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Decisiones de Junta Directiva de la CCSS generan pagos de más de ₡100 millones en gerentes sustitutos

El gerente financiero, Gustavo Picado, y el de Infraestructura, Jorge Granados, fueron suspendidos de sus cargos con goce salarial el año anterior por la pasada Junta Directiva. Ambas autoridades, que recientemente fueron reinstaladas, estuvieron fuera de la institución por 367 y 242 días, respectivamente, plazo en el cual se pagaron millonarios salarios a sus suplentes.

Las decisiones de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) instalada en el primer semestre del 2023 generaron el gasto de más de ₡100 millones en los pagos de los jerarcas sustitutos de las gerencias Financiera y de Infraestructura.

Así lo confirmó UNIVERSIDAD tras consultas realizadas a la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP) de la CCSS.

Según datos suministrados por la DAGP, el gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, fue suspendido con goce salarial desde el 15 de febrero del 2023 y hasta el 15 de febrero del 2024 por supuestas irregularidades en la elaboración de estados financieros. Durante ese período la CCSS desembolsó ₡67.404.977 en sus sustituciones.

Específicamente, del 15 de febrero al 15 de junio del 2023, el gerente financiero a.i. Luis Diego Calderón recibió ₡22.321.609 por la sustitución de Picado; mientras que Gabriela Artavia, quien también ocupó ese mismo cargo, percibió ₡45.083.368 entre el 15 de junio del 2023 y el 15 de febrero del 2024.

Por su parte, el gerente de Infraestructura de la CCSS, Jorge Granados, estuvo suspendido del 26 de mayo del 2023 al 22 de enero del 2024 por la supuesta compra irregular del edificio Océano, ubicado en Sabana Norte. En estos 242 días la CCSS pagó ₡44.985.555 a sus suplentes.

En detalle, del 26 de mayo al 16 de junio del 2023, la gerente de Infraestructura a.i. Katherine Mac Courtney percibió ₡4.058.475 en sustitución de Granados. A ella le sucedió María de los Ángeles Gutiérrez, a quién la CCSS le pagó ₡40.927.080 en el período comprendido entre el 17 de junio del 2023 y el 22 de enero del 2024.

Según la tabla de salarios de la CCSS, los gerentes tienen un salario de ₡4.882.226 mensuales. En el caso de Picado, quien estuvo separado del cargo por un año, al multiplicar esta cifra por 14 meses (12 salarios, salario escolar y aguinaldo), el monto que habría percibido es de al menos ₡68.351.164.

La suspensión de Granados, por su parte, fue de casi 8 meses. Al multiplicarse su salario por 10 meses (8 salarios, salario escolar y aguinaldo), el monto que habría recibido —mientras no estaba en el cargo— es de al menos ₡48.822.260.

UNIVERSIDAD solicitó a la CCSS los salarios percibidos por Picado y Granados durante su suspensión; sin embargo, la institución nunca brindó los datos pese a la insistencia de este medio.

Daño patrimonial

Para la representante de los sindicatos en la Junta de la CCSS, Marta Rodríguez, esta decisión tomada por el máximo órgano durante el primer semestre del 2023 generó una pérdida patrimonial a la institución.

“Yo lo que veo en esto, que lo he señalado, es la pérdida patrimonial para la institución, con procedimientos que a veces ni siquiera tienen los elementos o que tiene puramente fines políticos. Ambas cosas son nocivas para la institución porque la toma de decisiones no es una decisión técnica, sino que a veces se utiliza el mecanismo de las medidas cautelares con las consecuencias que tiene para quitar a una persona o para fines puramente políticos”, indicó Rodríguez.

En su criterio, estos recursos se podrían utilizar en fortalecer servicios y contratar personal que realmente se necesita para dar la mejor atención a los asegurados.

Sobre la decisión de reinstalar a los directivos, Rodríguez agregó que la Junta Directiva hizo “lo que correspondía”.

“La Junta dijo: hay una pérdida patrimonial y no es cierto que vamos a durar un año recogiendo pruebas. Eso no es razonable y mantener una medida cautelar, que ya no tiene razón de ser, se convierte en una sanción anticipada del funcionario. Mantenerlo puede tener costos superiores a eso que ya se ha estado pagando, porque si ya estamos incidiendo en causar también un daño moral al profesional también puede terminar la institución y todos los costarricenses pagando las decisiones que se han tomado sin criterio técnico”, agregó.

Esto fue respaldado por el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines), Lenin Hernández, quien indicó que la Junta Directiva anterior estuvo administrando esta institución a partir de “ocurrencias”.

“Y de repente dar medidas cautelares sin estar establecido el procedimiento administrativo como corresponde para encontrar la responsabilidad o no, eso es lo que está conllevando precisamente a esta erogación económica innecesaria”, mencionó Hernández.

El sindicalista acotó también que esta situación es el reflejo del “desastre” que ocurre en la CCSS a nivel de gestión administrativa y de gobernanza.

“Es el reflejo de lo que está ocurriendo en la institución a partir del no conocimiento de la misma CCSS que han desfilado 23 directivos y 15 gerentes en en este lapso de gestión de doña Marta Eugenia Esquivel. Doña Marta Eugenia Esquivel no conoce la institución, sale con las ocurrencias del copago, del Hospital de Cartago para construirlo en los terrenos del Tecnológico, y así sucesivamente. Esto está llevando a la CCSS a un verdadero desastre y perjudicando a los usuarios”, añadió.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo que le parecía censurable que, por fines políticos, la CCSS haya perdido más de ₡100 millones en el pago de gerentes sustitutos.

“El pueblo asegurado pagó poco más de ₡100 millones por un capricho político de la Presidencia de la República y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS en una lucha de poder para ver si controlaban, según sus designios, la Caja Costarricense de Seguro Social. Es una verdadera barbaridad que por una rebatiña politiquera la seguridad social haya perdido ese dinero, eso es condenable y hasta censurable”, destacó.

“Habría que idear un mecanismo para que esto no se vuelva a repetir, o por lo menos si la remoción transitoria es infructuosa, el jerarca que la propició se haga responsable de retribuir a las fondos de la CCSS el monto de ese capricho”, dijo.

Chaves en desacuerdo con reinstalación

La reinstalación de Granados y Picado ha sido cuestionada tanto por la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, como por el mandatario Rodrigo Chaves.

El pasado 15 de febrero, en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Chaves despotricó contra la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) por apoyar la reinstalación los gerentes financiero y de Infraestructura de la CCSS en el seno de la Junta Directiva.

Estas declaraciones de Chaves fueron rechazadas por la Uccaep. “Uccaep, en vista de estos hechos reales y en resguardo del interés público, señala no estar de acuerdo con lo manifestado en la conferencia de prensa y reafirma su compromiso con la institucionalidad de la CCSS, así como reitera su compromiso por fortalecer a la CCSS en beneficio de la seguridad social de todas y todos los costarricenses”.

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