Los diputados de la Asamblea Legislativa no pudieron decidir si levantaban o no la inmunidad de Celso Gamboa. Ese fuero es un escudo legal que protege al magistrado de ser juzgado, luego de que la Fiscalía lo acusó por tráfico de influencias para favorecer a Johnny Araya en 2015.
La parálisis fue el resultado de 12 horas de deliberaciones y debates prolongados de los legisladores, que se enfrascaron en discutir si la votación debía ser pública o secreta.
Los diputados Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y Luis Vásquez y Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se mostraron en contra de que la votación fuera pública.
“Lo popular es votar de una manera determinada. Debemos respetar esas razones. No voy a hurgar en quién va a votar en contra o a favor. El voto secreto es esencial en la democracia, para que no hayan venganzas ni represalias”, comentó Ottón Solís.
Por otro lado, los legisladores Rafael Ortiz, del PUSC, y Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), argumentaron que el voto de cada uno de los diputados debe ser público.
“Si bien es cierto, nuestros actos podrían ser recurridos, para mí es más importante decirle al pueblo costarricense qué estoy pensando, cómo estoy actuando y cómo voy a votar. Seamos honestos y pongamos el pecho, eso solo se hace con la votación pública”, dijo Rojas.
La Corte Plena solicitó al Directorio del Plenario Legislativo levantar la inmunidad desde la noche del 8 de febrero, donde se conformó una comisión compuesta por tres diputados de las fracciones con mayor representación para analizar la solicitud del máximo órgano del Poder Judicial.
Gamboa fue acusado por la Fiscalía el pasado 26 de enero porque, supuestamente, a finales del 2015 solicitó eliminar el nombre del entonces candidato a alcalde de San José, Johnny Araya Monge (actualmente jerarca de ese municipio), de una causa penal donde se le investigaba por un presunto delito de influencia contra la hacienda pública.
Esta comisión, conformada por los congresistas Juan Luis Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Marvin Atencio, de Acción Ciudadana (PAC) y Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA), recomendó el levantamiento del fuero, en vista de que no encontró vicios de ningún tipo en la solicitud legal recibida.
Por el contrario, la comisión aprobó un informe en el que manifestó que cualquier persona, sin importar el cargo que ostente, debe someterse al escrutinio de la ley; sobre todo en caso en los que no hacerlo podría remitir a sensaciones de impunidad por hechos cometidos en la gestión pública.
En el pasado, la Asamblea Legislativa ya había votado la destitución del magistrado Óscar González; sin embargo, dicho procedimiento, solicitado por procesos disciplinarios, no requirió del levantamiento de la protección del funcionario.
“Ni indulto, ni clemencia”
Como parte del proceso de votación del levantamiento de la inmunidad, el magistrado Gamboa pudo realizar un descargo por poco menos de 30 minutos ante los diputados presentes.
En el uso de la palabra, el magistrado suspendido comentó que no llegaba para “pedir clemencia, ni menos indulgencia”, en medio de un discurso en el que más bien se dedicó a señalar lo que considera inconsistencias judiciales y persecuciones políticas.
Incluso, realizó un repaso por “actuaciones que han afectado la institucionalidad” por parte del Ministerio Público. Entre ellas nombró los casos del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, la destitución del excontralor general Alex Solís Fallas y la separación del también magistrado Óscar González.
Según Gamboa, fueron casos guiados más por presiones externas, que por pruebas reales, pues finalmente culminaron en desestimaciones o absoluciones en sus respectivos procesos legales.
También reiteró su impresión de que existen persecuciones políticas detrás de la causa en su contra, tomando en cuenta que, si bien se dio la eliminación del nombre de Araya de la causa, “la propia persona denunciante” había retirado la denuncia contra el alcalde josefino.
También sugirió presiones políticas y reprochó la forma en que se filtró el caso al periódico La Nación, en 2015, “incumpliendo las circulares de la Corte Suprema de Justicia”.
Además, Gamboa cuestionó la actuación de variedad de diputados por distintos motivos, incluido al integrante de la comisión que juzgó su caso, Edgardo Araya, por revelar información de su expediente.
También acusó a diputados de solicitar resultados judiciales, interfiriendo en los procesos legales, punto en el que atizó contra el oficialista Ottón Solís, a quien recriminó por no vetar su nombramiento, pero luego “dedicarse a atacarle”.
También le recordó que fue parte del gobierno de Luis Guillermo Solís y las veces que fue premiado por su gestión pública por entes como cámaras empresariales y la propia institucionalidad.
“Me ha preocupado la injerencia de algunos diputados… por menos de esto se le da asilo político a algunas personas en otros países”, subrayó.
Para el magistrado, la presión de los diputados provocó “una celeridad impresionante” en las causas en su contra, por lo que solicitó a los congresistas “no meterse en los procesos judiciales” y “abstenerse de dar opiniones” sobre los temas legales. “Pidan cuentas a nivel político, pero no exijan condenas”, apuntó.
Gamboa tampoco desperdició la ocasión para atizar contra la actitud del presidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, a quien señaló como un amigo que le abandonó en la defensa de sus debidos procesos.
Sobre su excompañero de Sala (Gamboa y Chinchilla fueron compañeros en la Sala III), el magistrado señaló que el presidente de la Corte “entró en pánico” ante posibles señalamientos sobre los nombramientos de su esposa y recalcó que “los amigos abundan cuando hay inmensidad, pero cuando están los problemas se cuentan con los dedos de una mano”.
Asimismo, cuestionó la manera en que la Fiscal General interina, Emilia Navas, ha tomado decisiones como llamar a declarar al expresidente Óscar Arias por el caso Crucitas, que data del 2008, pues “no cree en esas figuras mesiánicas que vienen a solucionarlo todo”.
También insinuó que la celeridad de los casos puede estar relacionada con el proceso de nombramiento del próximo fiscal general, para el que cinco personas se han presentado, pero ya “los medios tienen sus favoritos”.
Por último, despotricó contra figuras críticas en su contra, como el exmagistrado José Manuel Arroyo, a quien llamó “activista político” por su adhesión al candidato del PAC, Carlos Alvarado.
Todo lo dijo como parte de una exposición en la que afirmó no tener temor de enfrentar su proceso, pero quiso aprovechar su tiempo para cuestionar a figuras que —desde su punto de vista— han irrespetado sus derechos humanos.
Los diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, Rolando González, del PLN, quienes fueron involucrados en el caso del “cementazo”, aprovecharon el uso de la palabra para criticar a la Fiscalía y a la comisión que investigó el caso, respectivamente.
Inclusive, el diputado Guevara anunció que demandó penalmente a la fiscala general interina Emilia Navas y al director del OIJ, Wálter Espinoza, por supuesto abuso de autoridad y violación de fuero; cometidos el día de los allanamientos, de acuerdo con el legislador libertario.
“No me puedo quedar callado, no puedo dejar de compartir estas experiencias amargas, con el propósito de que esto nunca se repita. Espero que nunca una fiscala general les allane el vehículo sin una orden de la Sala III”, dijo Guevara.
Por su parte, Edgardo Araya criticó la intervención del magistrado. “A mí me llama la atención que Celso Gamboa tenga la vergüenza de plantarse acá, luego de decirle a los medios de comunicación que no conocía a Juan Carlos Bolaños y, luego, aparecer con cientos de llamadas con él. Parece que marcó el número equivocado muchas veces”, ironizó Edgardo Araya.
