Los diputados dieron primer debate en forma unánime a un proyecto de ley con el que se pretende eliminar obstáculos para la participación de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública interna del país, en el que se destaca la garantía de que no enfrentarán un doble cobro de impuestos, como ocurrió en el pasado.
El proyecto 22.893, ley para la promoción y apertura del mercado de deuda pública interna costarricense, era parte de la negociación entre el Gobierno y los diputados para la aprobación de los eurobonos, y recibió el aval luego de un debate arreglado entre las fracciones.
“El proyecto va en una buena dirección, al diversificar las fuentes de financiamiento para atender el problema de la deuda pública, que alcanza un 63,1% del Producto Interno Bruto (PIB), y al estimular la participación de inversionistas extranjeros en el mercado de deuda pública, reduce la presión del Ministerio de Hacienda sobre el mercado local, lo que debería incidir directamente en reducir las tasas de interés”, declaró la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la comisión de Hacendarios.
Legisladores de todas las bancadas coincidieron en que el proyecto aumentará la seguridad jurídica en la materia, ya que en la actualidad los inversionistas foráneos no encuentran atractivo el mercado por la posibilidad de un cobro doble en materia de impuestos.
“Aclarar que estas inversiones solo estarán sujetas a un solo impuesto, da seguridad jurídica”, expresó Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP). “Esto es importante para tener reglas claras”, declaró Jonathan Acuña, del Frente Amplio.
Ramírez detalló que el proyecto tiene tres reformas relevantes: una adición de dos artículos a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, 7732, para habilitar al Ministerio de Hacienda el uso de medios internacionales de pago para materializar la liquidación transfronteriza de las operaciones; una modificación a a Ley de Administración Financiera, 8131, para definir el concepto de deuda pública interna costarricense como la que se emite en el país, en cualquier moneda, y que se rige por las leyes nacionales, y una reforma a la ley de la renta, para dejar claro que los intereses de deuda pública interna en favor de inversionistas no domiciliados en el país solo estarán sujetos al impuesto único de rentas de capital, y no se les aplicarán tributos por remesas.
En general, se pretende que estas acciones aumenten la seguridad jurídica para los inversionistas foráneos que puedan interesarse en los títulos de la deuda pública interna costarricense: Ramírez indicó el monto de títulos de deuda interna en posesión de inversionistas que no residen en el país nunca ha superado el 6%, y en la actualidad es de ₡46 mil millones, un 2% del monto de la deuda interna total.
Por su parte, los diputados oficialistas enfatizaron también en la posibilidad de tener mayores mecanismos en el mercado de la deuda pública. “El mercado local es tan limitado, que el gobierno queda a merced de grandes operadores como los de pensiones y fondos de inversión, que cobran intereses caros. La idea es que al tener más inversionistas, la deuda se haga más barata. Esperamos que con esto bajen las tasas de interés y por lo tanto, el costo de la deuda será menor”, declaró la diputada Pilar Cisneros.
Se fijó el próximo martes para la segunda votación de este proyecto.
