La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) salió en defensa del bolsillo del consumidor y le propuso al Gobierno presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto para reducir el impuesto sobre los combustibles, dado el efecto regresivo que tiene en la población de menores ingresos y el lastre que implica para la competitividad de la economía costarricense.
A la vez instó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a mejorar y hacer más comprensibles para los usuarios el método y el procedimiento de la fijación de los precios y tarifas.
Asimismo, pide cambios en la realización de las audiencias públicas previstas en la ley para discutir las modificaciones tarifarias, de modo que la Aresep explique la metodología y el procedimiento de manera comprensible al público y aporte análisis sobre el posible comportamiento de los nuevos precios y su impacto en cada uno de los sectores (residencial, industrial y otros).
La DHR emitió el pasado 19 de mayo el informe de un estudio sobre el modelo tarifario, que inició en setiembre del 2014, e incluye recomendaciones para el presidente Luis Guillermo Solís y el Regulador de los Servicios Públicos, Roberto Jiménez.
A la investigación aunó denuncias presentadas por el exregulador general Leonel Fonseca Cubillo, y por el ciudadano economista Juan Rodríguez Carazo.
Fonseca solicitó la intervención de la Defensoría y de la Contraloría General de la República, para analizar situaciones relacionadas con la gestión financiera de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que podrían afectar el precio doméstico de los combustibles.
Por su parte, Rodríguez cuestionó el modelo tarifario de los combustibles y la forma como la Aresep incorpora algunos gastos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en el margen de operación de esa empresa, que se incluye en el precio interno de los combustibles.
Entre las conclusiones del estudio, la Defensoría expresa preocupación por la forma como Aresep aplica la fórmula automática de actualización del precio de los combustibles, y considera inapropiado que utilice como base precios de referencia internacionales de los combustibles y no los precios efectivos pagados por la empresa estatal durante el período en estudio.
Un precio de referencia no necesariamente es un precio de costo y, por tanto, su uso en fijaciones en la fijación de los precios internos no es consistente con el principio de servicio al costo establecido en la Ley de la Aresep (N°7593), anota la DHR.
La Defensoría siempre ha expresado su preocupación por que la fórmula automática conduzca a un recargo innecesario de las tarifas de venta de combustibles al usuario final. En ese sentido, llama la atención que los medios de prensa informaran que durante el año 2007 Recope obtuvo utilidades contables por ¢50.000 millones, siendo que los precios de los combustibles aumentaron aceleradamente para los usuarios finales, señala.
Al respecto observa, que un precio de un mercado de referencia no necesariamente corresponde a un precio al costo, ni es necesariamente consistente con las características del producto que adquiere la empresa. El ejemplo más claro se tiene con los precios de referencia para las ferias del agricultor que emite cada viernes el Consejo Nacional de Producción (CNP) y que se publican en los diarios nacionales y en algunos noticiarios de televisión.
Dichos precios son una guía para que el consumidor valore qué tan caros o baratos estarán los productos el fin de semana. No obstante, cuando la persona asiste a la feria del agricultor, los precios verdaderos de los productos pueden diferir de los señalados por el CNP; asimismo, los precios entre ferias o plazas pueden ser distintos, explica el análisis de la Defensoría.
La DHR reconoce que la Aresep ha efectuado en estos años un proceso de depuración y clarificación de los componentes que integran el precio doméstico de los combustibles. Sin embargo, no se ha abordado la principal objeción que ha presentado la Defensoría respecto a las variantes metodológicas, la cual ha sido la fijación de los precios domésticos con base en precios internacionales de referencia.
La Autoridad Reguladora ha interpretado que un precio internacional de referencia es un precio de costo; independientemente de si la empresa regulada (Recope) adquiere el producto que revende a los distribuidores a otros precios.
Debido a esta situación, los usuarios de combustibles se han visto obligados a pagar los combustibles a precios diferentes a los que realmente los adquiere Recope. Los usuarios finales de los combustibles (empresas y hogares), deben pagarlos a un precio internacional de referencia al que se le agregan los costos de internamiento de Recope, el margen de comercialización de los expendedores y el impuesto único.
De manera que no reciben en corto plazo ningún beneficio de las negociaciones de precios que realiza Recope en la compra, dado el poder monopólico que posee al ser la única empresa nacional autorizada para adquirir en los mercados internacionales los combustibles de todo un país, describe el informe.
En vista de que la Aresep insiste en utilizar los precios internacionales de referencia interpretando que cumple con el cometido de que el servicio sea brindado al costo, la Defensoría le recomienda al Regulador realizar una consulta a la Procuraduría General de la República sobre la interpretación y los alcances del principio de servicio al costo establecido en la Ley de la Aresep, en relación con la utilización de precios internacionales de referencia en lugar de los precios efectivos de compra o importación.
La Defensoria señala también que la “metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final” actualmente en vigencia (fue aprobada el pasado 15 de octubre) es compleja y difícil de comprender para los usuarios.
La fórmula básica del modelo tarifario se compone a la vez de 46 ecuaciones matemáticas y alrededor de 142 variables definidas a nivel conceptual, lo cual hace difícil la comprensión de la metodología y su aplicación. En este sentido, la Defensoría considera que la Aresep no logra su objetivo de “mejorar la redacción de la metodología, con el fin de facilitar la comprensión de los cálculos”.
La DHR recomienda al regulador general revisar el procedimiento y metodología utilizados en las fijaciones ordinarias y extraordinarias de los precios de la energía (tanto combustibles como electricidad), de manera que se establezcan nuevos procedimientos y nuevas metodologías congruentes con los principios regulatorios y tarifarios establecidos en la Ley Orgánica de la Aresep.
Se deben incorporar aspectos de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio, así como los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de la energía y eficiencia económica, aspectos de la regulación que no se están cumpliendo, dice la DHR.
También advierte que la audiencia pública que realiza la Autoridad Reguladora en materia de fijaciones y metodologías tarifarias, según lo dispuesto en el artículo 36 de su Ley Orgánica, constituye un trámite formal administrativo, que no alcanza a proteger los derechos e intereses de los participantes.
La DHR pide, por tanto, hacer un estudio integral sobre el proceso de audiencia y consulta pública, a fin de aplicar en el corto plazo las mejoras correspondientes para que dichas consultas se conviertan en verdaderos espacios de participación ciudadana, real y eficaz, congruentes con el principio de participación del artículo 9 de la Constitución Política y el Enfoque de los Derechos Humanos.
IMPUESTO
Otro motivo de preocupación es el monto del impuesto a los combustibles –que se actualiza trimestralmente y actualmente constituye más del 40% del precio total – por el peso que tienen en la competitividad de la economía y su impacto regresivo en la población de menos recursos.
La DHR recomienda al Poder Ejecutivo poner a discusión de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reducir el monto del impuesto a los combustibles.
Además, la Defensoría reitera una propuesta que ya había presentado al Gobierno en el 2006, para que se reforme la ley a fin de condicionar las actualizaciones trimestrales automáticas del impuesto, de manera que no se realice la actualización en periodos de crisis económicas internacionales o crisis inflacionarias internas que afecten la economía nacional.
Reconoce que, si bien no es factible en el corto ni mediano plazo pensar en la eliminación del impuesto único a los combustibles, dada la coyuntura fiscal actual, la Defensoría considera necesario establecer condicionamientos al crecimiento de ese impuesto establecido por ley (el monto del impuesto se encuentra indexado al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor).
Refiriéndose al documento de la Defensoría, Juan Manuel Quesada, intendente de energía de la Aresep, declaró al programa Nuestra Voz de Radio Monumental que lo van a analizar técnicamente y posteriormente estarán dando respuesta a la Defensoría sobre cada una de las propuestas.
El funcionario destacó que la Aresep desde hace tiempo ha venido haciendo esfuerzos por mejorar la metodología, y la propuesta aprobada “no es algo que apareció antier”. Es un proceso que se ha venido construyendo de una manera transparente y participativa desde diciembre del 2014. Es decir, que no es de último momento lo que se ha sometido a audiencia, todos los sectores han sido invitados, alegó.
Por su parte, Ana Karina Zeledón, Directora de Asuntos Económicos de la Defensoría, que coordinó el informe, dijo que Aresep ha hecho esfuerzos pero son incompletos, y por eso se le notificó las las recomendaciones “para que no nos vuelva a poner tanto a regulados como usuarios en esta situación”.
Y es que, en su criterio, a todos los sectores regulados y a los usuarios la Aresep “los ha dejado a ciegas” a la hora de valorar las metodologías que aplica en la fijación de tarifas, porque las fórmulas no se comprenden y además en las audiencias no se ha presentado ni un solo análisis de impacto, por lo que ha resultado una caja de sorpresas lo que va a ocurrir cuando la metodología se aplica.
BURLA
El exregulador Leonel Fonseca se declaró complacido de que DHR haya sido contundente en lo anticipado por su denuncia, de que hay una burla al mandato legal de servicio al costo, porque para la fijación del precio de los combustibles no se usa lo que le cuestan a Recope, sino los precios internacionales de referencia.
En su criterio, lo que ha sucedido es que desde que “los economistas neoliberales tomaron por el asalto la Aresep”, desde junio del 2006 con el nombramiento del entonces Regulador Fernando Herrero, los principales funcionarios, asesores y consultores nombrados, que eran de ese pensamiento, crearon una serie de metodologías y fórmulas economicistas con las que se han cometido una serie de fallas y anomalías regulatorias y tarifarias.
En su opinión, eso lo reflejan el estudio de la DHR y sendos informes que emitió el año pasado la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que investigó cuestionadas actuaciones de la Aresep (expedientes 18.856 y 19.519), y cuyas recomendaciones deberían ser tomadas muy en cuenta por el nuevo Regulador General, el Poder Ejecutivo y la opinión pública en general.
En uno de los informes la comisión legislativa analizó aspectos regulatorios y actuaciones presuntamente ilegales de la Aresep y pidió la destitución del entonces regulador Dennis Meléndez (quien luego se acogió al derecho de pensión).
El otro informe analizó presuntas irregularidades en la fijación de las tarifas de buses – que afectan a cerca de dos millones de usuarios – encontrando presunta “negligencia y corrupción”, por lo que recomendó al plenario legislativo solicitar una investigación del Ministerio Público y de la Procuraduría de la Ética sobre los directivos de Aresep y autoridades del Consejo de Transportes.
Como ha vuelto usual en la Asamblea Legislativa, tales informes no fueron vistos por el plenario legislativo y han quedado en el papel sin mayores repercusiones, más allá de la divulgación en los medios de comunicación que permite a la gente de enterarse de lo que sucede.
Aresep en la mira
En diciembre del 2015, la Comisión de Ingreso y Gasto Público, en su informe sobre la investigación de los mecanismos, procedimientos y fórmulas aplicados para aprobar los aumentos de la tarifas de autobús (expediente Nº 19.519), recomendó al plenario legislativo, entre otros puntos, remitir al Ministerio Público dicho expediente, a fin de que investigue si los hechos descritos constituyen delito de incumplimiento de deberes en el caso del entonces regulador general Dennis Meléndez y los directores de Aresep.
Asimismo, iniciar un proceso contra el Regulador General y los miembros de la Junta Directiva de Aresep por eventual negligencia o falta grave contra el ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo, debido a que no se realizaron los estudios técnicos requeridos para fijar las tarifas del servicio de transporte modalidad autobús, ni la debida fiscalización técnica a los prestadores del servicio para comprobar el adecuado manejo de los factores que afectan el costo del servicio.
Además, pedir la destitución de los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, por ser responsables de aprobar un mecanismo que permite la simulación de demanda de pasajeros en modalidad autobús, sobre el cual se fijan tarifas que perjudican a los ciudadanos
Solicitar a la directiva de Aresep iniciar un proceso contra el Intendente de Transportes, Enrique Muñoz, por aprobar tarifas que el propio Regulador consideró “irracionales, arbitrarias y absurdas”, y con lo cual perjudicó a miles de ciudadanos en diversas zonas del país.
A su vez, en junio del 2015 una subcomisión del mismo panel legislativo, que investigó actuaciones de los miembros de la junta directiva de Aresep, en relación con la aprobación de tarifas, disposición de recursos públicos, y su impacto en la situación fiscal del país (expediente Nº 18856), también recomendó enviar el expediente al Ministerio Público y denunciar ante la Procuraduría de la Ética a todos los directivos de Aresep.
Los diputados concluyeron que las autoridades del ente regulador crearon ilegalmente la figura de las intendencias, las cuales asumieron las responsabilidades que por ley le corresponden al Regulador y, a pesar de que eliminaron responsabilidades al Regulador General, la junta directiva aprobó el aumento de salario de dicho funcionario, que pasó de ¢6,1 a ¢7,1 millones, cobijados en un estudio técnico que les permitió justificar las enormes alzas de sus sueldos.
Como otra irregularidad señalaron el alquiler del edificio Oficentro Multipark en Escazú, por el cual se pagaba ¢761 millones al año, arrendo que se realizó sin el estudio previo de costo-beneficio que exigió la Contraloría General de la República.
Entre las conclusiones incluyeron recomendar la aprobación de los proyectos de Reforma a la Ley de la Aresep, que se tramitan en la Asamblea Legislativa bajo los expedientes números 19169 y 19103.
La Aresep rechazó en esa oportunidad las acusaciones, afirmando que existe una campaña articulada para debilitar al ente regulador e impedir que siga defendiendo el interés público y los derechos de los usuarios.
“Es, precisamente, la amenaza de un ente regulador fuerte y capaz la que hace que los grandes intereses se movilicen en su contra”, indicó la junta directiva por medio de un comunicado.
