“Me ven eso y me quitan el trabajo”, dice un hombre de apellido Madrigal. Tiene 57 años de edad y dos con una tobillera electrónica que envía señales a una vieja oficina donde controlan (o quizás no tanto) cada paso que da.
Los jueces no consideran a Madrigal como una persona peligrosa, por eso su encerramiento es distinto al de otros 16.000 privados de libertad que hoy se amontonan en cárceles bajo condiciones infrahumanas.
A Madrigal lo atraparon vendiendo cocaína en Heredia. ¿Qué lo llevó a eso? “La pobreza”, resume. Trabajaba como taxista y de repente su esposa se enfermó de gravedad. Dolor de huesos, presión alta y una serie de molestias que se resumen en 24 enfermedades distintas.
“Se me puso malita, la factura venía alta y ya no alcanzaba la plata. No hallaba qué hacer. Me puse a vender esa cochinada que consume todo mundo en el pueblo (cocaína). Un mes después me agarraron”, relató.
Tras siete meses de estar encerrado en La Reforma y en la cárcel de San Sebastián, un juez decidió que Madrigal no era un peligro para la sociedad y que podría purgar su condena desde su casa, con restricciones en su movilidad y controlado vía GPS.
Se supone que esta medida de supervisión a distancia permite a los privados de libertad un mayor rango de movimiento, lo que les facilita salir a la pulpería, al Ebais y trabajar. Llevan buena parte de la razón en la mayoría de los casos. Este año solo han vuelto a delinquir 2,1% de las personas que utilizaron tobillera.
Encerrados en sus casas, personas como este vecino de San Rafael de Heredia tienen que ganarse la vida para llevar la comida al hogar y pagar las facturas. En la cárcel los presos tienen asegurada la comida, pero en sus casas están obligados a lidiar con sus propios gastos.
Para el sistema penitenciario tener a reos monitoreados bajo este mecanismo es un ahorro: el costo de tener a alguien en la casa con vigilancia electrónica es la mitad del de mantenerlo en encierro, pero ese costo se traslada generalmente a personas con baja escolaridad y pocas herramientas para conseguir un trabajo, con el agravante de cargar en su tobillo un plástico que lo estigmatiza.
“Yo hasta he conseguido cinco o seis trabajos, pero me ven eso en el pie y me quitan el trabajo. La tobillera no es un beneficio. Acá gasto luz, agua, comida, cepillo dental. ¿Cómo hago para comprarlo? Pido permiso para trabajar, pero me lo dan ocho días después. En cualquier trabajo a usted lo llaman para que empiece el día siguiente”, dijo Madrigal.
Es cierto que los tiempos de respuesta son lentos. Justo en sus primeros días, el Gobierno de Carlos Alvarado pidió que los permisos de trabajo fueran otorgados por los jueces, pese a que el reglamento penitenciario facultaba al Ministerio de Justicia a hacerlo.
Esto ha ocasionado un sinfín de atrasos que defensores y jueces tratan de minimizar, pero que no se adaptan a los tiempos de respuesta que necesitan los privados de libertad.
“En una llantera me dijeron que me presentara y que me quedara trabajando ese mismo día. El señor decía que ocupaba a alguien de urgencia. Me comuniqué como pude, el defensor me hizo una referencia para tres días después y cuando regresé a la llantera ya había otra persona. Los trabajos no esperan. A usted no lo van a esperar ocho días”, dijo.
El atraso en los permisos de trabajo es tan solo uno de los obstáculos para los usuarios de tobillera. El sistema presenta fallas importantes de las que dan cuenta los mismos privados de libertad.
“Un día de estos me llamaron a las 12 medianoche, me dijeron que qué estaba haciendo en Heredia. Yo estaba durmiendo con mi esposa. Me preguntaron qué hacía ahí, les dije que yo vivía ahí. Me preguntaron, ‘¿usted no vivía en La Carpio?’ No, yo vivo en Heredia desde hace tres meses, le tuve que decir”.
Los desórdenes administrativos, los altos costos y la lentitud para acceder a trabajo hacen que este hombre prefiere vivir en una cárcel semiabierta en lugar de su casa. Ahora pide que lo trasladen a un centro donde pueda dormir algunas noches ahí, con el fin de reducir sus gastos en comida, hospedaje y electricidad. “Si me pasaran ahí estaría mejor, sinceramente”, admite.
Caso similar
“Un día llegué a pedir que me metieran preso. La discriminación y la parte psicológica la tengo destruida”, dijo Adrián Herrera, quien afirma haber sido un conejillo de indias para el sistema de vigilancia electrónica. Uno de los primeros siete en haberse puesto la tobillera, dice.
“Una vez fui a Alajuela a hacerme un procedimiento quirúrgico, mandé todos los comprobantes de la cita y me mandaron donde el juez por un supuesto incumplimiento. No hay comunicación entre ellos, lo que hay es un jolgorio”, dice Herrera.
Este privado de libertad denuncia que no fue hasta tres años después que el Instituto Nacional de Criminología le permitió pasar al régimen de cárcel semiabierta, preferido por algunos privados de libertad, ante los malos controles y la poca atención que reciben con el monitoreo electrónico.
Los jueces de ejecución de la pena reportan un “divorcio” entre la policía penitenciaria y la Unidad de Monitoreo Electrónico, pese a que el Ministerio de Justicia afirma que los atrasos son culpa de los jueces.
“Hay un divorcio entre la policía penitenciaria y el personal técnico. El Ministerio lo que hace es buscar culpables y debería reconocer que no tienen personal”, dijo Mario Rodríguez, juez de ejecución de la pena de Alajuela.
Estos atrasos tienen a una mujer de apellido Guzmán a la espera de un cambio de condiciones. Su idea es pasar a un centro seminstitucional para poder trabajar y desplazarse con mayor movilidad.
Hoy no puede poner un pie fuera de su casa de habitación en Plaza Víquez, donde vive con nueve personas. No puede salir a la acera a bajar materiales que su familia provee para un negocio de eventos.
Dice que el aparato tampoco es muy preciso, pues sale al patio a tomar sol y le reporta un incumplimiento.
“Apliqué para un trabajo en Barrio Mexico, me dieron tres días para trabajar. El permiso llegó hasta cinco meses después. El aparato me vibra todo el tiempo, como si hubiera salido de mi perímetro. Me vibró como 12 veces y me llamaron para ver si me había salido. No puedo ir ni a la licorera que está al frente”, dijo.
Guzmán afirmó que su defensora solicitó un cambio de medida, por lo que una trabajadora social visitó su casa e hizo un informe donde corroboró que todo está bien. “El juez dio audiencia para el 18 de agosto y se canceló porque no estaba listo el informe de monitoreo”, dijo Guzmán.
Este también fue uno de los señalamientos de los jueces de ejecución de la pena ante la exposición del Ministerio de Justicia ante los diputados, donde el Gobierno achacó que las revocatorias tomaban hasta 244 días, por culpa de los jueces.
“A uno le da risa lo que dicen allá. Uno les manda a pedir una corroboración de trabajo, de oferta laboral o de domicilio y la Oficina de Monitoreo dura dos meses en enviarlos“, comentó el juez Mario Rodríguez.
En total son 25 personas que atienden el centro de monitoreo, a un grupo de 1.545 personas. Entre sus labores figura la atención de llamadas, así como la localización telefónica de reos vigilados con este mecanismo.
Unas 1.746 personas han sido sometidas a tobillera electrónica este año. De estas, unas 37 registraron nuevas causas delictivas; es decir, un 2,1%.
“Todos tenemos que asumir responsabilidades en lo que estamos haciendo (…) Hay una dinámica compleja, esto inició como un programa piloto y creció de una manera acelerada. Estamos en total control de lo que está sucediendo, pero eso no quiere decir que tenemos que mejorar la coordinación con todos los actores”, dijo la ministra Marcia González, hace unos días en el Congreso.
