El veterano y cuestionado magistrado de la Sala Penal, Jesús Ramírez, decidió apartarse de conocer el caso judicial que involucra al presidente de la República, Carlos Alvarado, por la polémica creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Ramírez aceptó hacerse a un lado, al acoger la recusación que propusieron los abogados de todas las partes en este proceso, quienes le señalaron incapacidad para el manejo de una audiencia que resultó bochornosa, pues dio muestras claras de estar extraviado sobre los procedimientos y sobre los procesados.
“Se encontraba afectado de salud” es la justificación que el informe de recusación atribuye a Ramírez, quien presentó un dictamen médico, aunque no detalló cuál era el padecimiento.
“Sin ser consciente de la dimensión de su afectación, por un sentido de responsabilidad y con el fin de atender debidamente las obligaciones de su cargo, se presentó e intervino en la mencionada audiencia”, dice el informe firmado por el magistrado Rafael Segura.
Esta explicación exime de responsabilidades a los restantes miembros de la Sala Penal, por lo cual ellos se mantendrán a cargo del proceso judicial contra el mandatario, el exministro de la Presidencia Víctor Morales, el exviceministro de Planificación Luis Daniel Soto y dos funcionarios de la UPAD, unidad que fue disuelta después del escándalo en febrero pasado.
Ramírez, magistrado desde 1985, anunció hace una semana que dejaba la presidencia de la Sala Penal, aunque continuará como miembro de esta y, por lo tanto, como miembro de la Corte Plena, con amplios poderes sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Aunque la fiscal general, Emilia Navas, también planteó la recusación de todos los magistrados propietarios que participaron en esa errática audiencia del 16 de junio, Jesús Ramírez los defendió diciendo que ellos no estaban enterados de su supuesto problema de salud, por lo cual no podrían haber anticipado lo que iba a ocurrir.
Por ejemplo, los magistrados niegan que hubieran tomado una decisión previa a la audiencia para atender reclamos procesales de los abogados defensores, como en apariencia lo comunicó Ramírez al desestimar ese reclamo apenas iniciada la audiencia.
La solicitud de separar a un juez del conocimiento de una causa “debe sustentarse en razones graves y debidamente fundadas”, lo cual no cumple la solicitud de la Fiscal General, de acuerdo con el magistrado a cargo de la resolución emitida este jueves 25 de junio.
La Sala III es el mayor tribunal de asuntos penales del país y está encargado de dirigir el caso UPAD por estar involucrado el presidente de la República.
