País

Defensoría pide respuestas a CNE por estructura paralela

En marzo pasado un grupo de funcionarios de la CNE denunciaron a UNIVERSIDAD que la institución instaló una estructura paralela, aplicando mecanismos inusuales, para atender la emergencia por COVID-19

La Defensoría de los Habitantes solicitó al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Alexander Solís, aclarar las dudas existentes en torno a la supuesta estructura paralela que se estableció en dicha institución, con sede en el Gimnasio Nacional, para atender el COVID-19.

La Defensoría solicitó concretamente un informe en que se detalle la cantidad de personal profesional y no profesional que labora actualmente en la CNE, el costo anual en salarios para 2020 y 2021;  y el costo mensual y anual del salario de la persona responsable de la oficina ubicada en el Estadio Nacional.

“Las y los habitantes tienen el derecho de conocer, por transparencia, el uso de los dineros destinados para atender la pandemia y la optimización de los fondos públicos en un momento en que el país vive una situación económica muy difícil”, afirma el documento emitido por la entidad y agrega que un informe rendido previamente por la Comisión se consideró insuficiente, “por lo que se determinó repreguntar este próximo lunes los aspectos que la CNE no contestó”.

En marzo pasado UNIVERSIDAD informó que la CNE contrató a 267 personas para la emergencia bajo el decreto de emergencia, por vías extraordinarias (sin mediación del Servicio Civil o el sistema regular de reclutamiento), mientras la planilla ordinaria es de 171 personas,

Varios funcionarios con quienes este medio tuvo contacto indicaron que, como la declaratoria de emergencia nacional faculta el uso de mecanismos extraordinarios de contratación, “la interpretación de la excepción se llevó al límite” y las contrataciones de personal se hicieron “a dedo”, además de que algunos de estos funcionarios contratados hasta realizan funciones que debería ejecutar el personal ordinario, que se considera relegado.

Los denunciantes afirmaron que desde esa estructura paralela, a cargo de la emergencióloga María Fernanda Meneses (conocida internamente como la “Oficina Covid”) “se invita a gente, que uno no sabe si es que son compas o qué; se le entrevista y se hacen los trámites, que luego se mandan a Recursos Humanos, a quien le toca ejecutar la acción de personal porque la orden viene de arriba”, de modo que los procesos de reclutamiento y compras no pasan por las unidades de Recursos Humanos, Investigación y Análisis, Gestión de Operaciones o Desarrollo Estratégico, encargadas de revisar y tramitar las inversiones de los planes de emergencia.

Alexánder Sollís indicó en el momento de esa publicación que “Nosotros no tenemos una oficina paralela, lo que hemos creado es un mecanismo que nos permita apoyar las tareas que no podemos desarrollar bajo el mecanismo ordinario” y aseguró que el espacio extra se gestionó porque no había dónde acomodar al personal requerido para atender la pandemia.

Este semanario solicitó los detalles sobre el informe previo presentado por la CNE ante la Defensoría y la reacción de la institución ante esta solicitud, pero al cierre de esta nota, la solicitud sigue en trámite.

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