De ser aprobada la solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el exdiputado Abelino Esquivel Quesada de la fracción Renovación Costarricense (PCR) iría a cuatro años de prisión, bajo los cargos de presunto delito de tráfico de influencias.
La fiscala Evelyn Jiménez, encargada de presentar la solicitud, también pidió que al imputado Esquivel se le inhabilitara el ejercicio de cargos públicos durante cuatro años. Además, la Procuraduría de la Ética Pública solicitó el pago de ¢5 millones al exlegislador, por el daño social de posible corrupción en la función pública.
Los presuntos cargos de tráfico de influencias acusan al exdiputado de haberle solicitado un beneficio carcelario al exministro del Ministerio de Justicia y Paz, Marco Feoli Villalobos, a favor de una persona privada de libertad.
El supuesto beneficiado de apellidos Barquero Benavides se encontraba recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) de Cartago. Se trataba de un pastor cercano a Esquivel, y estaba condenado a 16 años de prisión por delito de violación agravada, en perjuicio de una persona menor de edad con discapacidad.
Los hechos que remontan a marzo del 2018 indican que el exlegislador Esquivel intentó que Barquero saliera de prisión sin cumplir la condena y sin seguir los procedimientos correspondientes de los cuerpos técnicos del CAI y el Instituto Nacional de Criminología (INC).
La petitoria de la Fiscalía fue realizada esta mañana ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, durante el juicio que se desarrolla desde el 03 de diciembre bajo el expediente 18-00067-033-PE. Finalmente, la Defensa del exdiputado Esquivel deberá realizar sus conclusiones en el juicio, para que posteriormente el Tribunal emita el fallo.
En febrero pasado, Wray Esquivel Quesada, hermana del exdiputado, fue condenada a nueve años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, tras la comprobación de culpabilidad por delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. En dicho caso, se comprobó que los involucrados obtuvieron más de ¢10 millones.
Estos hechos ocurrieron entre el 2017 y el 2018, cuando Wray Esquivel laboraba como jefa del despacho de su hermano y exdiputado, Abelino Esquivel. En un comunicado de prensa del Ministerio Público, se expresó que la acusada formó parte de un plan en donde se le cobró dinero a tres funcionarios del despacho, bajo la justificación que trataba sobre una contribución al despacho, o que compensaría una disminución en el salario. Además, la Unidad Especializada de la Fiscalía logró demostrar que el exlegislador Quesada, junto a su esposa, también formaron parte de la estrategia.
