El abrumador déficit de 6,37 billones (millones de millones) de colones que pesaba sobre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, se redujo en 5,75 billones según el último estudio actuarial realizado a diciembre de 2018.
El informe de la empresa consultora Proveedor Integral de Precios Centroamérica, S.A. detalla que tras las medidas aplicadas con la Ley 9544, el escenario cambió dramáticamente para este sistema de pensiones, aunque aún no se puede decir que se ha alcanzado el equilibrio.
La última reforma a este sistema de pensiones implicó cambios como el aumento en la edad de retiro a 65 años, que el monto final de la pensión pasara de un 100% al 82% del promedio de los últimos 240 salarios (20 años) así como un incremento en el porcentaje de cotización de los empleados de un 11% a un 13%.
Este último estudio actuarial además se hizo con “población cerrada”, lo que significa que la evaluación se realiza con la población actual del fondo y bajo el supuesto de que no se reciben nuevos afiliados.
En 2015, cuando se estimó un déficit de 6,37 billones de colones, el análisis se había hecho con población abierta, modelo en el cual se tiene que estimar también la población que seguirá ingresando al fondo en el futuro.
En este caso, la nueva valoración actuarial con población cerrada estaría en concordancia con lo que recomienda la Superintendencia de Pensiones (Supen) para este tipo de análisis.
Pese a lo positivo de la reducción del déficit, el informe actuarial recomienda ampliar en algunas mejoras en el perfil de beneficios del Fondo y no comprometer desde ya los pagos, sino que los ajustes a las pensiones se realicen de acuerdo con las condiciones actuariales y financieras de cada momento.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, aseguró que los resultados de este informe son muy positivos, y podrían serlo más, si el Poder Judicial logra resolver pronto la conformación de la Junta Administradora de este fondo de pensiones.
“Es una mejora muy importante, pero se puede hacer más todavía. Sin embargo, en materia de pensiones hay que tener cuidado con las medidas que se toman, porque es un asunto muy complejo”, comentó.
El magistrado apuntó que se han tenido que declarar desiertos los concursos para la conformación de la junta y se deben aclarar aspectos como si los integrantes de este órgano pueden recibir salarios o dietas.
Sobre este punto, el Secretario General del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD), Jorge Morales, explicó que la junta estaría conformada por seis integrantes: tres electos por el Consejo Superior del Poder Judicial, y tres que eligen los empleados judiciales en elección abierta.
Morales indicó que existe una contradicción en la ley, pues por una parte se estableció que los funcionarios que integren la junta seguirían devengando sus salarios, pero por otra, se estableció que recibirían pago de dietas, lo cual crea un problema.
“Era lógico que se pagaran dietas, pero como los diputados no lo entendieron, hicieron arroz con mango y esas son las cosas que han venido atrasando la integración de la Junta”, explicó.
Para Morales, los resultados del informe son muy positivos y contiene una serie de recomendaciones con las que estarían parcialmente de acuerdo.
Por ejemplo, el dirigente aseguró que es necesario modificar el cálculo de las pensiones del Poder Judicial, de tal forma que se reconozca mejor a quién ha cotizado por más años, pues de la forma actual, quien se pensione tras trabajar durante 45 años o 35 años recibiría exactamente lo mismo.
