La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, fue nombrada en ese cargo en 2018 tras un proceso en la Asamblea Legislativa en el que ella dio información incorrecta sobre el estado de morosidad de una empresa familiar, a pesar del requisito de ese concurso de estar al día en las cuentas con Hacienda.
Contrario a lo que Crespo reportó en ese momento, para el 12 abril del 2018 la empresa Inversiones Bienestar Sociedad Anónima, en la que ella ocupaba el puesto de secretaria de la Junta Directiva, sí tenía pendientes pagos en el Ministerio de Hacienda por concepto de impuesto a las utilidades y timbre de educación y cultura, según la respuesta de esa institución a una consulta de este semanario.
Es esa fecha, 12 de abril del 2018, la que aparece en la declaración jurada que firmó el notario Percy Chamberlain Bolaños y que luego ella presentó ante los diputados.
“Ella se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones respectivas en el Ministerio de Hacienda”, escribió el abogado con base en las palabras que rindió Crespo bajo fe de juramento a las 9 a.m. de ese jueves, a 18 días de que entraran en funciones los actuales diputados, quienes en plenario acabaron nombrándola Defensora de los Habitantes el 12 de diciembre del 2018.
El punto 14 de la lista de requisitos indicaba que para ser nombrado en el cargo de Defensor de los Habitantes es necesaria “la certificación del Ministerio de Hacienda, donde conste que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones”. En esta ocasión, sin embargo, se le permitió en su lugar una declaración jurada mediante notario, sin la constancia de la entidad fiscal, lo cual consta en el folio 1.333 del expediente del proceso en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda afirmó el 17 de septiembre a este Semanario que esa sociedad tenía pendiente el pago de impuesto a utilidades correspondiente a diciembre 2015 y que este no se canceló sino hasta el 1 de octubre de 2019, cuando Crespo cumplía 10 meses en el puesto.
Dos semanas después, el día 14 de octubre, se canceló el impuesto del timbre de educación y cultura del período de diciembre 2017, según la consulta con el Sistema de Información Integral Administración Tributaria (Siiat).
En una consulta hecha posteriormente a Tributación se pidió los montos que la empresa de Crespo adeudaba, pero se trata de información privada. “La información que es de acceso público es la de los contribuyentes morosos, por lo que no es posible brindar la información solicitada”, contestó.
Con esta respuesta en mano se le pidió explicación a la Defensora. Ante su rechazo a aceptar una entrevista con este medio, se le envió la consulta mediante la oficina de prensa el 18 de septiembre de este 2020.
La respuesta no llegó hasta el 9 de este mes, pero no de parte de Crespo, sino de la “Dirección del Despacho de la Defensora de los Habitantes”. Confirma que Inversiones Bienestar S. A. pertenece a la familia de la jerarca, pero rechaza que se hubiera presentado información falsa
“Se adjunta el comprobante del Ministerio de Hacienda donde indica que fue un error, por lo tanto, demuestra la idoneidad de los documentos presentados en su momento a la Comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa”, se lee en la respuesta.
Ese comprobante, sin embargo, corresponde a una notificación de consulta pública, sin fecha, en la que se lee lo siguiente: “se procedió a realizar el estudio del caso y se eliminó la condición de omiso en la consulta pública en la declaración de impuestos”.
Ese medio volvió a preguntar por la fecha de este comprobante y sobre la alusión a que se haya eliminado el reporte de omisión en el pago, además de por qué se presentó a los diputados en ese caso una declaración jurada en lugar de una certificación de Hacienda, como sí lo hizo con otras sociedades.
La nueva respuesta llegó el 22 de octubre y, mediante la oficina de Prensa de la Defensoría, el Despacho de la Defensora evitó contestar las preguntas. “Indica que si gusta haga las consultas a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, ya que la Defensora entregó todos los documentos solicitados en su oportunidad a dicho órgano, y es en el Congreso donde hacen el nombramiento oficial”.
Catalina Crespo cumplirá en este diciembre dos años en ese puesto, después de superar en setiembre pasado un proceso en la Asamblea Legislativa para revisar si había motivos que ameritaran la destitución del cargo de Defensora.
La confirmación en el puesto llegó tras casi seis meses de polémicas por la actuación de Crespo en el manejo de una investigación sobre el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), entre otros cuestionamientos que provocaron críticas internas y externas contra la Defensora, al punto de que varios diputados pedían su salida, aunque no los suficientes.
El 17 de setiembre 36 diputados aprobaron un informe de mayoría de la comisión especial de diputados que investigó las actuaciones de Crespo en audiencias privadas, el cual recomendó la continuidad de la jerarca. En el procedimiento, sin embargo, no se conoció que alusión alguna a la declaración de morosidad de la empresa familiar.
