El principal problema del país, la inseguridad creciente, es objeto una serie de cuestionamientos de la Defensoría de los Habitantes al Ministerio de Seguridad Pública a las puertas de cumplirse la primera mitad del gobierno actual, marcado por un incremento de casi 50% en la tasa de homicidios.
La Defensoría, entidad donde trabajó por años Mario Zamora antes de asumir el cargo de ministro de Seguridad hace un año, pidió a la Administración responder 11 interrogantes acociadas al avance en el cumplimiento de la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica-Segura Plus 2023-2030” emitida hace cinco meses, así como las fuentes de financiamiento y la evaluación de resultados.
La Defensoría adujo que es necesario saber si Seguridad ya presentó oficialmente las iniciativas llamadas “Bloque Policial para el combate del sicariato en Costa Rica”, “Operación contra el Femicidio”, “Frente de Lucha contra el Consumo de Drogas ilícitas en Costa Rica”, “Estrategia interinstitucional e intermunicipal para la Prevención del Delito” y “Estrategia preventiva de lucha contra el Fentanilo”.
“Respecto al Consejo de Seguridad Nacional, establecido en la Política Nacional, informar si cuenta con reglamentación que precise aspectos básicos de su funcionamiento, la periodicidad de sus reuniones, metodología de trabajo y el auxilio de alguna secretaría técnica, además se solicitó el acceso a las actas de cada sesión realizada”, pregunta la Defensoría, liderada por Angie Cruickshank.
La inseguridad es el principal problema del país desde el año pasado, según las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, sin que hasta ahora haya resultados notorios de las acciones del gobierno de Rodrigo Chaves, quien insiste en atribuir culpas al Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa, e incluso de la Contraloría General de la República.
En 2021 la tasa de homicidios fue 11,4 por cada 100.000 habitantes, pero subió al récord de 12,8 en 2022, cuando asumió Chaves en el mes mayo. El presidente dijo entonces que al gobierno actual podía responder por los datos de 2023, pero en ese año se alcanzó un nuevo récord, con 17,2 y en 2024 los registros de asesinatos apuntan a una posible nueva cifra máxima, pues se mantienen las luchas armadas entre grupos del narcotráfico.
La Defensoría preguntó por qué se prevé la disminución prevista en la Política Nacional es solo de 34 delitos por cada 100.000 habitantes.
“Además, considerando que el eje estratégico N°1 de la Política reconoce la necesidad de reforzar la prevención en sectores que están en riesgo por su situación de pobreza, la Defensoría pregunta por qué el modelo de Gobernanza de la Política no prevé ninguna interacción formal con la institucionalidad del sector social”, añadió el comunicado institucional.
Asimismo, la Defensoría en su boletín informó de que solicitó estadísticas completas y actualizadas sobre cantidad de droga decomisada, tras diversas publicaciones periodísticas que muestran una caída desde 2022. También espera los datos de operativos ejecutados, de personas detenidas por delitos de narcotráfico desde 2021 y hasta la fecha.
El último punto del comunicado público de la Defensoría alude a la auditoría N° DFOE-GOB-IF-00017-2022 de la Contraloría General de la República sobre la necesidad de incorporar un enfoque prospectivo y un cronograma con los elementos ahí señalados.
