Impulsores de la reforma para crear un sistema de microcréditos en el país aseguran que será importante para la inclusión financiera, y rechazan que sea una reforma o un ataque contra la ley de usura, que puso topes a las tasas de interés para el crédito en el país.
La diputada Daniela Rojas, quien presentó el proyecto 23.10, “Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento para la inclusión financiera en Costa Rica”, expresó que su propuesta no es una reforma a la normativa contra la usura, que rige desde el 2020.
Esto a pesar de que el proyecto permitiría la creación de tasas diferenciadas. Con la propuesta del proyecto de ley, con una tasa de interés activa promedio de un 10%, el crédito regular quedaría en 34,5%, el de microcrédito en 48,3%, el productivo en 56% y el de la persona sin historial en 70%.
La diputada aseguró que estas tasas no representarían una modificación a la normativa de usura, sino una sectorización entre diferentes tipos de microcréditos, para sectores con condiciones especiales. “La ley de usura se mantiene, más allá de si no coincidimos con ella”, dijo Rojas, quien insistió en que los topes diferentes se justifican por las diferentes condiciones de riesgo de estos sectores.
El argumento de la diputada fue respaldado por los participantes en el conversatorio que realizó esta mañana sobre el proyecto, en el que participaron el exsuperintendente de seguros, Javier Cascante y el economista colombiano Carlos Moya.
Moya aseguró que los microcréditos permiten hacer llegar financiamiento a sectores que están fuera del sector financiero formal, por lo que se requiere de una metodología diferente, en la que se establezcan otras garantías. Enfatizó en que se requiere de una política integral de inclusión financiera, pero afirmó que se reconocen tasas más altas, por los costos asociados a esta oferta: “Si no, los oferentes de crédito no se van a animar”, dijo.
Por su parte, Cascante insistió en que se trata de procesos graduales que permiten la inclusión financiera, que requiere de un análisis diferente para su aprobación, y para analizar si el modelo de negocios es viable.
Sin embargo, el conversatorio se encendió con el tema de las tasas. El economista Daniel Vartanián consultó por la sostenibilidad de proyectos a emprendedores informales y sin historial crediticio, si se les cobraban tasas de interés de hasta un 70%.
Cascante respondió que se debería analizar si en caso de no tener esta alternativa, el costo sería mayor. “Un 70% se ve alto de entrada, pero hay escenarios peores: no hago nada, o se busca el financiamiento en alguien que presta más rápido, pero cobrando 120%, 150%. Por eso es importante la metodología, si el nivel de riesgo es menor, no se cobrará ese tope”, indicó.
Al consultarle si debería considerarse alternativas como la Banca para el Desarrollo, con tasas de 8% y 10%, Cascante alegó que habría que entender por qué hay personas con necesidades crediticias de estos sectores que no pueden acceder a esos recursos. “Puede ser que sea un tema de requisitos”, expresó.
También se consultó a la diputada Rojas si la creación de topos diferentes para sectores vulnerables, haría inaplicable la ley de usura. “No es que se hace inaplicable, se abre a cuatro tipos de microcréditos, con topes más altos para diferentes sectores, en función de su diferente riesgo”.
La diputada aseguró que esto permitiría que personas excluidas del sistema financiero por la ley de usura no tuvieran que recurrir a préstamos informales con condiciones más onerosas. Por ello recalcó que aunque su proyecto no es una reforma a la ley de usura, si debería considerar que es un tema que debería revisarse.
