“Por esta vía queremos ofrecerle varias explicaciones de por qué es económicamente necesario para Dekra cobrar la reinspección de vehículos que reprobaron la primera inspección”.
Así comienza una carta con fecha del 7 de octubre que Peter Villari, director para Norteamérica de inspección de vehículos de Dekra, envió al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador.
Entre otras consideraciones, Villari apuntó que “determinamos que la tasa de reinspección está en el ámbito del 40% de todas las inspecciones” y que, de todos los vehículos reinspeccionados, 20% lo serán solo por un defecto, mientras que el 80% por dos o más.
Añadió entonces que la reinspección de vehículos con más de un defecto le generará a la empresa un aumento en sus costos de operación de un 18%.
“Para 2023, primer año completo de actividad, estimamos unos costos operativos de $17,3 millones. El aumento del 18% en esos costos generado por las 500.000 reinspecciones a ser realizadas representa $3,1 millones, lo cual por cada reinspección equivale a unos $5. En nuestra propuesta financiera original, solicitamos tarifas de reinspección equivalentes al 60% de la tarifa de inspección, es decir $6,60, comparados con los $6,22 de gastos extra generados por esas reinspecciones, lo cual es un margen de ganancia de solo un 6%”.
Es decir, la empresa alegó que, para mantener el margen de ganancia deseado, requería un cobro particular para las reinspecciones cuando se hubiese hallado dos o más defectos durante la inspección de un vehículo.
Ese cobro fue establecido en un decreto publicado 48 horas antes de que la empresa empezara a trabajar en el país el pasado 28 de octubre, a pesar de que el mandatario Rodrigo Chaves y el propio Amador dijeron y reiteraron durante meses que la propuesta de la empresa era no cobrar por la reinspección y culparon de ello a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Se consultó al propio Amador directamente si en algún momento la empresa Dekra pidió que se estableciera el cobro por reinspección, a lo que respondió “Dekra dijo: cuando son dos o más faltas graves, necesito que me paguen”.
El jerarca justificó la necesidad de llevar a cabo la inspección total de nuevo en que vehículos que presenten dos “faltas graves” pueden ser propensos a tener más problemas durante el mes que se les da para corregirlas, al tiempo que expresó preocupación, pues no se tiene estadísticas de la incidencia de defectos como causa de accidentes.
“¿Usted sabe lo que son dos faltas graves?, sus frenos no sirven y usted tiene las llantas lisas. Se llaman graves y son peligrosas, de alto riesgo”, señaló.
“Esta es una de esas decisiones difíciles que uno no quiere tomar, pero que es mejor tomarla a dejar que no haya inspección técnica y todos los accidentes de tránsito que pueden ocurrir por el mismo efecto”, acotó.
Luego se insistió en preguntar si Dekra fue enfática en su necesidad de cobrar la reinspección cuando se trate de dos faltas o más, a lo que replicó “sí, y recuerde que Aresep cuando calculó su tarifa, lo calculó con base en nada, ellos no podían usar la oferta de Dekra”.
Todo ello quiere decir que, a pesar de que la posición del Gobierno siempre fue que la reinspección no se cobraría, al menos desde el 7 de octubre se conocía la pretensión de la empresa de cobrarla cuando se trate de dos faltas graves como una inspección completa (₡6.445 la tarifa mínima y la máxima ₡7.156).
El recurso que forzó el cobro
En un principio, cuando se le planteó el tema de las tarifas y el papel de Aresep, Amador replicó “esto es muy fácil, el concesionario ofertó ₡7.500 por la inspección, (por reinspección) cero cuando era un solo componente y ₡4.500 cuando eran dos o más, y a Aresep no se le dio la gana, Aresep solo sacó una tarifa por la inspección de ₡8.000 y resto”.
Sin embargo, documentos pertinentes al caso contradicen al jerarca. Fue desde el 22 de junio que Amador envió un oficio a Edward Araya, intendente de Transportes de la Aresep, con la solicitud tarifaria inicial para el servicio de revisión técnica vehicular, para el periodo del 16 de julio 2022 al 16 de julio 2024.
Allí, explicó que la propuesta consistía en un modelo tarifario basado en la rentabilidad del operador, para lo cual se tomó un margen de ganancia esperado del 16%, con base en los estados financieros de Riteve SyC S.A. del 2009 y traídos al valor presente.
Ese oficio concluye con la propuesta de una única tarifa para cada tipo de vehículo, por ejemplo para livianos de ₡7.605.
Mediante resolución RE-0087-IT-2022 del 12 de agosto de 2022, publicada en La Gaceta el 18 de agosto, la Intendencia de Transporte resolvió la fijación de las tarifas del servicio de inspección técnica vehicular, que para vehículos livianos quedó en ₡7.318 mínima y ₡8.125 máxima.
Nótese que, hasta ese entonces, ni la petición del MOPT ni la resolución de Aresep establecieron ninguna diferencia tarifaria respecto a la inspección y la reinspección.
Sin embargo, pocos días después, el 17 de agosto —cuando aún no se había publicado—, una abogada de apellidos Víquez Barrantes presentó un recurso de revocatoria contra esa resolución.
Ese recurso alegó entre otras cosas que “tanto por la forma como por el fondo”, la propuesta tarifaria presentada por el MOPT “no se ajusta a la metodología vigente” y que “la metodología utilizada es omisa en cuanto a la determinación de las tarifas para la re-inspección vehicular”.
Por ello, solicitó “rechazar el procedimiento de fijación tarifaria” solicitado por el MOPT y que “se mantengan las tarifas vigentes hasta tanto la Aresep de inicio al debido proceso para establecer una nueva metodología para dicho servicio, de conformidad con la normativa vigente”.
Esas “tarifas vigentes”, las de Riteve, eran en todos los casos un 48% más caras, pues a esa empresa en el cálculo tarifario se le reconoció la inversión en infraestructura.
Ocho días después, el 24 de agosto, en conferencia de prensa, el mandatario Rodrigo Chaves informó de la designación de la empresa alemana Dekra para hacerse cargo de la nueva inspección técnica vehicular.
El 14 de octubre la junta directiva de Aresep declaró parcialmente con lugar ese recurso y le dio la razón a la abogada Víquez únicamente en la omisión de las tarifas para reinspección, pero ello bastó para determinar la nulidad absoluta de la fijación tarifaria del 12 de agosto.
Por ello, mediante una nueva resolución del 19 de octubre, la Intendencia de Transportes fijó las nuevas tarifas: En el caso de vehículos livianos, la inspección se estableció en ₡6.445 la mínima y en ₡7.156 la máxima, mientras que para la reinspección quedaron en ₡1.727 y ₡1.917 respectivamente.
Sin embargo, tal como informó UNIVERSIDAD, el miércoles 28 de octubre —un par de días antes de que entrara en operaciones Dekra—, se publicó un decreto mediante el cual el MOPT estableció que, cuando durante la inspección se determine dos defectos graves, lo que procede para subsanarlos es pagar de nuevo la inspección, tal como lo solicitó al empresa.
Decreto respecto al cual, ya sobre cierre de edición, el ministro Luis Amador informó que “tuvo un error” al determinar que los vehículos con falta grave deben salir del taller de revisión técnica por medios ajenos, es decir grúa o plataforma.
El jerarca dijo que el error sería corregido mediante una fe de erratas y añadió que en el caso de los vehículos con faltas muy graves se mantiene lo vigente desde 2002.
Señaló que “una falta peligrosa, que es la que sí debió haber quedado consignada en el decreto”, se refiere a “elementos muy serios, como por ejemplo fugas en el sistema de frenado, fugas en el líquido de la dirección hidráulica, frenos que no funcionan, motores que no están bien agarrados del chasis y fugas en el sistema de combustible que puedan hacer que un vehículo se prenda en fuego, por citar algunos ejemplos”.
