La alta concentración de rutas de autobuses en manos de grupos millonarios es el objeto de una investigación que decidió abrir la Defensoría de los Habitantes tras la denuncia de un ciudadano que pidió apoyo para presionar por respuesta del Consejo de Transporte Público (CTP).
Se trata de la “SOLICITUD DE INTERVENCIÓN N° 347010-2021-RI” en torno al lucrativo formato de negocio de grupos que poseen la adjudicación de rutas de buses en una cantidad mayor a tres, el máximo que establece la ley para un sector que en movió $385 millones en el año 2017.
Una investigación publicada en enero de 2019 por este semanario mostró que 10 grupos empresariales concentraban la mitad de esos ingresos, gracias a manejosCTP, autobuses, Defensoría de los Habitantes,
legales. Un total de 27 de ellos poseían la explotación de más de tres rutas y sobresalía el Grupo JSM, con 25 concesiones y un 11% del total de ingresos.
Por situaciones como estas, el ciudadano Francisco Aliben Campos Campos acudió con su denuncia ante el CTP y a la Defensoría para que apoye la consulta, como se muestra en el oficio enviado el martes 23 de marzo a Juan Manuel Vega Villalobos, director ejecutivo del CTP.
“No es un secreto, la tolerancia e impunidad de los grandes empresarios de buses, por parte del CTP y la ARESEP. Pareciera que gracias al financiamiento de campañas políticas, tiene una “patente de corso “para hacer lo que les da la gana”, dice la solicitud de Campos a la Defensoría.
Ana Karina Zeledón, directora de Estudios Económicos y Desarrollo en la Defensoría de los Habitantes, firmó la admisión de la solicitud de intervención de esta entidad, con lo cual dio cinco días hábiles al CTP para entregar la información pedida por Campos o una copia de lo entregado.
El denunciante señaló dos casos: “en especial, la concentración de las rutas denunciadas, en manos del señor Raymond Semaan Kachab, financista del PIN, por casi 1.200 millones de colones. Pero de igual manera en otras zonas del país y en área metropolitana se presenta esta concentración a vista y paciencia de autoridades denunciadas, véase el caso de Grupo de Interés Económico Caribeños (Grupo JSM) con múltiples rutas en Limón y Guanacaste”.
Añade: “El método que utilizan para burlar el artículo 11 de la Ley 3503, es” desaparecer códigos de ruta “realizar fusiones ilegales y así hacen aparecer pocas rutas en manos de los acaparadores; lo que pasa es que en este caso concreto denunciado, es que como sienten que son intocables, a veces pasan por alto que existe mucha información pública que opera en su contra”.
La publicación de UNIVERSIDAD del 2019 señalaba que los problemas tienen como origen una ley de hace 53 años y de un desorden administrativo en el Consejo de Transporte Público (CTP), lo que genera una nebulosa legal en el sector formado por 355 operadores de rutas de autobús.
“Yo tengo Caribeños y Guapileños, y mi papá tiene otra de líneas del Atlántico, en Siquirres. Una hermana mía tiene Pulmitan de Liberia”, dijo en ese momento el empresario Jorge Eduardo Solano.
En el caso de Raymond Salim Simaan, opera tres concesionarias con cinco rutas en total, pero es el tercer grupo con más ingresos del sector en el país ($20,6 millones al año), gracias sobre todo a la ruta San José-La Uruca.
