La complicada situación de miles de personas nicaragüenses que huyeron a Costa Rica en los últimos dos años se ha recrudecido con la llegada de la pandemia por COVID-19 al país.
El cierre o virtualización de servicios públicos y de organizaciones no gubernamentales, la necesidad de productos de desinfección y aseo personal, el desempleo, la falta de vivienda, las barreras de acceso a servicios de salud y la imposibilidad de volver a Nicaragua por la situación política y por el cierre de fronteras, complican la vida de miles de personas refugiadas y solicitantes de esa condición.
El pasado 10 de abril veinticuatro organizaciones de nicaragüenses que viven en Costa Rica lanzaron un SOS por el deterioro de la calidad de vida que ha generado la crisis sanitaria del COVID-19. Alertaron que la mayor parte de la población exiliada está desempleada y carece de ingresos para cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda y salud, lo cual aumenta su condición de vulnerabilidad.
Según el comunicado, las personas que se encuentran en el territorio nacional, “a causa de la persecución política desatada en abril del 2018 por el régimen de Ortega”, suman cerca de cien mil. De acuerdo con los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Costa Rica hay cerca de 101,000 solicitantes de refugio de los cuales, al menos 86,000 son nicaragüenses.
Las organizaciones agradecieron la labor de las autoridades ticas, al tiempo que instaron a todas las agrupaciones de nicaragüenses a incidir ante entidades nacionales e internacionales para garantizar la atención de estas personas. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para “adoptar acciones de apoyo” y así responder a la emergencia; también solicitaron a las autoridades establecer medidas para la atención humanitaria de las y los exiliados y reiteraron la necesidad de que todas las personas, sin importar su condición migratoria, resguarden su vida acatando las normas sanitarias.
En días anteriores se realizó una manifestación frente a las instalaciones del Acnur, en la que participaron varias personas nicaragüenses que afirmaron estar desempleadas, viviendo en las calles, sin alimentos y sin acceso a servicios de salud (ver nota “Personas refugiadas urgen asistencia ante crisis por COVID-19”, del 21 de abril del 2020).
¿Por qué el exilio nicaragüense?
La mañana del 18 de abril del 2018, en León, un grupo de simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega atacó una manifestación de oposición a la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social impulsada por el gobierno, a solicitud del Fondo Monetario Internacional.
Este acto generó protestas, enfrentamientos y detenciones en varias ciudades que arrancaron ese mismo día y se extendieron hasta los primeros meses de 2019.
A la fecha, el conflicto político en Nicaragua deja un saldo de al menos 320 muertos, casos verificados de tortura, no menos de mil “presos políticos”, fuertes pérdidas económicas y cerca de 100.000 personas en el exilio, de las cuales al menos dos terceras partes han solicitado asilo en Costa Rica, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Debido a esta situación que se presenta en el hermano país, muchas personas no pueden regresar de manera segura. También por esa razón algunos nombres en este reportaje se cambiaron para garantizar la seguridad de los entrevistados.
Ariel Rivera, médico nicaragüense con 35 años de vivir en el país e integrante de la Brigada Médica Unión de Nicaragüenses en el Exilio en Costa Rica (Unecr), comentó que es necesario entender las diferencias entre la migración por razones económicas, que probablemente llegó antes de abril del 2018, y las personas nicaragüenses que huyeron a consecuencia del movimiento social y la represión, que son refugiados políticos.
No obstante, aclaró que “ambos grupos se ven afectados” porque aunque unos ya conocían la dinámica del país, están “abajo en la cadena de trabajo” pues son empleadas domésticas, recolectores de basura, trabajadores de temporada y obreros. Según dijo, muchos están regresando a Nicaragua por no poder sostenerse, pues allá tienen algún familiar.
Por otra parte, explicó que están quienes huyeron a raíz del movimiento de 18 de abril y no se habían integrado económicamente porque sus procesos migratorios aún no están resueltos o se resolvieron recientemente. De igual manera, los pocos que se habían integrado a trabajar en buena parte han sido despedidos y las ayudas internacionales de “la diáspora que se recibían de Miami o de España se cortaron de manera abrupta pues ahorita cada quien está luchando por su vida”.
Dificultades sobre dificultades
Si bien la crisis generadas por la pandemia de COVID-19 han afectado a todo el planeta, no hay duda que sus consecuencias son más profundas en los sectores más vulnerables de la sociedad. Tal es el caso de los nicaragüenses que viven en el país, según la exdiputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua Edipcia Dubón.
Para ella, aunque muchas personas, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio, se están enfrentando al desempleo y a la falta de ingresos para subsistir “esto se agrava cuando no hay esas redes de soporte que tenés cuando estás en tu país, es que estás en un país que no es el tuyo y perdés el empleo, pero no podés regresarte, no sabés cómo moverte dentro de la institucionalidad costarricense. Así anda la gente, dando palos de ciego y se desespera”.
“Juan” activista nicaragüense e integrante de la Mesa de articulación LGBTIQ en el Exilio destacó que además de esta problemática evidente, el peligro de sufrir violencia ha aumentado para las mujeres y personas de las comunidades LGBTIQ debido al encierro y a la frustración que genera el desempleo y la pobreza, además de la “socialización machista” que enseña a canalizarla a través de las agresiones.
Según el vicepresidente de SOS Nicaragua, Carlos Felipe Huezo, la población refugiada nicaragüense estaba pasando por una crisis humanitaria desde antes del COVID-19. Según explicó, las personas que llegan al país deben hacer la solicitud de refugio y es posible que la cita para la entrega del carné de solicitante tarde unos cuatro o cinco meses, al tiempo que el permiso de trabajo sumará tres meses más, de modo que se integran al mercado laboral unos nueve meses después de llegar o hasta un año más tarde. El trámite para obetener la condición de refugiado es posible que se resuelva uno o dos años después de su llegada.
De esta manera, la integración económica y laboral es más difícil, y las personas se enfrentan a dificultades para mantener un techo, llevar alimentos y acceder a servicios de salud, pues no pueden asegurarse. En el escenario actual, estos problemas solo se han profundizado por el cierre masivo de negocios.
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“Es indignante que nos traten como delincuentes, la policía nos para a cada rato y nos dice que estemos en nuestros hogares, pero es que no tenemos hogares” – “José”, nicaragüense solicitante de asilo.
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El vocero de Acnur, Jean Pierre Mora, comentó que ha adaptado los procesos de atención para dar respuesta a las personas más vulnerables (ver recuadro: “Acnur coordina acciones de solidaridad y ayuda humanitaria”), así como redes de otros nicaragüenses que residen hace décadas en el país y se han activado para ayudar a sus compatriotas en estas difíciles circunstancias (ver recuadro: “Organizaciones de nicaragüenses en el país apoyan a exiliados”).
De acuerdo con los resultados de la encuesta “Situación de exiliados nicaragüenses en Costa Rica durante la pandemia”, realizado por la Unión Nacional Azul y Blanco, en Costa Rica, un 85,9% de esta población indica que en tiempos normales trabaja informalmente. También el 28,3% afirma que se le ha negado atención en salud.
De acuerdo con otro estudio, realizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, y referenciado en días pasados por el medio nicaragüense 100% Noticias, el 87,1% de los refugiados nicaragüenses están desempleados y el 95% asegura que solo cuenta con recursos para sobrevivir dos semanas, a menos que encuentre un empleo.
Acnur coordina acciones de solidaridad y ayuda humanitaria
Para atender las situaciones extremas que enfrenta la población nicaragüense exiliada en Costa Rica, la oficina del Acnur en el país afirma que ha ajustado su operación para proveer asistencia humanitaria, dar seguimiento a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado y cumplir con todas las disposiciones sanitarias.
Jean Pierre Mora, encargado de comunicación del Acnur compartió con este semanario las medidas que se están tomando. En primer lugar, se han hecho las consultas al Gobierno sobre el Programa Proteger y su aplicación para personas refugiadas y solicitantes de la condición.
Además, dijo que están trabajando junto con las autoridades para garantizar que los procesos de determinación de la condición de refugiado que se han reprogramado se cumplan de acuerdo con la normativa nacional e internacional, incluyendo que las personas tengan acceso a información y asistencia legal gratuita. También celebró la decisión de prorrogar automáticamente los documentos de identidad y permisos de trabajo de los solicitantes.
Mora explicó que, bajo un convenio establecido entre la organización y la Caja Costarricense del Seguro Social se brindará aseguramiento a 6.000 solicitantes de refugio y refugiados con condiciones médicas o alguna vulnerabilidad, incluyendo el registro automático de adultos mayores y profesionales de la salud. Este servicio se hará de manera telefónica.
Según dijo, el programa de ayuda humanitaria se ha redirigido para alcanzar a las familias con factores de riesgo asociados al COVID-19 y se están entregando tarjetas de débito siguiendo todas las medidas sanitarias necesarias para prevenir el riesgo de contagio. También se han entregado 1.500 kits de higiene y se habilitaron 21 números telefónicos para atender a la población. El sitio web de la organización y su página en Facebook también sirven de canal para comunicarse con las personas.
Finalmente, indicó que están trabajando en una campaña para promover la no discriminación como parte de las medidas para contener la propagación de la pandemia y que Hanna Gabriels, Colaboradora de Alto Perfil del Acnur, se unió a la iniciativa “Solxs pero Juntxs” del Gobierno y el Sistema de Naciones Unidas para dar un mensaje a favor de la inclusión.
“La salud de cada persona está vinculada a la salud de los miembros más vulnerables de las comunidades. Por eso, no es tiempo para discriminar, sino para ser inclusivos hoy más que nunca, con el fin de contribuir efectivamente a la contención de la propagación del coronavirus” concluyó.
Organizaciones de nicaragüenses en el país apoyan a exiliados
Con el fin de apoyar a sus compatriotas en medio de la crisis, cientos de nicaragüenses que viven en Costa Rica desde hace décadas han unido esfuerzos para ofrecer soluciones a las necesidades más urgentes, como alimentación, productos de limpieza y aseo personal.
“Nosotros que estamos vinculados empezamos a recibir solicitudes de apoyo y nos sorprendió la rapidez de la demanda porque prácticamente en una semana, en mi canal personal, hubo solicitudes de apoyo de 98 personas que necesitaban alimentos”, relató Edipcia Dubón.
Por situaciones como esta, personas y organizaciones de exiliados se juntaron para dar la alerta sobre las necesidades de la población, a la vez que organizan acciones solidarias de entrega de alimentos, ubicación de vivienda solidaria y donación de kits de productos de limpieza y aseo personal.
Por ejemplo, la Brigada Médica Unecr, definida como “de exiliados para exiliados”, nació de la necesidad de proveer a los recién llegados que no cuentan con capacidad de pago apoyo en salud, medicinas, salud sexual y reproductiva.
Cada sábado, desde octubre del año pasado, médicos nicaragüenses, estudiantes de medicina, enfermeros y farmacéuticos atendían a decenas de pacientes refugiados y solicitantes. Por la pandemia, comentó Ariel Rivera, fue necesario suspender estas actividades, pero junto con otras organizaciones participan en la atención de esta población y en entregas de alimentos y kits de higiene.
SOS Nicaragua también realiza acciones para minimizar los efectos de la emergencia. El pasado sábado 25 de abril se entregaron cerca de 300 paquetes de alimentos y kits de higiene a personas cuya situación fue previamente identificada como muy vulnerable, según explicó Carlos Felipe Huezo.
