotros mismos”, en referencia a las diputaciones.
Sin embargo, Delgado mantuvo su postura de que se trata de diferenciar situaciones que ya están contempladas en la legislación, y que el objetivo debería enfocarse en regular las relaciones entre diputaciones.
A pesar de que se aprobó una moción para discutir el tema hasta su votación, se llegó al final de la sesión sin siquiera haber agotado las mociones. Únicamente se votó una propuesta acuerpada por el FA y Alpízar para tratar de garantizar un enfoque amplio en el reglamento, que fue ampliamente derrotada: solo el FA, Alpízar y Gloria Navas, de NR, la avalaron; 38 diputados votaron en contra. Lo que augura un panorama difícil para los planteamientos de este grupo, cuando se retome el debate.
