Hacer que el Gobierno cumpla con el mandato constitucional de invertir el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación puede ser algo que se termine exigiendo en un tribunal internacional, ante la evidente ausencia de voluntad política en el país para hacerlo.
Los tres últimos gobiernos (dos del Partido Acción Ciudadana) y el actual del presidente Rodrigo Chaves no han cumplido ni una sola vez con la norma y esto podría ser reclamado en instancias como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
De acuerdo con una reforma al artículo 78 de la Constitución Política, del año 2011, el Estado tiene la obligación de dedicar a la educación estatal, incluida la superior, un presupuesto no menor al 8% anual del PIB a partir del 2014.
Esta norma no ha sido cumplida durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado en los períodos 2014-2018, ni 2018-2022. A ellos se suma la administración actual, la cual aprobó para 2023 el presupuesto más bajo en educación de los últimos nueve años, según la Contraloría General de la República (CGR).
“Conare perfectamente podría acudir a la Sala IV pidiendo el cumplimiento. La ministra de Educación no lo va a hacer, el presidente mucho menos. (…) Si se recurre a Sala IV y esta no da satisfacción en relación al tema puntual del 8% y se agota el proceso interno, para eso existe la Corte Interamericana y previamente la Comisión, que es la que evalúa primero si el tema merece y hay suficiente prueba para pasarlo a la Corte”, indicó el abogado y politólogo, Francisco Barahona.
“La base fundamental de una demanda ante la Corte es que, si se prueba que se ha venido reduciendo presupuesto más allá de lo que la Constitución manda, y eso atenta contra los derechos humanos básicos, ahí hay pie de sobra para que la Corte vea el tema y les dé la razón a quienes acudan, ya que el derecho interno no fue suficiente para hacer respetar algo tan serio como lo es la Constitución de Costa Rica”, agregó Barahona.
Esta posibilidad es apoyada por el abogado constitucionalista Marvin Carvajal, quien indicó que este caso podía llegar al Sistema Interamericano, por una eventual violación al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al ser contrario a la regla de progresividad.
“El artículo 26 establece el principio de progresividad. De acuerdo con ese principio en materia de derechos económicos, sociales, y culturales, —dentro de los cuales están temas relacionados con la educación, la salud, el acceso a la ciencia o la cultura— los países deben actuar de forma progresiva; es decir, deben reconocer progresivamente el disfrute de estos derechos y garantizar progresivamente este disfrute”, destacó el constitucionalista.
Por su parte, Elizabeth Odio, jueza y expresidenta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, además de indicar que primero se debe agotar la legislación interna antes de acudir al Sistema Interamericano, destacó que “la educación es un derecho fundamental de todos y todas las personas. La violación de ese derecho es sin duda muy grave. Y es lo que hacen los gobiernos que no acatan el mandato constitucional”.
Sala Constitucional ya se ha pronunciado
La Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre el incumplimiento del Artículo 78 en el pasado. El 7 de setiembre de 2016, los magistrados emitieron la Resolución Nº 12803 – 2016, en la cual declararon con lugar una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en relación al presupuesto del 2014.
“Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción”, se lee en el voto, el cual fue redactado por la Sala IV, cuando el presupuesto en cuestión ya se había agotado.
La recurrente omisión por parte del Estado a cumplir el mandato constitucional del 8% en el presupuesto para educación del 2023 hizo que nuevamente la APSE acudiera a la Sala IV el año anterior. Esta acción de inconstitucionalidad presentada por el sindicato aún no ha sido resuelta por los magistrados.
“No hubo una inversión como manda el artículo 78 de la Constitución Política. (…) Ha venido ocurriendo lo mismo. (…) A nosotros nos preocupa en sobremanera que el legislador presupuestario, que es al fin y al cabo el que aprueba el presupuesto, a vista y paciencia del Poder Ejecutivo y todas las autoridades, recibe un presupuesto que presenta el MEP y que no tiene lo que dice la Constitución”.
“Lo delicado de esto es que ya desde el 2016 la Sala comunica y da la prevención para que esto no vuelva a ocurrir de nuevo. Previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa. (…) No solo se mantiene la violación permanente a la Ley, sino que cada vez se reduce más el presupuesto”, destacó la máxima dirigente de la APSE haciendo alusión al presupuesto del sector educativo para 2023, el cual es de ₡2.781.003 millones, lo que equivale al 6,0% respecto al PIB, de acuerdo con datos de la CGR.
Según el ente contralor, ese monto representa un decrecimiento de 1,2% respecto al presupuesto inicial del 2022, aprobado por la Administración de Carlos Alvarado, cuando la cifra ascendió a ₡2.857.977 millones.
Pese a que la Sala Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por la APSE, en torno al presupuesto de educación del 2023, la Procuraduría General de la República (PGR) recomendó a los magistrados de ese Tribunal declararla con lugar. Así se lee en una audiencia escrita emitida por la Procuraduría con fecha de 13 de marzo de 2023 a raíz de la acción planteada por la APSE.
Falta de voluntad política
Sobre la constante práctica de no destinar a la educación pública el 8% del PIB, el abogado Francisco Barahona resaltó también que en el país hay una “falta de voluntad política por parte” de los diferentes gobiernos de turno, los cuales han pasado por encima de la Constitución Política.
“Las condiciones no han sido favorables para que políticamente e ideológicamente se pueda hacer cumplir ese mandato constitucional. La Sala incluso ha dictaminado que ese 8% depende de la situación económica interna y externa, entonces, hay un relativismo neoliberal en esa línea”, indicó Barahona refiriéndose a los gobiernos de Solís, Alvarado y Chaves e incluso a las diferentes Asambleas Legislativas y rectorías poco confrontativas.
Consultado también sobre la violación a la Carta Magna, Carlos Arguedas, abogado y exmagistrado constitucional titular de la Corte Suprema de Justicia, indicó que existe un “desfase entre lo que ocurre en la realidad y lo que manda la Constitución”.
“Desde la perspectiva de derecho lo que uno se pregunta para comenzar en una cierta dimensión es si la técnica constitucional que emplea magnitudes específicas de compromiso de recursos como en los casos que hemos mencionado (CCSS y educación) es una técnica adecuada, es una técnica realista o si, por el contrario, la Constitución debe limitarse a señalar fines o finalidades públicas”, cuestionó Arguedas sobre el contenido de la Constitución.
Finalmente, el abogado Pablo Barahona, por su parte, resaltó que el divorcio entre lo que dice la norma y la realidad es algo “consustancial” (innato).
“Hay una distancia permanente que supone una tensión inevitable entre el ser y el debe ser, y no es tan fácil como solo poner sobre la mesa un 1% o un 8% cuando la realidad política a nivel no solo económico, sino a nivel de percepción de la gente, es otra”, finalizó Barahona.
