La Biblioteca María Luisa Porras Monge desde 1978 ocupó su sitio frente al Estadio Teodoro Picado, en Sagrada Familia, pero ante el embate de la criminalidad fue trasladada y desde 2017 ocupa un lugar más céntrico, cerca de la iglesia católica de la comunidad, lo que requirió una inversión de ₡340 millones.
Mientras tanto, el inmueble que la acogió durante más de tres décadas luce abandonado. Se trata de un sector que ofreció a las autoridades una complejidad particular, pues funcionaba como un “búnker a cielo abierto”, según explicó Erick Villalobos, supervisor del equipo táctico de la Policía Municipal de San José (PMSJ).
La PMSJ debió tener presencia las 24 horas luego de desalojar el consumo de droga del sitio, para que se pudiera construir una maya y un par de máquinas para hacer ejercicios que tímidamente se sostienen. Los camerinos del estadio, sin embargo, son usados como base por transportistas piratas. De igual forma se tuvo que proceder en la cancha de fútbol de Hatillo 1, detalló el oficial.
Siempre dentro de la misma comunidad, pero al puro fondo del conocido Bajo la Puñalada, la policía mostró una casa de dos plantas, construcción reciente, que según se dijo pertenece a una familia que en esencia controla la actividad criminal en esta comunidad, a pesar de que sus líderes incluso ya están en prisión.
En la Ciudadela 25 de Julio (antes conocida como Aguantafilo), la institucionalidad costarricense perdió el control del inmueble que alojó al Centro de Educación y Nutrición y Centro Infantil de Atención Integral (CEN-Cinai) y al salón comunal.
Villalobos encabezó un destacamento de varios vehículos y oficiales armados para mostrar cómo los portones que alguna vez se abrieron para ofrecer servicio a la comunidad hoy están condenados con gruesas cadenas y candados, además de que el espacio entre la malla y las puertas del edificio se llenó con varios metros cúbicos de rocas, con lo cual se imposibilita el acceso si la policía tuviera que llevar a cabo un allanamiento más en el sitio.
De hecho, al menos una familia habita el espacio que alguna vez fue salón comunal y el muro que lo resguardaba hoy luce un muy simétrico boquete, muy práctico para la distribución de sustancias prohibidas.
En la ciudadela María Reina, a unos 25 metros de un planché de concreto donde jóvenes de la comunidad buscan hacer deporte y entretenerse sanamente, funciona un búnker en un callejón triste y sucio.
Se trata de comunidades donde pululan emprendimientos, formales e informales, de gente que lucha contra condiciones socioeconómicas históricamente adversas, las cuales han provocado que prolifere el crimen organizado.
Desigualdad histórica
“María”, una vecina de Sagrada Familia con casi 30 años de vivir allí, dijo que ahora la situación en cuanto a la criminalidad “está más fuerte”.
Esa “más fuerte” realidad se manifiesta en “el miedo, a veces han habido balaceras, entonces es un poquito preocupante por los chiquillos, más que todo, que van al colegio”.
Añadió que a esos “chiquillos”, sus hijos y sobrinos, “les damos consejos sobre eso, que si les llegan a ofrecer cosas así mejor no aceptar, entonces prácticamente nuestros hijos no salen y si salen es a entrenamiento, que están en una academia de fútbol”.
Hatillo, distrito al que pertenecen Sagrada Familia y la Ciudadela 25 de Julio, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social 2023 del Mideplan, ocupa el puesto 126 entre 490, con una nota de 76,01 de 100, con lo cual quedó calificado dentro de las “áreas con menor desarrollo relativo: nivel medio”.
Se trata de comunidades cuyos habitantes no han dejado de luchar por dejar atrás estigmas sociales. En particular, hacia el centro de Sagrada Familia, a lo largo de la avenida 36, el panorama es más generoso, con presencia de comercios, iglesias y condominios de construcción reciente.
Pero aún es bastante complicada la situación en las zonas aledañas al río María Aguilar, lo cual incluye al tristemente célebre sector de Bajo La Puñalada, así como la zona del Estadio Teodoro Picado.
El trabajo “Aquí no viven sólo bandidos: Pobreza, problemáticas sociales y subjetividades en los “barrios del sur” San José, Costa Rica (1953-1978)”, publicado por Carlos Izquierdo Vázquez, relata cómo el término “barrios del sur” se usa con toda su carga simbólica desde los años 30.
Sin embargo, señala que la ocupación de esa zona al sur de la ciudad de San José empezó desde finales del siglo XIX.
Ese trabajo apunta que esos barrios “estaban constituidos por viviendas o cuartos que no contaban con el equipamiento adecuado y en incumplimiento de las normativas urbanísticas, higiénicas, el planeamiento urbano y el uso de los materiales adecuados. La mayoría de sus habitantes carecieron de las posibilidades económicas para habitar en otro lugar, mientras que las respuestas institucionales hacia el tugurio no fueron integrales y su cobertura no fue proporcional a las necesidades de vivienda”.
Es decir, la falta de inversión pública en estas comunidades es sistémica e histórica de larga data, sobre todo si se piensa que ya cuando se daba esa ocupación el río María Aguilar “se encontraba altamente contaminado por desechos sólidos y aguas negras y residuales. En sus orillas, así como en otras partes de los barrios, se desarrolló un lucrativo negocio en torno al alquiler de tugurios y cuartos”.
En lo que respecta, por ejemplo, a 25 de Julio, se originó como un precario tras una toma de tierras a inicios de los años 70, “cuando se invadió un terreno conocido como Calle de la Tabla”, señala el investigador Roberto Blanco Ramos en su artículo “Los del Sur de la ciudad capital: Control social y estigmatización en los barrios del sur de San José, 1950-1980”.
Ese artículo, publicado en la revista Diálogos de la Escuela de Historia, cita información del periódico La Libertad, que en 1971 detalló que “a escasos cuatro kilómetros del centro de San José viven 32 familias en miserables tugurios enclavados en una calle municipal detrás de la iglesia de Hatillo. Construcción de cartón, retazos de madera y plástico a lo largo de 400 varas constituyen el pasaje de barrio de los Aguantafilo como han decidido llamarlo sus propios pobladores”.
Embate del crimen organizado
El policía Erick Villalobos mostró cómo algunos búnkeres destruidos hace un par de semanas estaban siendo reconstruidos y, ante la pregunta de si ello no le frustra, confesó que “mejor en eso no piensa uno, puede ser más frustrante ver asaltantes en San José todos los días que tienen 200 pasadas y siguen asaltando”.
Al mismo tiempo, recalcó que “la mejor forma de perseguir y hacerle daño a las organizaciones criminales es ir tras el dinero”, pero reclamó que el país debe contar con mejores herramientas legales para ello.
Respecto al tema de los delincuentes comunes que acumulan “pasadas” y siguen en la calle, Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Enlace Corte – OIJ, recordó que de acuerdo al Código Procesal Penal y sobre todo a la Constitución Política, la prisión preventiva debe imponerse de forma excepcional, “en la medida en que un juez penal valore que una persona no representa un peligro procesal, determina que puede sujetarle a través de otras medidas menos gravosas”.
Por ello, destacó la importancia de “tener un juez probo e idóneo resolviendo, la idoneidad pasa por todo un proceso de selección de la judicatura” y destacó que mediante la llamada justicia restaurativa “se puede hacer muchísimo”, en la medida en que se pueda resolver “asuntos conflictivos” que son “de menor monta” a partir “del acercamiento de víctimas y ofensores y a partir del sentimiento de que yo cometí un daño y tengo que repararlo”.
Dijo que ello aporta a “reconstruir tejido social y cuando reconstruimos el tejido social y le devolvemos a la comunidad a una persona restaurada, esa persona restaurada no va a volver a delinquir”, aseguró.
Por su parte, el especialista en temas de seguridad Álvaro Ramos analizó la problemática de estas comunidades a partir de dos grandes principios. En primer lugar, mencionó el tema de seguridad comunitaria como tal y destacó al respecto la importancia de la recuperación de espacios públicos, como parques.
“En el momento en que perdemos los parques, se pierde el concepto comunitario”, aseveró y sumó otros servicios como la recolección de basura o la correcta iluminación de paradas de buses, de tren o a la entrada de EBAIS o clínicas.
Ramos observó que la proliferación de búnkeres “es un fenómeno muy dañino, sobre todo para esas comunidades en el arco sur de San José”, donde se han dado luchas entre las distintas organizaciones criminales. Mencionó el caso de María Reina, donde los delincuentes según dijo “se pasean en la calle con armas de alto calibre, como una zona de guerra, esto es exactamente lo que lleva a la pérdida de la institucionalidad y del control y presencia del Estado”.
Con esa declaración apuntó al segundo gran elemento de su análisis, que denomina los “grandes ausentes” en alusión a ciertas instituciones.
Apuntó que el país vive una “epidemia” de consumo de drogas, que se ha incrementado mucho según dijo con el “aumento en mercado local de gran presencia de cocaína, sus sucedáneos como el crack, marihuana con alto THC de Colombia y la del fentanilo”.
Ante ello, dijo que una institución “fuerte” como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que tiene presencia en todo el país, debería aportar “su enorme capacidad técnica” para tratar el tema de las adicciones, pero “está completamente ausente”.
Similar reclamo hizo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y también llamó la atención al tema migratorio, “ausente en estas comunidades” y referenció la situación que se vive en Crucitas.
También criticó al Banco Central (BCCR), ya que “en este momento se lava dinero masivamente producto de la criminalidad, en colones y dólares y el Banco Central tiene una actitud de negación, como si no existiera el lavado”.
Por otro lado, con un poco más de optimismo, celebró que el país cuente con legislación como la Ley de Capitales Emergentes o la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
