País

Defensoría quiere saber cuántos son los buses que los empresarios no sustituyeron al vencerse su vida útil

La solicitud se la están haciendo al Ministro Luis Amador por preocupaciones que se dan como seguimiento al proyecto de ley que pretende aumentar la vida útil de las unidades de transporte.

Ante la confusión sobre los datos reales, la Defensoría de los Habitantes pidió  al ministro de Transportes, Luis Amador, la lista de las empresas autobuseras que han renovado sus flotillas, al superar los 15 años de vida útil, en cumplimiento con la Ley sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (No. 7600) como uno de diez requerimientos de información que plantean ante el jerarca.

En un oficio enviado este lunes 9 de enero a Amador en su calidad de presidente de la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), Tatiana Mora, defensora a.í., explicó que en el marco del trámite del expediente legislativo 22.530, el proyecto de Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica provocada por el COVID-19, “diversos sectores han manifestado posibles afectaciones que tendría la población usuaria del transporte autobusero regular”.

Ante esa preocupación es que la Defensoría acudió a Amador con sus requerimientos de información.

Cabe recordar que ese proyecto de ley fue planteado para aumentar la vida útil de los buses de 15 a 20 años, una propuesta muy impopular sobre todo ante las constantes críticas y denuncias de organizaciones de la sociedad civil -sobre todo de población con discapacidad- por insatisfacción ante el estado de las unidades de transporte público.

De hecho, de acuerdo con datos del Cuerpo de Bomberos divulgados por NC11, el año pasado se presentó un total de 19 casos de buses que se incendiaron.

La Defensoría solicitó los datos de empresas que a diciembre del 2022 mantenían unidades de 15 años o más; información sobre las gestiones realizadas por CTP en relación con las empresas que mantienen unidades que superan los plazos de vida útil permitido por la ley y copia de los acuerdos que el CTP adoptó en 2022 “en relación a esta situación y de los estudios que hayan dado sustento a esas decisiones”.

También se solicitó si una serie de especificaciones técnicas introducidas en 2017 al Reglamento de la Ley No. 7600 fueron incorporadas en el Manual de Revisión Técnica, “a efectos de conocer cuáles aspectos en materia de accesibilidad están siendo objetivo de revisión”.

Respecto al “paro técnico” que representantes del sector autobusero han dicho que podría suceder si se aprueba el mencionado proyecto de ley, la Defensoría inquirió qué “medidas inmediatas” tomaría el CTP.

Además la Defensoría requirió de Amador un listado de empresas que obtuvieron renovación de sus concesiones en firme; estado actual del proceso de referendo y cuándo se espera entren en vigencia; así como de las rutas operadas por empresas que ostentan la condición de permisionarios.

En ese último caso se solicitó al jerarca “informar y documentar” las razones por las cuáles esas rutas son operadas bajo esa modalidad y “la estrategia de esta Administración para solventar esa situación y otorgar la prestación del servicio mediante la figura de la concesión”.

Al mismo tiempo, la Defensoría solicitó la lista de las empresas que hayan abandonado una ruta, los motivos para ello y las acciones que realiza el CTP para restablecer la prestación del servicio.

Finalmente, se solicitó también el listado de empresas que no obtuvieron la renovación de sus concesiones a partir de una resolución del Tribunal Administrativo de Transportes (TAT).

En este caso, se solicito además información respecto de si esas empresas dejaron de prestar el servicio al perder su concesión. “En ese caso, se le solicita informar qué empresa asumió la o las rutas involucradas”, reza el documento.

Además, en caso de que las empresas que perdieron la concesión sigan operando, se inquiere sobre las razones para ello y cuando se trata de rutas que no estén siendo operadas, se solicitó el detalle de la situación de cada una, los motivos por los cuáles no son atendidas y la estrategia con que el CTP pretenda solucionar esa situación.

Cabe mencionar que este martes la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa tenía este proyecto de ley en agenda, pero lo pospuso para dar prioridad a otros temas.

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