Costa Rica no generó grandes cambios en los temas energéticos durante el 2022, pero el ambiente empieza a cargarse con alta tensión por la posibilidad de variaciones y ajustes que podrían implicar una variación al modelo que el país implementó.
No se tiene el nivel de polarización que el país vivió en el 2000 con la discusión del combo del ICE, cuando las reformas que el gobierno impulsó para abrir el mercado de telecomunicaciones y electricidad se desbordaron en las calles, pero vuelven a generarse enfrentamientos entre las visiones de fortalecer el mercado o el modelo público solidario.
El cambio de gobierno siempre implica reajustes en las políticas públicas, pero en este caso hay visiones divididas. El exviceministro de Telecomunicaciones, Teodoro Willink, considera que el cambio de administración implicó una variación de estilo más que de temas, ya que se presentó una continuidad en áreas como el esfuerzo de recuperar frecuencias para impulsar una licitación para servicios móviles de quinta generación (5G).
Por el contrario, el asesor en temas energéticos, Jorge Blanco, opina hay una variación y que apenas se está iniciando un conflicto por un significativo debilitamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sin justificaciones técnicas, motivado en priorizar los intereses privados, en contraposición con el modelo solidario que beneficia a la mayoría de la población.
En todo caso, fue un año donde el futuro empezó a presionar al país: la guerra entre Rusia y Ucrania que estalló en febrero evidenció los desafíos de los mercados energéticos. En Europa, los precios de la electricidad se dispararon y obligaron a barajar racionamientos o reabrir las contaminadoras plantas de carbón, mientras los derivados del petróleo tuvieron alzas que también afectaron los combustibles.
Costa Rica vivió los efectos en el tema de combustibles, mientras en electricidad se evidenció la importancia de una matriz basada en recursos renovables. Pero también se vivió en el primer trimestre el desafío de un ciberataque a instituciones públicas, que alertó sobre desafíos que tocan la puerta.
Anticipar los cambios
El gobierno de Rodrigo Chaves presentó propuestas de corto plazo para temas que tenían largo tiempo de barajarse, en telecomunicaciones, ofrecer servicios de 5G en seis meses y en energía, reducir tarifas de combustibles y electricidad.
Willink destacó que se mantuvo la apuesta por lograr el desarrollo de servicios de 5G, pero se pasó del intento del anterior gobierno, de recuperar las frecuencias mediante procesos administrativos, a una negociación para la devolución. Esta logró un primer paso con la devolución de segmentos de 3.400MHz a 3.500MHz y de 3.600MHz a 3.625MHz.
Empero, la posibilidad de servicios de 5G aún no están a la vista. SUTEL advirtió que este proceso puede durar dos años. Adicionalmente, la Superintendencia insiste en que todavía se requiere recuperar frecuencias de 2.600MHz para que el concurso sea factible (proceso que enfrenta un órgano de debido proceso). Y en este tema, el presidente Chaves ya declaró que “estamos pegados” con SUTEL.
No son los únicos temas en telecomunicaciones: Willik destaca que está pendiente la dinamización del componente solidario de FONATEL, así como la oficialización del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que ya recibió consulta pública. También la transición a la televisión virtual en zonas remotas y los cambios en la infraestructura de telecomunicaciones.
Otros temas que también tienen cuentas bastante atrasadas son las reformas legales en el tema energético, donde la Asamblea Legislativa nombró por primera vez una comisión, con el fin de pasar de “parches” a una reforma integral.
En este ámbito, Blanco consideró que el país podría estar ante esfuerzos por imponer un nuevo modelo, en el que las justificaciones de modernizarlo o reducir las tarifas, dan paso a nuevos argumentos, como buscar la descarbonización del país, mediante la electrificación de una matriz energética en la que todavía predominan los derivados del petróleo.
Sin embargo, advirtió que se podría estar ante un debilitamiento del ICE y el modelo solidario, mientras se priorizan los intereses privados. “Apenas inicia el conflicto de liberalización del mercado eléctrico, que puede complicarse con manifestaciones sindicales”, indicó Blanco.
Acciones como el decreto para reabrir las plantas generadoras a las que vencieron los contratos también son parte de la agenda del Gobierno en el que el interés privado se cruza con las propuestas de modernización. Elementos que sugieren que en el 2022 se acumuló tensión, para descargarla en las decisiones y acciones energéticas del país en el futuro.
Línea de tiempo
24 de febrero: Guerra Rusia-Ucrania. el prolongado conflicto impactó los precios del petróleo, que superaron los $100 por barril en marzo y alcanzaron una cima de $117 en junio, los niveles más altos desde el 2014. Esto afectó el desempeño de los mercados de energía, principalmente en Europa.
17 de abril: Costa Rica bajo ciberataque. El grupo Conti atacó más de 30 instituciones públicas, exigiendo rescate por la devolución de información. Posteriormente, el grupo Hive Ransomware atacó también los sistemas informáticos de la CCSS, lo que obligó a apagar los sistemas informáticos y afectó más de 79 mil citas.
5 de mayo: Inicia montaña rusa para precios de combustibles en el país. El 5 de mayo la Junta Directiva de ARESEP revisó y aprobó una nueva metodología para definir los precios de los combustibles en Costa Rica, basado en las compras de RECOPE y no en los promedios de los precios internacionales. Asimismo, en setiembre RECOPE varió su estrategia de compras, realizando la importación de gasolinas en embarques separados. Pese a ello, en fijaciones de ARESEP de junio y agosto, los precios de gasolina super, regular y diésel, superaron los ₡1.000 por litro.
27 de junio: RECOPE entra a revisión técnica. Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de RECOPE, anunció que se desmantelarían las instalaciones de la refinería, para dejar atrás el tema de “refinería que no refina”, acción que finalizó en el 2011. A la vez busca nuevas funciones, anunciaría el 11 de agosto que solicitarán autorización legal para ampliar sus funciones a hidrocarburos.
7 de julio: Encienden la Comisión de Energía. Bajo el expediente 23.168, empezó sus funciones la Comisión de Energía en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de revisar la legislación en materia tanto de electricidad como de combustibles, con el fin de modernizarla y eliminar parches.
7 de setiembre: Devolución de frecuencias para 5G. El presidente Rodrigo Chaves anunció en Casa Presidencial un acuerdo para que RACSA y el ICE devolvieran frecuencias del espectro electromagnético entre 3.400MH a 3.500MHz y de 3.600MH a 3.625MHz, lo que representaría el primer paso para impulsar una licitación internacional, con el objetivo de desarrollar en Costa Rica servicios móviles de quinta generación (5G). Pero la promesa de Chaves de iniciar en seis meses los servicios de 5G luce lejana aún. El 30 de noviembre, el mandatario aseguró que “estamos pegados con la SUTEL” en la posibilidad de iniciar una licitación.
