Los cuatro meses de discusiones del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas quitaron más de un 40% de los ingresos tributarios que Hacienda pretendía recaudar con la reforma fiscal.
Negociación tras negociación y moción tras moción, el debate en el Congreso ha recortado casi ₡260.000 millones que la Administración Tributaria pretendía recaudar anualmente.
“Todos por igual, se toman su tiempo para explicar lo diferentes que son y el tratamiento diferenciado que merecen. Todos apoyan, pero quieren una reforma personalizada”, resumió este lunes la jerarca de Hacienda, Rocío Aguilar, quien irrumpió sorpresivamente en la sesión ordinaria del Plenario legislativo para suplicar a los diputados que reconsideraran sus recortes.
“Estoy aquí porque no encuentro otra manera de hacerles llegar mi profunda preocupación ante los cambios que diputados de la comisión, no dudo –con la mejor buena fe–, están incorporando al proyecto, pero cuyo resultado no está a tono con la suficiencia de la reforma”, dijo la primera jerarca que en las últimas tres décadas se presentó al Plenario sin avisar.
Aún con mociones pendientes, los diputados podrían terminar reduciendo la reforma fiscal en casi un 46% del objetivo inicial: una situación que se definirá hasta la próxima semana.
A continuación ofrecemos un resumen de cada uno de los recortes que experimentó la reforma fiscal y los debates que mantienen en la cuerda floja su sostenibilidad.
1. El recuento de los daños
Uno a uno, estos fueron los recortes que debilitaron las intenciones de recaudación del Gobierno.
2. Primer texto sustitutivo
Desechado el 17 de julio de 2018
Se oponen al texto: Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional (PRN), José María Villalta del Frente Amplio (FA), Silvia Hernández, Yorleny León y Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional (PLN).
Cuando se reactivaron las negociaciones fiscales en la Asamblea Legislativa, los diputados pidieron al Gobierno que les enviara una propuesta de texto con las principales solicitudes de cambios en las que estaban interesados.
El texto llegó a la Asamblea semanas después de que la ministra compareciera ante el Plenario por dos días consecutivos para explicar sus medidas para contener el gasto público. La iniciativa del Gobierno recibió 1.008 mociones de fondo (propuestas de modificaciones).
La mayoría de la comisión rechazó el texto el 17 de julio. Restauración Nacional justificó su negativa al señalar que no había tenido tiempo suficiente para analizar la consulta y que se oponía a una cantidad importante de los impuestos, como también lo hizo el Frente Amplio; mientras que Liberación Nacional dijo sentirse preocupado por detalles como una norma de subcapitalización que imponía un límite de un 20% a las deducciones tributarias que una empresa puede hacer a partir de sus intereses, la imposición de un 13% del IVA para los insumos de la producción agrícola y el 4% del IVA para los medicamentos y la educación privada.
3. Segundo texto sustitutivo
Ante el rechazo de los diputados, el Gobierno inició un trabajo en mesas de diálogo que incluyeron a diputados y sectores productivos, a fin de construir un nuevo texto. La mesa originó una nueva propuesta, que recortó casi un quinto de los ingresos esperados con la anterior iniciativa.
Entre esas disminuciones se eliminó un impuesto que pretendía gravar las utilidades de las cooperativas, tal y como se hace con las pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, se ajustó el tributo por la compra y producción de medicamentos de un 4% a un 2% del IVA, se aumentaron los umbrales exentos para el pago de electricidad y la base para gravar los alquileres de pymes. También, se sumaron exoneraciones a sujetos específicos como los alquileres de las organizaciones religiosas y las compras y ventas de la Asociación Obras del Espíritu Santo.
4. La Canasta Básica
Recorte realizado el 23 de Agosto
Promovieron el recorte: Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional), el frenteamplista José María Villalta, el integracionista Walter Muñoz y el liberacionista Gustavo Viales.
El Gobierno pretendía gravar la canasta básica con una tarifa reducida del 2% a partir del nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA). La iniciativa habría permitido al fisco recaudar ¢62.070 millones anuales (0,19% del PIB), de los cuales solo un 17% habría procedido de los hogares pobres, según Hacienda.
Sin embargo, una alianza entre Restauración Nacional, el Frente Amplio, el Partido Integración Nacional y el diputado liberacionista Gustavo Viales se trajo abajo esa intención del Ejecutivo.
Para Hacienda, eso no solo reduciría sus ingresos tributarios, sino que haría perder los controles cruzados entre la información del IVA y las declaraciones de la renta, lo que evitaría disminuir la evasión y dar seguimiento a las cadenas productivas.
Pese a ello, los opositores al impuesto sostienen que su aprobación reduciría la capacidad adquisitiva del 10% más pobre de los hogares que, según estimaciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, se acortaría en casi un 1,57%.
5. Educación privada, y otros recortes
Recorte realizado el 23 de Agosto
Promovieron el recorte: Pedro Muñoz (PUSC), Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank (Restauración Nacional), José María Villalta (Frente Amplio) y Walter Muñoz (Integración Nacional).
El mismo día, los diputados cortaron los ingresos que se pretendían percibir por un impuesto de un 2% a la educación privada (un servicio al que, apenas, accede un 4% de la población). El texto inicial pretendía recaudar un 4%, pero el porcentaje disminuyó paulatinamente hasta dejar exento el servicio y recortar ₡26.240 millones.
Además, se aplicaron exoneraciones a la red de cuido, suministros y dispositivos para pacientes.
6. Las posiciones
Actualmente, las únicas posiciones claramente definidas entre las bancadas más numerosas son las del Partido Acción Ciudadana y de Restauración Nacional: los primeros defienden revertir los cambios más recientes para recuperar la suficiencia del texto, mientras que los segundos piden que se mantengan las reducciones aprobadas tal y como están, aunque la recaudación no sea la esperada.
Por su parte, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana apuntan a reintegrar algunos de los impuestos, aunque con divisiones de criterios internas.
Las bancadas minoritarias, por su parte, defienden casi por completo que se mantengan las exoneraciones; aunque el frenteamplista José María Villalta, miembro de la comisión fiscal que tramita el texto, ha expresado su anuencia de reinsertar el impuesto del 2% a la canasta básica si se aprueba un método de devolución al 40% de los hogares más pobres.
Cada nuevo cambio que quiera realizarse en el texto —para debilitarlo o para fortalecerlo— necesita de cinco de nueve votos en la comisión fiscal. Una vez que llegue al Plenario, necesitará el apoyo de 29 de 57 congresistas.
7. El futuro de la Reforma
Para este martes, la comisión fiscal mantenía pendiente la discusión de 436 mociones que pueden recortar aún más las intenciones de recaudación del Gobierno.
Según Hacienda, si esas mociones llegan a aprobarse, se dejarían de percibir otros ₡29.400 millones anuales, para cerrar con una reforma fiscal que recaudaría casi la mitad de lo solicitado originalmente por la Administración Tributaria.
Entre las mociones, sin embargo, también se encuentran 63 propuestas de los diputados oficialistas, que podrían recuperar partes del proyecto modificadas en el proceso de discusión.
