Ya casi todo está dispuesto. Solamente falta que la Asamblea Legislativa —la cual acordó sesionar en modo de emergencia con el fin de votarlos lo antes posible— discuta y apruebe los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo que terminarían de completar la estrategia económica para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.
Estos proyectos permitirán suspender el pago de impuestos a las empresas, las pymes y las personas trabajadoras independientes durante los próximos tres meses —extensibles a cuatro—, con el fin de contar con liquidez para pagar salarios y sostener sus operaciones ante la contracción del consumo y de la producción.
También se incluye un proyecto para flexibilizar los contratos laborales durante ese mismo período, de modo que las empresas no deban recurrir al despido de personas trabajadoras y otro para crear un seguro de desempleo.
Además, estaba pendiente, al cierre de esta edición, que la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) autorizara flexibilizar el pago de las cuotas de los seguros sociales a las empresas y personas trabajadoras independientes con el fin de que no se cerraran puestos de trabajo debido a la contracción de la economía.
El lunes pasado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) hicieron su parte.
La Junta Directiva del BCCR anunció la reducción de su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 1 punto porcentual (100 puntos base) —similar a la aplicada por la Reserva Federal de Estados Unidos ante la caída en picada de las bolsas de valores—, con lo cual la bajó de 2,25% a 1,25%. La TPM sirve de referencia para las tasas de interés que cobran los bancos del país por sus préstamos.
El presidente del BCCR, Rodrigo Bolaños, recordó que el banco ha bajado esta tasa en 400 puntos base desde finales de marzo del año pasado con el fin de estimular la reactivación económica y ahora lo hizo “prospectivamente para seguir empujando en la dirección de una política monetaria expansiva”.
Por su parte, Alberto Dent, presidente del Conassif, anunció que su junta directiva tomó la decisión de extender hasta junio del 2021 el alcance de la Normativa 105 sobre calificación de créditos, la cual permite hasta dos renegociaciones para los préstamos inferiores a los ¢100 millones. Además, dio a conocer que se quitó ese “techo” para extenderla a todos los créditos.
Adicionalmente, anunció que las personas o empresas que ya realizaron las dos renegociaciones pueden realizar una más.
Dent explicó que estas medidas tienen el propósito de aliviar la presión de liquidez en los hogares y empresas con el fin de paliar los efectos de la contracción de la economía por causa a la pandemia.
Sobre la utilidad de las medidas adoptadas hasta el momento por el gobierno para facilitar la reestructuración de deudas de los hogares y personas, Bernardo Alfaro, jefe de la Sugef, informó que, en el marco de las medidas tomadas antes de la aparición del COVID-19, “65 mil costarricenses se vieron beneficiados porque mejoraron su condición crediticia porque readecuaron y mejoraron sus estrategias de pago”.
“Hay que entender el nivel de competencia que existe actualmente entre los bancos. Hay una pelea a muerte entre los bancos por los clientes. No quieren perderlos y quieren hacer todo lo que puedan para retenerlos”, enfatizó.
Finalmente, Alfaro anunció que han relajado la normativa prudencial por la cual se obligaba a los bancos a acumular reservas contra cíclicas para “blindarse” ante posibles choques como el que actualmente representan las afectaciones del COVID-19.
Agregó que hoy tienen acumulados ¢140 mil millones (equivalentes al 70% del dinero en el Sistema Financiero Nacional) en esa clase de aprovisionamiento y que ahora podrán utilizarlo para ofrecer créditos en mejores condiciones a quienes toquen a sus puertas.
La noticia más alentadora, dado el contexto, la dio, sin embargo, Cubero. “El Sistema Financiero Nacional acomete desde una posición de fortaleza los efectos de esta pandemia para solventar la situación de liquidez de los sectores más afectados”, dijo el presidente del BCCR, a la vez que pidió tener calma, “poner las cosas en perspectiva” y llamar a los deudores a que “aprovechen y toquen a las puertas de los bancos para readecuar proactivamente sus finanzas”.
Cubero también resaltó que Costa Rica, en comparación con los otros países de América Latina, cuenta con un buen nivel de reservas en dólares y que, en esta crisis mundial, se verá beneficiada por la relación favorable para el país de los términos de intercambio comercial. Esto es porque, en parte, debido a la caída de los precios del petróleo, las exportaciones costarricenses tienen precios más altos en relación con los que paga por las importaciones.
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Es prematuro proyectar la magnitud del golpe económico que la pandemia del COVID-19 tendrá para Costa Rica porque las cosas están muy fluidas”
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Durante lo que va de este año, el precio del crudo WTI (estadounidense) bajó en $26 por barril, lo que equivale a una caída relativa del 43%, según un reporte del Grupo Financiero Acobo. El precio esperado de cierre para final de año es de $38,75 el barril; es decir, una baja de $22 (36%) con respecto al final de 2019, cuando llegó a $60,4 por barril.
Si bien no es posible todavía estimar los daños económicos que necesariamente ocurrirán en los diferentes sectores productivos como consecuencia de las medidas preventivas ordenadas por el Ministerio de Salud para aminorar las cadenas de contagio del COVID-19, es previsible que, en algunos, como el turismo, serán cuantiosos.
La ministra de Turismo, María Amalia Revelo, informó el pasado 14 de marzo que en ese momento las cancelaciones de reservas hoteleras alcanzaban el 25%. Tres días después, la Cámara Costarricense de Hoteles reportaba alrededor de 68 mil cancelaciones y estimaba que la baja en esa industria rondaría del 80% al 90%, según informaron Telenoticias y La Nación, respectivamente.
Por su parte, Silvia Bolaños, directora de la Cámara Nacional de Transportes dijo a UNIVERSIDAD el martes pasado que “la afectación en el sector de transporte público se registra en una disminución en la demanda del servicio por parte de los usuarios, producto de las medidas de teletrabajo, suspensión del curso lectivo, por ejemplo. Será en los próximos días cuando se tenga con mayor exactitud el porcentaje de la reducción de la demanda que ha percibido el sector”.
El mismo 14 de marzo, el ministro de Salud, Daniel Salas, instó a las empresas como bares, restaurantes, discotecas, casinos y cines a reducir a la mitad el aforo y llamó a la población a recluirse en sus casas con el fin de impedir que una aceleración en la cantidad de personas contagiadas de COVID-19 sobrepasara la capacidad de atención de los servicios de salud de emergencia.
Apenas al día siguiente, su ministerio se vio obligado a radicalizar la medida y a emitir una orden sanitaria para cerrar todos los bares, discotecas y casinos, debido a que las personas desacataban masivamente la instancia de Salud.
Por la tarde y apelando a que el país vive un momento en el cual es necesaria la unidad nacional, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que impulsaría cinco medidas que tienen como propósito dar más liquidez a las empresas, de modo que no se vean obligadas a despedir a personas trabajadoras o a cerrar –es decir, para proteger los empleos existentes—, como consecuencia de la contracción del consumo que está generando la pandemia del COVID-19 en el país y en el mundo.
Las cinco medidas, que se tomarían por un período de tres meses, extensibles a cuatro, son:
- Solicitar a la Junta Directiva de la CCSS flexibilizar el pago o rebajar las cuotas a pagar por los seguros sociales.
- Solicitar al Conassif flexibilizar su normativa prudencial con el fin de hacer más fácil a los bancos la readecuación de deudas de las empresas y de las personas, con el fin de que ambas mantengan su liquidez y su capacidad de consumo. Al mismo tiempo, se solicita a la Junta Directiva del BCCR considerar una nueva rebaja de la TPM con el fin de presionar aún más a la baja las tasas de interés y de hacer el crédito más accesible.
- Presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para aprobar una moratoria del pago del Impuesto sobre la Renta corporativa, el Impuesto al Valor Agregado y los aranceles de aduanas.
- Solicitar a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Seguros (INS) la creación de dos tipos de seguros para cubrir a los turistas en caso de que una orden sanitaria del Ministerio de Salud les obligue a quedarse en cuarentena fuera del tiempo que previeron para su estadía; y otro para diluir el cobro por siniestralidad del Seguro de Riesgos del Trabajo a las empresas que tuvieran una concentración de trabajadores afectados por el COVID-19.
- La Presidencia y el Ministerio de Economía (MEIC) emitirían un decreto por el cual les será legalmente posible regular los precios de cinco productos de salud e higiene necesarios para combatir la emergencia del Covida-19. Se trata de los precios de los jabones líquidos y en barra; de las toallas desinfectantes, del alcohol líquido y en gel y del spray desinfectante.
“De lo que se trata es de aliviar las cargas del sector productivo nacional para proteger el empleo y a las empresas”, resaltó el presidente Alvarado.
Alvarado también anunció que será el Consejo Económico, coordinado por Pilar Garrido, ministra de Planificación, el que tendrá a su cargo las negociaciones con la Asamblea Legislativa sobre los proyectos de ley requeridos.
Sin embargo, indicó que él también sostendrá reuniones con las distintas fracciones legislativas.
Recordó que el período de sesiones extraordinarias permite al Poder Ejecutivo desconvocar y convocar los proyectos que ha de discutir el congreso con el fin de priorizar aquellos destinados a buscar las metas de las medidas económicas de emergencia por el COVID-19.
Además, informó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) facilitará un préstamo no reembolsable de $1 millón a cada uno de los cinco países centroamericanos, como parte de las medidas conjuntas que está coordinando el mecanismo regional activado para hacer frente a la emergencia.
En el caso de nuestro país, la Comisión Nacional de Emergencias será la encargada de definir técnicamente las prioridades a las cuales dirigir ese financiamiento.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, por su parte, informó que el costo para el Estado de la moratoria tributaria de tres a cuatro meses sería de entre ¢10 mil millones a ¢12 mil millones, los cuales tendrían que ser compensados con el respectivo endeudamiento, pero que la moratoria era necesaria “para que el Estado no compita por el efectivo de las empresas para pagar salarios” en un contexto económico de disminución del consumo, debido a las medidas preventivas que se están propiciando.
A su vez, Rodrigo Bolaños, presidente del BCCR, adelantó que consideraba necesario reducir nuevamente la Tasa de Política Monetaria —la tasa de referencia para las tasas de interés que cobran y pagan los bancos— “para seguir aliviando la presión de los bolsillos de las personas y de las empresas”, cosa que se concretó el lunes por la tarde.
Ante el panorama de una previsible mayor contracción del consumo y de la producción en el mundo y en el país, el 16 de marzo el precio del dólar cayó a ¢567,68, una reducción de ¢8.69 después se haber alcanzado el pico de ¢576,37 el 6 de marzo.
Sin embargo, el presidente del BCCR reiteró que hasta el lunes los dólares seguían entrando al país y que no hay razones fuera del normal funcionamiento del mercado para que el banco no intervenga para regular el tipo de cambio.
Además, Cubero afirmó que la caída en los precios del petróleo podría “mejorar la acumulación de divisas” del país.
“Es prematuro proyectar la magnitud del golpe económico que la pandemia del COVID-19 tendrá para Costa Rica porque las cosas están muy fluidas”, dijo.
“Hay que ver su duración y qué tan rápido se recupera el país una vez que sus efectos hayan pasado. Hay algunos sectores que sí se verán afectados, como el turismo y las exportaciones. En los sectores de entretenimiento y de comercio algunos se verán afectados por el efecto de sustitución (que la gente compre más en supermercados en vez de en sodas y restaurantes) y puede haber interrupción en la cadena de suministros de nuestras exportaciones a Europa”, agregó.
Sin embargo, también resaltó la casi normalización del comercio con China, país que ya superó el pico de la pandemia del COVID-19.
Desde enero, cuando a las noticias internacionales sobre lo que sería la inminente pandemia del COVID-19 se sumó el primer caso comprobado en Costa Rica, la reactivación económica que venía registrándose en el país comenzó a moderarse; sin embargo, alcanzó un crecimiento interanual de 2,5% (ver el gráfico).
Así lo indica el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) revisado hasta ese mes, cuya información fue dada a conocer por el BCCR, el pasado 13 de marzo.
Las empresas ubicadas en los regímenes especiales (que destinan la mayor parte de sus ventas al mercado externo y en conjunto representan cerca del 10% de la producción del país) continuaron creciendo a tasas de dos dígitos (10,6%), mientras que las empresas del régimen definitivo registraron un crecimiento interanual de 1,3%, el cual superaba el crecimiento medio de los doce meses anteriores (0,6%).
El sector agropecuario, que registraba caídas en la producción por diez meses consecutivos, con un punto mínimo de -1,1% en abril de 2019, en enero de este año aumentó su producción (1,7%) por sexto mes sucesivo.
El sector comercio siguió creciendo (1,2%) debido a mayores ventas de vehículos, alimentos, medicamentos y productos de cuido personal, en una recuperación que inició en agosto del 2019.
La manufactura registró un crecimiento de 3,0%, superior en 1,1 puntos porcentuales con respecto a enero de 2019, debido a la mayor producción de implementos médicos y productos alimenticios por parte de las empresas ubicadas en los regímenes especiales.
La manufactura del régimen definitivo (para el mercado interno) presentó una variación interanual positiva de 0,5%, frente a una reducción de 3,7% en enero del año anterior.
El sector de servicios registró un aumento de 3,7%, pero la industria de la construcción acumuló 14 meses de contracción, pues disminuyó 11,3% en enero; principalmente debido a la disminución de obras con destino público (-23,5%) “como resultado de las disminuciones presupuestarias y de lentos procesos de ejecución”, según explicó el BCCR.
La construcción con destino privado, si bien decreció 5,3%, lo hizo a un menor ritmo que el registrado en enero del 2019 (-10,3%).
